La pandemia del Covid-19 no hizo más que acelerar los procesos de crisis sociales, políticas y económicas que la región ya transitaba. Producto de ello, los oficialismos han perdido las elecciones en la primero contienda electoral pos pandemia. No solo ello ocurrió, estamos observando que los nuevos gobiernos son cada vez más vulnerables. Podríamos decir que el contexto global no ayuda demasiado; que los efectos de la pandemia aún se sienten, sobre todo en lo que respecta a la recuperación económica, y que la guerra de Rusia contra Ucrania ha generado un cimbronazo en todo el mundo, no obstante, las materias primas mantienen un buen nivel de precios y eso ayuda a la región en su rol de productor y exportador. Sin embargo, observamos una crisis aún más profunda, en donde la “luna de miel” de las nuevas administraciones presidenciales no llega a cumplir ni 100 días de gestión que ya presentan serias fisuras dentro y fuera de sus respectivos gobiernos.
¿Qué está pasando en la región?
En Colombia, Gustavo Petro en tan solo dos meses de asumir la Presidencia del país (agosto 2022), registraba una pérdida de 10 % de aprobación. Días atrás, el 27 de febrero se confirmó la renuncia de tres ministros (Educación, Cultura y Deporte), hecho que acontece en menos de 6 meses de gestión. Posiblemente las reformas al sistema de salud, de pensiones y laboral se llevaron puesto a los tres ministros que no estaban muy conformes con la gestión de Petro. Ya en septiembre se observaron las primeras manifestaciones en su contra, sin embargo, a mediados de febrero tuvo una gran movilización en contra de sus reformas y como contra marcha a la movilización convocada desde el gobierno un día antes.
En Perú, la crisis política desatada por Castillo el pasado 7 de diciembre al intentar disolver el Congreso, terminó con su destitución, decisión aprobada por una gran mayoría de congresistas declarando su vacancia presidencial por incapacidad moral. Dina Boluarte asumió el cargo de Castillo y con ello el de Jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de forma automática, nos obstante, el pasado miércoles 1 de marzo, Boluarte recibió el bastón de mando en un acto simbólico en el Palacio del Gobierno del Perú en Lima. En dicho contexto, la presidenta destacó la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, como las instituciones de mayor diversidad del territorio, en donde trabajan mujeres y hombres de todas las regiones del país, siendo ambas instituciones «las principales aliadas del pueblo peruano en la lucha contra los verdaderos enemigos de la patria». Los hechos reflejan que, desde diciembre el país ha experimentado una serie de revueltas populares con bloqueos y protestas que persiguen la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso, como consecuencia el gobierno desplegó el accionar de las fuerzas de seguridad. Hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo lleva registrado 59 civiles y un policía fallecidos.
En Chile, su presidente Boric condicionó demasiado su gestión a la aprobación de la reforma constitucional mediante un plebiscito que terminó cosechando el rechazo en septiembre de 2022. Desde entonces, la gestión de Boric parece haber ingresado en un estado de confusión y en una falta de organización sin una vía de escape próxima y sin una alternativa. En efecto, las últimas mediciones de enero del corriente año, registraron que el 70% de los chilenos desaprueban su gestión, sobre todo, luego de los indultos que autorizó a fines de diciembre a 12 manifestantes del estallido social de octubre de 2019.
En Ecuador se acaban de llevar a cabo elecciones para elegir nuevas autoridades de los gobiernos locales y regionales, en donde el correísmo le dio un duro golpe al gobierno de Guillermo Lasso, y aún mayor fue el fracaso a la reforma constitucional que buscaba un cambio en la legislación, en particular sobre la extradición de ecuatorianos para delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, permitiendo sancionar a sus propios servidores, reducir el número de asambleístas, incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ente otras consultas. Todo lo cual, quedó en la nada y se avizoran dos próximos años de gestión con fuertes tensiones, sobre todo, porque Lasso debe consensuar políticas públicas inmediatas que intente frenar la creciente inseguridad, el avance del narcotráfico y las guerras entre pandillas que asedian las principales ciudades del país. De acuerdo a las explicaciones gubernamentales, Ecuador es hoy el punto de salida del narcotráfico internacional hacia Estados Unidos y Europa debido a la porosidad de las fronteras terrestres con Colombia y Perú. El gobierno desplegó las fuerzas militares desde octubre del año pasado, no obstante, las cifras de violencia y delincuencia no descienden.
Argentina acaba de marcar un record de inflación en 2022 en torno al 95 % anual, no registrado desde 1991. Su presidente, Alberto Fernández, atraviesa su último año de gestión y probablemente el último, con una paupérrima popularidad entorno al 70% de imagen negativa acerca de su gestión de gobierno. Es pública y notoria la crisis dentro del propio gobierno y su enfrentamiento con el ala dura Kirchnerista y con la Vicepresidenta Cristina Fernández. Ello bloquea cualquier intento pragmático de gestión pública a corto plazo y crece la desconfianza hacia la resolución de los principales problemas económicos que preocupan al pueblo argentino. Frente al presente año electoral, el oficialismo está más concentrado en recibir autorizaciones del Fondo Monetario Internacional (del cual depende crediticiamente), para incumplir, por ejemplo, con las metas de reducción de gasto público y se empeña en continuar gastando más dinero del que ingresa a las arcas públicas y, en consecuencia, continúa emitiendo dinero desde un Banco Central que carece de independencia política y que responde a la gestión de un presidente sin rumbo alguno.
En Bolivia se ha desatado una fuerte disputa interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) entre los “renovadores”, sectores leales al Presidente Luis Arce y su Vicepresidente David Choquehuanca; y la llamada “ala evista”, los cercanos al ex presidente Evo Morales. Las denuncias cruzadas entre ambos no cesan y la competencia por el poder perjudica la institucionalidad del país. Por su parte, la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco de la investigación de los disturbios en 2019 que obligaron al entonces presidente Morales a dimitir, generaron fuertes repercusiones en su provincia desde diciembre pasado.
Desde el Palacio de Planalto Lula y Mujica promueven la integración regional.
El pasado miércoles 1 de marzo la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) organizó un Seminario denominado “Democracia, Integración Regional y lucha contra el neofascismo” en Brasilia, el cual estuvo protagonizado por Lula Da Silva y el exmandatario uruguayo José Mujica. Ambos insistieron en la necesidad de una nueva integración de la región y por ello Lula hizo hincapié en fortalecer el Mercosur y la CELAC, y resucitar UNASUR.
Para el ex mandatario uruguayo, la integración de la región “no es algo de izquierda o de derecha” a la vez que crítico a la gran burguesía como causal de la perdida de salario de los trabajadores. Frase que se esfuma en segundos, cuando el acto es convocado y organizado desde un claro interés político de izquierda sin la mínima voluntad política de convocar a otros sectores, y aun cuando es sabido que el sector sindical se articula del sector empresarial y ambos a la vez.
A su turno Lula destacó la labor en las gestiones de los ex Presidentes Chávez en Venezuela y del matrimonio Kirchner en Argentina y proclamó que el primer paso para esa nueva integración debe ser el fortalecimiento de la democracia, que considera amenazada en América Latina por los movimientos de la ultraderecha global, dentro de los cuales se encontraría el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Parece que ambos mandatarios están decididos en repetir los mismos errores de un pasado reciente. En la primera década del siglo en curso la región, en su mayor parte, viró radicalmente hacia la izquierda y en dicho contexto, en lo que respecta a integración, se promovió la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El tratado constitutivo se firmó en 2008, entró en vigencia en 2011 y en menos de 7 años sus principales miembros estaban suspendiendo su participación debido a la inoperancia del bloque en alcanzar los objetivos planificados y a una falta de resultados concretos que no garantizaban el funcionamiento adecuado de la organización. Aunque, podríamos también decir que la fuerte ideologización que lo caracterizó impidió su supervivencia frente al mínimo viraje ideológico con la llegada de nuevos mandatarios.
UNASUR nado siempre en un mar de retóricas, de agasajos entre camaradas que comparten la misma ideología, sin la más mínima apertura y permeabilidad; lo que parecía su principal fortaleza (la misma ideología imperante en los gobiernos de turno), terminó siendo el arma letal que impidió una verdadera construcción y su permanencia en el tiempo. Parece que cualquier intento de “nueva integración” que reproduzca la misma matriz en cuanto a su fundación y funcionamiento estará condenada a los mismos resultados, es decir al fracaso.
¿Están dadas las condiciones para promover una integración?
Es posible que se promuevan nuevos espacios para la integración y entre ellos ocupe mayor protagonismo la CELAC, sobre todo, porque miran con expectativas la próxima Cumbe de la CELAC con la Unión Europea prevista para mediados de año. Borradores de “nuevas propuestas” de integración estipulan, entre otros asuntos, la libre circulación de personas, ejercicio libre de profesionales en todos los países del continente, coordinación entre comunidades científicas, el fortalecimiento institucional para el establecimiento de nuevas medidas que rijan en los ámbitos regionales, y símbolos comunes como un himno, una bandera y fechas conmemorativas comunes. De todo lo anteriormente expuesto, es probable que las últimas tres cosas se concreten (himno, bandera y fechas conmemorativas) y de las primeras muy poco o nada y todo siga girando en torno a una trama discursiva sin más consecuencias.
A la luz de los hechos, algunos de ellos brevemente reseñados en los párrafos precedentes, la región atraviesa serios problemas que van desde crisis sociales, políticas y económicas que obligan a sus mandatarios a cambiar permanentemente de carril. No siempre saben hacia dónde ir, algunos ya han perdido la hoja de ruta y otros se rehúsan a cambiar de plan porque han apostado todo en un único instrumento, sea una reforma constitucional o un referéndum, que al no arribar al puerto deseado continúan navegando sin nuevo rumbo.
Los actuales gobiernos latinoamericanos se hallan ocupados en resolver las demandas inmediatas tales como: la inseguridad, el avance del narcotráfico, la inflación, el desempleo, las crisis instituciones, entre otras. Las gestiones fracasan dada su impericia, su imprevisibilidad, sus constantes errores de cálculos y falta de prudencia, sumado a una creciente mezquindad política y falta de acuerdos entre partidos políticos y, en muchos casos, agravada por una baja calidad institucional. Todo ello da como resultado un coctel que consume a las gestiones en lo urgente y posterga lo necesario; como la integración de la región basada en una estrategia real, prudente y pragmática.
