El hartazgo con el gobierno de Boric se hizo evidente en el sondeo publicado por el Barómetro de la política CERC – Mori, ya que este señala que más del 36 % de las personas chilenas tienen una opinión positiva del régimen de Pinochet. Gran parte de este desencanto con el actual gobierno se debe al incremento de la criminalidad, la inflación y la migración irregular y el estancamiento de la economía. Consecuentemente, estos resultados solo confirmaron la incapacidad del gobierno de izquierda de Gabriel Boric de hacer frente a la fuerte oposición que se venía fraguando desde inicios de año.
Cabe resaltar que estos resultados son una muestra de cómo los acontecimientos del momento son capaces de modificar la manera en la que se percibe el pasado, dado que la opinión sobre la figura de Pinochet ha ido cambiando dependiendo del contexto del momento. Esto se puede observar en la encuesta, dado que, al preguntar sobre la imagen de Pinochet como gobernante, el 39 % manifestó una opinión positiva, principalmente porque fue quien impulsó y modernizó la economía chilena. Es evidente que esta visión del dictador es un reflejo del descontento que existe en la actualidad, con respecto al mal manejo de la economía. Por lo tanto, es posible afirmar que el gobierno de Boric está siendo castigado por su mala administración e incluso gran parte de la sociedad considera que la alternativa de una dictadura es mejor que el gobierno actual.
Ahora bien, este rechazo al gobierno de Boric se hizo evidente desde las elecciones celebradas el pasado 7 de mayo, en donde se eligieron a los integrantes del Consejo Constitucional. La arrasadora victoria del conservador Partido Republicano, el cual consiguió 23 de los 51 asientos, permite destacar dos claras conclusiones. En primer lugar, el presidente Boric, quien ingresó al gobierno con una aprobación de casi el 50 %, sigue perdiendo seguidores, en parte por la falta de compromiso con su propio gabinete y por la falta de experiencia que cada vez le supone un mayor peso en la administración del país. En segundo lugar, esta victoria conservadora también supone un nuevo giro más moderado en el proyecto constitucional, no solo con el objetivo de mantener la tradición constitucional chilena, sino que para evitar un nuevo rechazo por parte de la ciudadanía en el plebiscito de aprobación.
Con un pie fuera y otro dentro de la dictadura de Pinochet
A pesar de que, por un lado, más de un tercio de la población tiene una opinión positiva hacia el régimen de Pinochet, por otro lado, la comisión experta para la redacción de un borrador para la nueva Carta Magna chilena, la cual busca eliminar el legado del general, fue finalizada. Ante el rechazo del proyecto constitucional anterior, algunos de los representantes señalan que, a pesar de que no es una Constitución ideal, sí representa los intereses de los diferentes sectores chilenos y permite imaginar un Chile en el futuro regido por una Constitución propia y que permite la convivencia y la búsqueda del bien común. En otras palabras, esto significa que, a diferencia de la propuesta anterior, esta tiene una tendencia más moderada, de manera que se mantenga la estructura orgánica del derecho chileno.
Este proceso de redacción que inició hace más de tres meses estuvo marcado por la búsqueda de un acuerdo político transversal, el cual se mantuviera dentro de determinados límites. No obstante, la modificación fundamental de fondo es aquella que proclama que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, el cual es resultado de una propuesta impulsada por la centroizquierda desde hace varios años y a la cual se sumó recientemente la derecha. Este tipo de concesiones son un reflejo de la búsqueda de un proyecto constitucional que no sea obra de un partido, sino que aspire a ser un proyecto de todos los chilenos.
Algunas de las modificaciones que reflejan la influencia del contexto en el que se realiza esta Constitución incluye novedades para la figura del presidente, imponiendo límites a la reelección en el cargo, nuevos mecanismos de participación ciudadana y el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena. Sin embargo, el cambio más contundente es al sistema de partidos, dada la alta fragmentación que existe en la actualidad. Estas modificaciones incluyen un umbral mínimo del 5 % para acceder a las elecciones de la Cámara de Diputados y la aprobación de una norma que regula el transfuguismo.
De esta manera, aunque en un contexto marcado por la inestabilidad política, social y económica, el Consejo Constitucional tendrá seis meses a partir del 7 de junio para enmendar el texto. Posteriormente, se prevé que el 17 de diciembre se celebre un nuevo plebiscito en donde se decidirá si definitivamente se romperá con el pasado dictatorial o no, lo cual parece ser una realidad cada vez más lejana debido al crecimiento de la popularidad del ex dictador Pinochet quien dio vida a la actual Carta Magna. Por lo tanto, cabe preguntarse si su aprobación es una manera de castigar la mala administración del gobierno actual o si la percepción chilena ha cambiado y realmente que la única alternativa viable es un nuevo Golpe de Estado.
