(Autora: Brisa Alejandra Morales Hernández) Las recientes elecciones en Venezuela, celebradas hace poco más de dos meses, han vuelto a poner en el centro del debate la persistente sombra de la dictadura en la región. En este contexto, los coloquios académicos, los comunicados de diversas organizaciones internacionales y las amenazas de nuevas sanciones al régimen de Maduro reflejan un aparente resurgimiento del apoyo a la democracia en América Latina. Sin embargo, mientras abundan los comentarios, campañas y mensajes de solidaridad hacia Venezuela, surge la interrogante sobre por qué la dictadura en Nicaragua no recibe la misma atención. Este artículo busca cuestionar esa percepción y explorar las razones detrás de este fenómeno.
La situación política en Nicaragua ha tomado un rumbo complejo que merece atención, no solo por la naturaleza de su régimen, sino también por el contexto regional y la interacción con actores internacionales. En este escenario, la aparente falta de interés de Estados Unidos ha creado un panorama donde el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo encuentra un resquicio para consolidar su control autoritario.
Indiferencia Internacional
Nicaragua ha sido relegada a un papel secundario en la agenda política estadounidense. Mientras que países como Guatemala y El Salvador enfrentan crisis de violencia y migración, Nicaragua, con un índice de migrantes relativamente bajo, parece haberse convertido en un país “prescindible”. Primero, se aprecia que la escasa ayuda que recibe de EE. UU., se centra principalmente en temas como la educación y la salud, evitando enfocarse en el fortalecimiento institucional o el empoderamiento comunitario, como sucede en sus vecinos centroamericanos. Esta indiferencia respecto a lo que se vive bajo su mandato se vuelve aún más evidente al considerar los lazos comerciales que sostienen ambos países.
Nicaragua es el país que más se beneficia del CAFTA, siendo el que más exporta a EE.UU. y el que menos importa de ahí, siendo el único país centroamericano con el que tiene un déficit comercial. Si bien esta situación no supone pérdidas para el gigante norteamericano, sí que evidencia un trato preferencial en comparación a Guatemala o República Dominicana, con quienes mantiene un superávit considerable. Con esto, es inevitable cuestionarse el origen de dicho tratamiento. En esencia, sabemos que es un trato que favorece los intereses de EE.UU. en tanto evita que Nicaragua se desprenda totalmente de su agenda y se lance a los brazos de China, que ha acrecentado su influencia desde la llegada de Bukele al poder en El Salvador. Además, aunque quisiera cambiar esta tendencia, para Washington sería sumamente difícil cambiar lo estipulado en el CAFTA e intentar castigar a Nicaragua, dado que tendría que negociar con el resto de países que lo integran. Así pues, se comprende que existen múltiples razones para que el orteguismo no reciba las sanciones que los ojos internacionales preferirían ver.
Por otro lado, es imposible negar que la permanencia del régimen de Ortega se relaciona estrechamente con la ceguera que parece aturdir a sus vecinos, quienes, además de jugar un importante papel en la economía nicaragüense, no encabezan la lista de críticos de este. En parte, por dichas relaciones comerciales, pero especialmente por las repercusiones a nivel migratorio que podría representar. Nicaragua se ha convertido en el país de paso de miles de migrantes sudamericanos, que usan su territorio tras atravesar el Darién en su camino hasta EE.UU., así como de caribeños que van tras el mismo propósito. Paralelamente, la crisis migratoria que ha supuesto su control en el país es un elemento que países como Costa Rica no pueden ignorar, dado que buena parte de los exiliados y damnificados termina en sus fronteras. Con lo cual, parece que Ortega ha sabido como blindarse las espaldas de toda resistencia.
Clientelismo y Control Social
Aprovechando esta “carencia de importancia” y el caso omiso de sus vecinos, el gobierno del FSLN ha establecido un sistema de clientelismo que le permite mantener el control social. Las políticas de subsidios y programas sociales, aunque benefician a sectores vulnerables, están diseñadas para generar lealtad a través de la dependencia económica. Ejemplos como la creación de mercados de feria y la congelación del costo del transporte urbano reflejan cómo el gobierno busca ganarse el apoyo de las clases más pobres y medias, pero este apoyo es frágil y vulnerable a la volatilidad económica.
Además, el gobierno nicaragüense se beneficia financieramente de este flujo migratorio a través de impuestos y tasas a los migrantes. Entre enero y octubre de 2023, se recaudaron unos 65.9 millones de dólares en tarifas. Ortega utiliza esta situación no solo como un medio de ingresos, sino también como herramienta política para presionar a Estados Unidos, especialmente en un contexto electoral complicado. Si los precios del crudo caen o si la relación con Venezuela se deteriora, la capacidad del gobierno para sostener sus programas sociales y, por ende, su base de apoyo se vería amenazada. Este es un dilema crucial para Ortega: debe elegir entre reforzar sus lazos con las élites y los sectores privilegiados o encontrar un equilibrio que le permita sostener su apoyo popular.
La Relevancia de la Acción Ciudadana
Cuando se analizan las salidas disponibles para los nicaragüenses, se resalta la importancia de la acción ciudadana. Sin embargo, antes de postular que todo se trata de voluntad popular y su deseo de cambio, es preciso señalar el cúmulo de obstáculos que poseen para cambiar su realidad. Desde que Ortega asumió por segunda vez el poder en 2007, ha implementado una estrategia de control basada en la cooptación de las instituciones públicas, las fuerzas armadas y el sector empresarial, además de contar con el apoyo de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), liderada por Hugo Chávez.
Desde su llegada al poder, Ortega ha consolidado un régimen que se caracteriza por un control total sobre todos los aspectos de la vida en Nicaragua. En 2022, tras múltiples fraudes electorales, Ortega inició su cuarto mandato, esta vez junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidente, formando un poder personal y familiar que ha marginado a toda oposición y desmantelado las instituciones democráticas que habían sido construidas en las últimas tres décadas. Uno de los pilares fundamentales de este régimen es su control sobre las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos por su apoyo a la represión de las protestas en 2018. Esta fidelidad se refleja en acciones de violencia sistemática, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. La cooptación de la Policía, junto con el apoyo de grupos paramilitares, ha creado un clima de terror que desincentiva cualquier intento de oposición.
Además, Ortega ha creado estructuras como los Consejos del Poder Ciudadano, que, aunque se presentan como instancias de apoyo comunitario, en realidad sirven como herramientas de vigilancia y control social. La Asamblea Nacional ha sido completamente cooptada, con diputados leales que han aprobado leyes que consolidan el control de Ortega y Murillo, y que amenazan a la oposición y a la libertad de expresión.
Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral están también subordinadas al régimen, garantizando así fraudes electorales y la persecución de opositores. La creación de leyes como la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia ha sido una estrategia para eliminar a los partidos políticos de oposición y silenciar a los medios de comunicación.
Este contexto resalta los múltiples obstáculos que enfrentan los nicaragüenses: un régimen que ha erradicado toda posibilidad de alternancia democrática, una represión brutal que intimida a la población y un marco institucional que ha sido desmantelado para servir a los intereses de los poderosos. Así, cualquier intento de cambio requiere no solo de voluntad política, sino también de una estrategia sólida para desmantelar este entramado autoritario que ha asfixiado a Nicaragua.
Conclusión
Sin duda, la indiferencia internacional hacia Nicaragua refleja un patrón peligroso que permite la consolidación de un régimen autoritario bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La falta de atención de actores como Estados Unidos y sus vecinos centroamericanos, sumada a la estrategia de clientelismo del gobierno, ha creado un entorno propicio para la represión y el control social. Mientras que el discurso sobre la democracia se intensifica en torno a Venezuela, Nicaragua permanece en la sombra, enfrentando una situación que, aunque menos visible, es igualmente crítica.
La acción ciudadana es fundamental en este contexto, pero los nicaragüenses se enfrentan a obstáculos abrumadores que van más allá de su voluntad de cambio. La cooptación de instituciones y el uso de la violencia sistemática han marginado cualquier forma de oposición, desmantelando las estructuras democráticas construidas en décadas pasadas. Para que Nicaragua encuentre el camino hacia la democracia, no solo se requiere un interés renovado por parte de la comunidad internacional, sino también un compromiso firme y organizado de la ciudadanía en la defensa de sus derechos.
Este llamado a la acción debe ser un recordatorio de que, en la lucha por la democracia, la atención y el apoyo a los países en crisis no pueden ser selectivos. Nicaragua necesita la solidaridad de la comunidad internacional tanto como cualquier otra nación en la región, para que juntos puedan desafiar la sombra de la dictadura que amenaza la libertad y la justicia en América Latina.
