(Autora: Deby Sofia Sical Espino) En los últimos años, el partido Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha avanzado en su objetivo de completar las reformas de la Cuarta Transformación (4T), utilizando su notable popularidad como herramienta estratégica. Este enfoque ha resultado en reformas que, aunque se presentan como un esfuerzo de democratización, en realidad buscan debilitar los contrapesos del sistema político.
Al lograr una mayoría calificada en el Congreso y asegurar la presidencia con Claudia Sheinbaum, Morena ha garantizado la continuidad de su proyecto político. La reciente reforma judicial propuesta por AMLO representa un riesgo significativo, ya que contamina el sistema judicial con los vicios de la democracia, transformando un proceso que debería ser meritocrático en uno donde prevalezca la popularidad y la retórica. Así, la reforma al poder judicial se presenta como un intento más de AMLO por ampliar su control, disfrazado de democratización, pero que en esencia busca consolidar el poder de Morena.
México se articula en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Mientras que los dos primeros representan las voluntades de la ciudadanía, el poder judicial resguarda las reglas del juego del sistema. Para garantizar decisiones justas y complejas, el actual sistema judicial requiere la selección de personas altamente capacitadas, a través de evaluaciones rigurosas y decisiones conjuntas entre el ejecutivo y el legislativo. Por ejemplo, para la elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se necesita tanto la participación del ejecutivo como del legislativo. La reforma propuesta sustituirá este modelo meritocrático por un proceso de elección popular, donde todos los jueces compitan por sus puestos, lo que podría erosionar la calidad del sistema judicial.
Esta reforma ha levantado serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial. Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su alarma ante los riesgos que plantea esta iniciativa. Aunque el discurso oficialista se centra en la «democratización» del poder judicial, el hecho de elegir jueces mediante votaciones populares plantea graves implicaciones. Se pasaría de un sistema donde los más capacitados ascienden, a uno donde el triunfo recae en quienes mejor sepan hacer campaña, contaminando el sistema de justicia con los vicios de la democracia: no siempre los más preparados son quienes triunfan en las elecciones. A pesar de que se establecerán ciertos requisitos, estos serían insuficientes para garantizar que los candidatos más calificados accedan a los puestos.
Uno de los peligros más notorios de esta reforma es la manipulación del electorado. Las campañas electorales podrían adoptar los métodos agresivos de la política convencional, donde la descalificación del oponente predomina sobre la discusión de propuestas. Esto no solo distorsiona el debate público, sino que también podría llevar a la elección de jueces basados en su capacidad de sobrevivir ataques mediáticos en lugar de su competencia profesional. La posibilidad de que los candidatos sean sometidos a campañas de desprestigio podría crear un ambiente que intimide a aquellos con las credenciales adecuadas y que no quieran ser parte de una campaña donde sean atacados, alejándose del proceso electoral por miedo a represalias.
Además, la financiación de estas campañas podría estar sujeta a influencias externas, lo que introduce un elemento de corrupción y favoritismo. Los candidatos podrían verse obligados a alinearse con los intereses de sus financiadores, comprometiendo su autonomía e integridad. La dependencia del financiamiento externo no solo afectaría su independencia, sino que también podría llevar a decisiones judiciales que favorezcan a quienes aportaron recursos en lugar de servir con el propósito de proveer justicia. Esto generaría que el sistema judicial se vuelva un mecanismo de pagos de favores, impunidad y favorecimiento en sentencias.
Además, la falta de información adecuada es otro factor preocupante. Es casi imposible que los votantes tengan acceso a información completa sobre todos los candidatos. Conocer a todos los perfiles es un esfuerzo muy grande para el votante. En un entorno donde los votantes enfrentan una avalancha de información, muchas veces contradictoria, se hace difícil discernir entre candidatos competentes y aquellos que simplemente tienen un mejor manejo de la comunicación.
¿A quién benefician realmente estas reformas? Los candidatos con mayores probabilidades de ganar serán aquellos que manejen las mejores campañas, lo que compromete la imparcialidad y favorece a quienes tienen acceso a recursos. Morena, al poder inyectar dinero en campañas masivas, tiene el potencial de asegurar que sus aliados sean los que ocupen los espacios en el poder judicial. Por el momento, la reforma enfrenta un estancamiento en un debate sobre su inconstitucionalidad, pero no sería la primera vez que una iniciativa de AMLO se detiene solo para reaparecer en una forma modificada, como ocurrió con las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023. La reelección de Morena con Claudia Sheinbaum como presidenta asegura la continuidad del proyecto de la 4T, un proyecto que claramente busca capturar las instituciones del país. La reforma judicial, entonces, no es solo un cambio administrativo; es un paso más hacia la consolidación de un poder que podría dejar al sistema judicial a merced de intereses políticos y económicos, minando así las bases de la democracia en México.
