El domingo 17 de diciembre, 15.406.352 ciudadanos están convocados a las urnas para votar A favor o En contra de nueva propuesta apoyada por sectores de centro y las derechas. Pero en Chile no se respira un ambiente electoral ya que el 47% de la población declara estar no muy interesada o nada interesada en el proceso.
El momento constitucional, predominante entre 2019 y 2021, ha pasado y la población está más preocupada por la inseguridad y la economía. Las encuestas muestran que
las reformas consideradas preponderantes por la ciudadanía son la de pensiones y la construcción de 260 mil viviendas, ambas con un 21%, seguida por la reforma de salud con un 14%.
Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, los cuales arrojaron que un 60% de los consultados considera que las áreas de delincuencia, orden público y narcotráfico debiesen ser las principales prioridades para el gobierno en el 2024, seguidas por temas económicos (35%): inflación, crecimiento, empleo.
El país trata, en ese contexto, de cerrar el periodo constituyente que se inició en 2019 cuando tras las protestas sociales de ese año se impulsó un cambio de Constitución como forma de canalizar el malestar ciudadano con las instituciones. La idea era dotar al país de un nuevo texto que sustituyera al elaborado en 1980 durante la dictadura y luego profundamente reformado durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Un mes después del estallido, las fuerzas políticas de gobierno y oposición, con la excepción del Partido Comunista y de sectores del Frente Amplio -izquierda-, suscribieron un Acuerdo Nacional por la paz social y una nueva Constitución. Un acuerdo que recibió un amplio respaldo (78%) en el plebiscito nacional del 25-X-2020, un año después del estallido.
El primer intento fallido de 2021-2022
En julio de 2021 se instaló la Convención Constitucional, un órgano paritario de 155 miembros elegidos por la ciudadanía, dominado por una izquierda heterogénea y desunida. En la elección de los miembros de la Convención Constitucional, las izquierdas (Lista Apruebo, Apruebo Dignidad, Lista del Pueblo y la mayoría de independientes) obtuvieron una clara mayoría.
Esto les permitió orientar el debate sobre la nueva Carta Fundamental, apuntando a una refundación de la nación y de transformación de la sociedad.
El proceso estuvo marcado por una serie de polémicas y normas que transformaban profundamente la institucional chilena, como la eliminación del Senado o el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado chileno.
La derecha llamó a rechazarla acompañada de un sector importante de la centroizquierda, tildándola de identitaria y maximalista.
Sin embargo, en septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de la Convención Constitucional, que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena.
El segundo intento 2022-2023
Hubo que recurrir de nuevo al espíritu del 15-N y firmar un segundo pacto que permitiese destrabar y retomar la dinámica constituyente. Así nació el Acuerdo por Chile, texto suscrito por todos los partidos, incluidos el PC y el FA, con la sola excepción del Partido Republicano de Kast.
Este Acuerdo estableció unas bases constitucionales que comprometían a todas las fuerzas participantes; un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular; una Comisión Experta conformada por 24 personas elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas, y un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única de la Cámara de Diputados y Diputadas.
La elección de consejeros constitucionales tuvo lugar el 7 de mayo de 2023 y el Partido Republicano, único que no había concurrido a suscribir el Acuerdo por Chile, obtuvo más de un tercio de los votos y casi la mitad de los consejeros. Sumados a los votos y consejeros de Chile Vamos (UDI+RN+Evopoli), las derechas se hicieron con el control del proceso constitucional.
Si bien el margen de acción de la mayoría estaba acotada por cuatro restricciones:
- las bases constitucionales, sobre las cuales debía trabajarse la nueva Carta fundamental;
- el anteproyecto del nuevo texto que debía ser preparado por la Comisión Experta;
- el procedimiento iterativo de redacción del texto entre la Comisión y el Consejo (etapa en que nos encontramos hoy precisamente),
- y el hecho de que la propuesta final de nueva Constitución será ratificada o rechazada por la ciudadanía el 17 de diciembre próximo.
El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, aprobó, tras 4 meses de trabajo, el nuevo texto en un periodo marcado por la polarización entre el oficialismo del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ha sido protagonista de este segundo intento de Chile por reemplazar la Constitución vigente de 1980.
Es la derecha, la tradicional y la nueva, la que ha liderado este proceso con una mayoría en el consejo (33 de los 50 redactores), y el texto ha sido aprobado tal cual su integración: por 33 votos a favor ( de las derechas) y 17 en contra, del oficialismo.
El texto que se someterá a referéndum llega sin consenso político:
-. El Gobierno de Boric ha mantenido una cuidada prescindencia durante los siete meses en que se ha llevado a cabo el proceso, lo que se ha traducido en que desde el Ejecutivo han emitido escasas opiniones. Sin embargo, el Frente Amplio (FA), la coalición del presidente chileno Gabriel Boric, ha anunciado que rechazará el texto lo mismo que hará el Partido Socialista.
Las izquierdas se encuentran en una posición muy incómoda, pues si su aspiración histórica ha sido reemplazar la Constitución que nació en la dictadura de Pinochet, aunque reformada más de 60 veces desde 1989, votar ahora en contra significa ratificar la Carta Fundamental actual.
-. Las derechas sí respaldan el texto. Lo hace tanto la derecha tradicional (Chile Vamos), como el Partido Republicano.
Lo que dicen las encuestas
Los sondeos revelan que la opción de votar en contra de la propuesta constitucional es significativamente mayor a la de votar a favor. En la última encuesta Cadem, la opción favorable alcanzó el 38% de las preferencias frente a un 46% de las contrarias. Un 16% se declara indeciso. El “A Favor” ha indo escalando posiciones desde su mínimo del 21% en septiembre al actual 38%. El “En Contra” ha caído desde el 59% de septiembre al 46% actual.
Todo indica que ganará el rechazo pero el ascenso de las opiniones favorables y el alto porcentaje de voto nulo y blanco, que representaron el 21,5% de quienes fueron a votar para elegir consejeros redactores del nuevo texto hace cinco meses, podría afectar la balanza a favor de una u otra opción. Si asumimos que gran parte de quienes anulan su voto abrazan ideas más bien progresistas, y si la cifra llega a 2 millones de votos, por ese mero acto de restarse de marcar una opción perfectamente podrían facilitar el triunfo a la opción A favor.
Además, como señala el académico Claudio Fuentes cabe destacar tres ideas a la hora de analizar los resultados de los dos últimos plebiscitos:
-. En la consulta de 2020 donde se aprobó la idea de tener una nueva Constitución, concurrieron poco más de 7 millones de electores y, de ellos, 5,8 millones se inclinaron por la opción Apruebo. Sin embargo, parte de estos 5,8 millones fueron de derecha, por lo que no podría asumirse que los 5,8 millones le pertenecen a la centroizquierda.
-. En el caso del plebiscito de salida de 2022, unos 7,8 millones de electores (62%) rechazaron la propuesta de la Convención, pero un sector de centro importante del electorado se inclinó por aquella opción. Es muy difícil identificar cuántos de esos electores son de derecha, pero lo que sí sabemos es que al menos en el último proceso electoral, los partidos de derecha obtuvieron 6 millones de votos.
-. Ahora bien, el plebiscito de diciembre es diferente a una elección donde se presentan candidaturas de listas de partidos. En diciembre se enfrentarán nuevamente dos posturas que probablemente tenderán a polarizar a la sociedad por lo que tampoco podríamos proyectar directamente las cifras de la elección del Consejo al plebiscito que se realizó en mayo.
Conclusiones
En el plebiscito de este domingo, existe un favoritismo hacia la opción “En contra”, aunque en las últimas semanas se advierte una progresiva alza de la opción “A favor”. El efecto del voto obligatorio hace que exista un alto grado de incerteza. No se descartan sorpresas, aunque existe cierto consenso en que habrá un resultado estrecho entre ambas opciones. No se repetiría un resultado contundente como en 2022: un 62% de una opción contra el 38% de la otra.
Si triunfa el Rechazo, es prácticamente imposible que se inicie un nuevo proceso constituyente y poco probable que en el Congreso se presenten reformas. El próximo año, el ciclo político va a estar marcado por las elecciones municipales y el año siguiente por las presidenciales, por lo que el tiempo y margen de acción va a ser muy escaso. El Gobierno de Boric ha descartado que, en el caso de rechazarse el nuevo texto, exista otro proceso constitucional en su Administración.
José Joaquín Brunner subraya que “en caso de salir victorioso el En Contra, el escenario se mantendría en un relativo status quo, con una Constitución algo más legitimada, a pesar de no haber recibido respaldo directo alguno. El gobierno y la oposición estarían compelidos a rendirle obediencia cívica, con más o menos incomodidad. Las relaciones entre las fuerzas principales de ambos lados continuarían en la balanza, proyectándose hacia las elecciones en regiones y comunas del año próximo”.
A medio plazo, de rechazarse la propuesta, los distintos sectores buscarán reformas constitucionales en el Congreso, donde desde mediados de 2022 el quórum para cambiar el grueso del texto requiere de 4/7 y no de 2/3.
En caso de ganar el A Favor la clave reside en cuál será el nivel de respaldo que obtenga. Una Constitución aprobada por un margen muy estrecho, escasamente superior al 50%, nacería con una endeble legitimidad de origen y sobre todo no reuniría el apoyo social suficiente.
Brunner apunta que “en el caso del A Favor, se consolidaría la ola conservadora con un triunfo de Republicanos que sería considerado histórico. El gobierno vería incrementado su aislamiento ideológico y se vería forzado a adoptar una agenda mínima con tópicos de seguridad, crecimiento y salud, dentro de los límites fijados por una oposición empoderada”.
Lo que no cambiará es el ambiente que se respira en el país. En palabras de José Joaquín Brunner, “este domingo no habrá un desenlace ni un punto final. La piadosa frase de que “aquí se cierra definitivamente el proceso” no pasa de ser un juego de palabras. Sirve sólo para tranquilizar a la población y ocultar el hecho de que nuestras élites políticas no han sido capaces de construir una visión común que permita fundar una gobernabilidad relativamente estable y eficaz en beneficio del país … seguimos en un período de polarización, donde las fuerzas adversarias principales imaginan que pueden imponer a la sociedad un modelo que refleje únicamente su propia concepción de mundo, sus valores e ideas, su ideología y temores. En esto llevamos ya más de una década, mientras el país permanece detenido por falta de conducción”.
