Esta situación ha generado un descontento generalizado en la población, ya que se considera que las acciones tomadas por parte del Tribunal Supremo Electoral, la autoridad máxima en temas electorales en el país, pueden ser calificadas como “fraude electoral”. Esto se debe a que, mientras algunos precandidatos con pasados autoritarios y otros con señalamientos legales en Estados Unidos han conseguido la inscripción, otros han quedado fuera por tecnicismos e interpretaciones legales por parte del sistema de justicia del país.
Fases del proceso electoral:
Para entender el proceso electoral guatemalteco, es necesario saber que este se divide, esencialmente, en tres fases, dentro de las cuales algunas instituciones juegan un papel más importante que otras.
Actualmente, los candidatos están atravesando la primera fase, la cual inició el 20 de enero con la convocatoria a elecciones. No obstante, en esta etapa inicial el procedimiento más importante es la inscripción de candidatos, ya que aquí se disputa, desde querer ser el primer candidato inscrito para aparecer en la primera casilla de la boleta de votación, hasta los tecnicismos que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Por ello, en esta fase inicial el actor político fundamental es el sistema de justicia, principalmente el TSE, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, dado que ellos son los que tienen la competencia para interpretar la ley y decidir quienes sí participan en la contienda o no.
La segunda fase el la más intensa en términos políticos, ya que, a partir del 27 de marzo hasta el 23 de junio es legalmente permitido hacer propaganda electoral. Adicionalmente, durante esta etapa los partidos políticos participantes están obligados a publicar las fuentes de financiamiento del partido. Para las elecciones 2023, el TSE fijó un techo presupuestario de Q34.9 millones, Q5millones más que en las elecciones de 2019, para que pueda ser empleado por cada partido en la campaña. Adicionalmente, cada partido podrá gastar US$0.50 adicionales por cada persona empadronada a nivel nacional. Cabe destacar que el ente responsable de fiscalizar el financiamiento es el TSE, lo cual es vital, dado que las agrupaciones políticas en Guatemala se caracterizan por no contar con una ideología o programa de gobierno establecido. Por lo tanto, a través de la fiscalización, se determina la orientación de los recursos y así es posible conocer la naturaleza de los partidos participantes.
La última fase inicia con las elecciones generales, el 25 de junio, en donde, hasta el momento, podrán participar los 14 binomios presidenciales que ya han sido inscritos en el TSE. Posteriormente, se hará el conteo de votos y la comunicación de resultados a la central de escrutinios. En este aspecto, cabe resaltar que en Guatemala todavía se vota utilizando papeletas físicas, cuyo conteo es realizado por ciudadanos guatemaltecos que forman parte de las Juntas Electorales, de forma voluntaria. Este último paso es crucial para el resguardo del voto, porque se considera que el hecho de que los mismos guatemaltecos sean quienes cuidan el voto durante todo el proceso, permite mantener la transparencia del evento. Para la elección del presidente y vicepresidente, es necesario obtener la mayoría absoluta (50 % +1), por lo que, en la realidad, la norma ha sido una segunda vuelta, la cual está programada para el 20 de agosto.
Entre la inscripción y la no inscripción
Como se mencionó anteriormente, hasta el momento se han inscrito 14 binomios presidenciales. Sin embargo, el TSE también ya ha rechazado la inscripción de dos candidaturas y 13 partidos aún están pendientes de decidir si postularán o no algún candidato.
En total, el órgano electoral cuenta con 30 partidos registrados, lo cual dificulta la aplicación de los criterios de inscripción y por ello, se ha señalado que el sistema que el TSE ha utilizado para aceptar o rechazar las candidaturas es arbitrario, ya que no ha seguido los mismos requisitos para todos los casos.
Claramente, la no inscripción que más ha resonado tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, es la de el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien había sido proclamado candidato a la vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido de corte indígena. De acuerdo con la LEPP, si un exfuncionario desea participar en el evento de elección popular, este debe presentar una constancia transitoria que establezca la inexistencia de reclamación de cargos, también conocida como finiquito. En el caso de Rodas, la Contraloría General de Cuentas, el ente encargado de fiscalizar las acciones del Estado, sí había extendido este documento, señalando que el candidato no contaba con ningún proceso legal abierto. No obstante, días después, el actual procurador de los Derechos Humanos, manifestó que se había presentado una denuncia en contra de Rodas, por lo que no podría participar en la contienda electoral. Después de presentar un recurso de nulidad frente al pleno de magistrados del TSE argumentando que no se podía prohibir su derecho a participar en el proceso electoral, el órgano electoral lo rechazó. El último recurso legal presentado fue ante la Corte de Constitucionalidad, quien rechazó el amparo provisional, por lo que ahora la Corte Suprema de Justicia debe dictar sentencia con respecto a dicho amparo. Si la sentencia es desfavorable el último recurso vigente, antes del cierre de las inscripciones, es el recurso de apelación de la sentencia que deberá conocer la Corte de Constitucionalidad.
Por otro lado, otra inscripción que ha sido controversial ha sido la de Zury Ríos, candidata a la Presidencia por el partido Valor e hija del expresidente que participó en un golpe de Estado, Efraín Ríos Montt. Esta no es la primera vez que Ríos busca participar en la contienda electoral, ya que en 2011 el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) la proclamó candidata, pero por falta de financiamiento se vio obligada a retirarse de la contienda. Asimismo, en 2015 y en 2019 el partido Valor la postuló como candidata a la Presidencia, sin embargo, en ambos casos el TSE le negó la inscripción apelando al Art. 186, inciso “c” de la Constitución de Guatemala, el cual establece que los parientes de jefes de golpe de estado no pueden optar a un cargo público. Sin embargo, a raíz de un acuerdo de solución amistosa apelando al derecho de votar y ser votado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Zury Ríos sí podría participar en la contienda electoral 2023. Después de su inscripción, varios partidos y particulares presentaron recursos de nulidad, pero el pleno de magistrados del TSE los declaró sin lugar. Así pues, el binomio presidencial al que pertenece Zury Ríos obtuvo su acreditación.
La última disputa legal por la inscripción de un candidato se relaciona con otro conocido de la política guatemalteca, Manuel Baldizón. Baldizón ya había participado como candidato a la Presidencia por parte del partido Líder en las contiendas de los años 2011 y 2015. No obstante, en 2018 fue uno de los señalados por recibir sobornos de Oderecht en Guatemala, lo cual lo llevó a ser condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. Después de estar tres años dentro del sistema penal americano, en 2022, en los albores de un nuevo proceso electoral, regresó al país para enfrentar dos procesos penales más. Aún así, fue postulado como diputado por el partido Cambio, el cual fue formado por los hijos de Baldizón, y hasta el 11 de marzo esta figura contaba con el aval del TSE para inscribirse como candidato. Los magistrados habían resuelto que Baldizón podía participar en las elecciones apelando a un argumento de soberanía nacional, ya que señalaron que una sentencia en Estados Unidos no tenía validez en territorio guatemalteco, dado que el sistema de justicia de Guatemala es independiente. Sin embargo, esta decisión por parte del órgano electoral fue impugnada por varios partidos políticos, quienes manifestaban que Baldizón no cumplía con el requisito de idoneidad establecido en la Constitución guatemalteca, por haber sido condenado por lavado de dinero. Consecuentemente, ante la presión pública, el TSE se retractó en su decisión y dejaron fuera de la contienda electoral al candidato para el Congreso.
Estos escenarios son un ejemplo más de lo turbulentas que son las elecciones en Guatemala. No obstante, independientemente de qué candidatos sean inscritos o no, las autoridades electorales y la sociedad civil guatemalteca deben asegurar que el proceso electoral sea transparente y la elección de los cargos públicos sea legítima. Por ello, en las siguientes fases del evento electoral es necesario fiscalizar, tanto las acciones de los partidos, como de las autoridades responsables del proceso, de manera que todos los partidos puedan participar en la misma arena política, bajo las mismas condiciones.
Las elecciones libres y competitivas es uno de los procesos que forman parte de la columna vertebral de la democracia de un país. Por lo tanto, viendo el panorama de la región latinoamericana, es necesario presionar por que los mecanismos se apliquen de acuerdo a lo establecido en la ley, de forma que la arbitrariedad no sea la que determina el destino político de Guatemala.
