Paraguay, Guatemala y Argentina tendrán que enfrentarse este año 2023 a elecciones y sus decisiones políticas frente a un problema que atenta contra la seguridad. Es el momento justo para perder libertades y temer de las acciones populistas que los gobernantes puedan optar tomar. No hablamos solo de narcotráfico, el fenómeno del crimen organizado incluye el desarrollo y expansión de las maras, pandillas, extorsiones, sicariato y otros tipos de violencia que estas producen. Hagamos un repaso de cómo el crimen organizado ha influido en las decisiones políticas de la región en este 2023.
El Salvador, conocido ejemplo debido a la estrategia que su presidente, Nayib Bukele, ha tomado fuertes medidas de seguridad en contra de las maras que atentan la seguridad de la población salvadoreña. Una solución temporal tras los pactos que realizó su presidente con líderes de las maras para disminuir los homicidios en el país fue solo el inicio. Como continuación de esto a inicios de febrero se dio la apertura oficial de la cárcel más grande del continente americano. Esta decisión sin precedentes deja mucho a la crítica sobre cómo se financió su construcción y qué tan eficaz será en su búsqueda por disminuir la violencia. El Salvador es uno de los países latinoamericanos con más presencia de maras y tráfico local, razón por la cual los homicidios son un problema constante con el cual sus políticos deben lidiar.
También tenemos al gobierno de Ecuador, con Guillermo Lasso, aplicando nuevas medidas de seguridad por el incremento de la violencia a causa del narcotráfico y crimen organizado. Una de sus políticas aprobadas a inicios de abril fue la tenencia y portación de armas de uso civil como método de defensa. De la mano de un llamado que el mismo presidente hizo a los guardias de seguridad privada para ser parte de la respuesta de seguridad en contra de la oleada de delincuencia que se ha visto desde principios de año. Estas medidas se tomaron a causa de un aumento en los secuestros, extorsiones y ataques a funcionarios públicos, sin olvidar el alza de homicidios en diferentes partes del país.
Asimismo, podemos tomar de ejemplo a Honduras, bajo el mando de Xiomara Castro, que se mantiene bajo un estado de excepción que dio inicio a principios de diciembre del año pasado y se extenderá hasta el 21 de mayo. Por el momento van tres renovaciones a este estado de excepción, pero en el futuro la situación se podría seguir prolongando. Esta medida se tomó principalmente por la preocupación ante el aumento de criminalidad en el país, especialmente de las extorsiones, el sicariato y el tráfico de drogas. Sin embargo, no se trata solamente de que la situación limita la libertad de movimiento a los ciudadanos, sino que a través de este estado de excepción se permite a los cuerpos policiales ingresar a la propiedad privada a realizar arrestos sin necesidad de tener una orden judicial. Esta decisión política se ha vendido como parte de sus esfuerzos en la lucha contra las pandillas desde que su presidenta inició con el “Plan Integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos” en 2022.
México es otro caso interesante. Las autoridades mexicanas y estadounidenses llevan años discutiendo la posibilidad de denominar a grupos como “Jalisco Nueva Generación” o “Los Zetas” como grupos terroristas. Se conoce que los grupos criminales de narcotráfico en México son de los más grandes y poderosos de la región, luego de la disminución de algunos cárteles colombianos como “El Cártel de Medellín”. Estados Unidos ha tenido varios intentos de criminalizar y tipificar a estas organizaciones criminales como terroristas, a la vez que le ofrece constantemente apoyo a México para llegar a su país y limpiar la epidemia de estos grupos. A pesar de que el gobierno mexicano se ha opuesto constantemente a este cambio e intervención extranjera, la presión podría ceder en alguna de las dos partes hasta que hagan realidad sus propuestas. Esto llevaría a una respuesta diplomática por parte del gobierno mexicano, sus aliados y posibles organizaciones internacionales. Más allá de la poca efectividad que tendría esta nueva tipificación criminal en la búsqueda de la disminución del narcotráfico y sus efectos nocivos para la población, el gobierno mexicano debe tomar acciones puntuales que disminuyan el problema y así evitar este tipo de posibles conflictos internacionales.
Un último ejemplo lo encontramos en la Triple Frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú. Este centro de actividad criminal, debido a las facilidades fronterizas que existen por el poco control y cooperación policial, ha sido un tema de preocupación política debido al aumento de crímenes violentos que se han reportado en lo que va del año. Los homicidios han ido en aumento desde 2021 que se abrieron nuevamente las fronteras. Los grupos criminales han entrado en conflicto entre sí para posicionarse sobre el territorio. Otro fenómeno que se ha dado ha sido la alianza entre grupos brasileños y colombianos para así, en una sola fuerza, posicionarse con el control total del narcotráfico en la zona. Este problema no solo genera inestabilidad para un país, sino para la zona específica de la Triple Frontera. Sus habitantes son los que sufren las consecuencias de la violencia generada por la disputa del territorio. Al final, este problema involucra la decisión de tres gobiernos y, a menos que sea en conjunto, es muy complicado generar una respuesta contundente que sea capaz de generar soluciones.
Como podemos analizar, el efecto del crimen organizado requiere una respuesta política que se ajuste al nivel del problema. Cada país tiene diferentes problemáticas dentro del fenómeno del crimen organizado, por lo que sus intervenciones serán distintas. Cuando las movilizaciones criminales son complejas e involucran las acciones de más de un gobierno las negociaciones se vuelven profundamente más difíciles de manejar y aún peor de ejecutar. El crimen organizado genera inestabilidad y los gobiernos latinoamericanos aprovechan este tipo de situaciones como la oportunidad perfecta de tomar decisiones radicales. Estas decisiones en lugar de resguardar la seguridad de los ciudadanos, socavan sus libertades y puede llegar a provocar aún más dificultades en su día a día.
