La crisis en Brasil: de democracias fatigadas a acosadas en América Latina

La crisis en Brasil desatada por la insurrección bolsonarista contra las instituciones democráticas invadiendo el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia ha sido la crónica de un asalto a la democracia anunciado.

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Como señala Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, “después de que numerosos analistas advirtieran, en los últimos años, sobre los riesgos de un “6 de enero brasileño” tras una victoria de Lula, la invasión del Congreso de Brasil —junto con la Corte Suprema y el palacio presidencial— no se presenta como una sorpresa. Quizás el único elemento inesperado fue el momento: en lugar de entre la segunda vuelta y la toma de posesión, el ataque ocurrió una semana después de que Lula jurara como presidente. Aún así, dada toda la evidencia, incluida una fuerte presencia de bolsonaristas acampando frente a la sede del ejército desde noviembre pidiendo un golpe de estado, el hecho de que la policía no haya impedido la invasión plantea numerosas preguntas sobre si las fuerzas de seguridad en la capital, supervisadas por el gobernador de Brasilia”.

Se trata de una crisis que puede contemplarse desde una doble perspectiva: brasileña y regional.

1-. Brasil: fortalezas y debilidades de la democracia

En medio de toda esta coyuntura latinoamericana, lo ocurrido este domingo en Brasil no es sino un capítulo más, en América Latina, de un fenómeno que recorre la región: unas democracias que se encuentran acosadas por populismos de derecha e izquierda que portan una agenda iliberal y antidemocrática.

El asalto bolsonarista a las instituciones democráticas brasileñas al más puro estilo de las huestes trumpista en 2021 es un indicio de que la región ha entrado, de nuevo, en una dinámica de crisis de gobernabilidad por la que ya atravesó en 2019. Unas democracias que, por el momento, muestran, pese a sus debilidades intrínsecas, músculo y capacidad de reacción: así fue en Perú donde fracasó el autogolpe y Pedro Castillo fue detenido. Y así ha sido en Brasil donde el extremismo bolsonarista no ha logrado que su insurrección condujera al colapso del ejecutivo o a un golpe militar capaz de derribar la recién estrenada presidencia de Lula da Silva.

De hecho, es muy posible que el tercer gobierno Lula salga, en parte, reforzado de esta crisis ya que el radicalismo bolsonarista ha quedado muy aislado dentro del panorama político brasileño: Bolsonaro se ha desmarcado, si bien tímidamente, de lo ocurrido, su partido (el Partido Liberal) ha rechazado los hechos y la mayoría de los antiguos aliados de Bolsonaro -salvo excepciones como el líder evangélico Silas Malafaia- le han dejado solo). Otros líderes neopentecostales (Marcos Feliciano), por el contrario, sí han criticado el asalto a Planalto (palacio presidencial), al Tribunal Supremo Electoral y al Parlamento.

Lula no solo ha sido arropado por los gobiernos extranjeros sino también por la institucionalidad brasileña e incluso por adversarios que hasta hace poco militaban en el bando bolsonarista como el gobernador de Sao Paulo, Tarsício de Freitas. Como apunta Andrés Malamud, “las consecuencias económicas de estos eventos son negativas y ya empezaron a palparse en la subida del dólar y del riesgo país. Pero estos coletazos de corto plazo pueden revertirse rápidamente si la política se encauza. Las primeras señales son promisorias: las cabezas de los tres poderes del Estado firmaron un documento conjunto repudiando “los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas”. El mismo Bolsonaro, desde su autoexilio temporal en Miami, se vio obligado a condenar los hechos, aunque los asimiló a otros cometidos por la izquierda. La respuesta de líderes de extrema derecha en otros países siguió el mismo camino: ante la impopularidad del ataque, terminaron repudiándolo y, en algunos casos, incluso admitiendo que les perjudicaba”.

El desafío radical debería servir para cohesionar al gobierno de coalición que rodea a Lula y, sobre todo, poner punto y final a una situación de gran ambigüedad y permisividad en la que el gobierno, para evitar males mayores y que escalara la tensión, no se atrevió a utilizar las herramientas legítimas de la institucionalidad democrática para acabar con los campamentos bolsonaristas ante instalaciones militares, convertidos desde hace semanas en centro de conspiración desde los que se pedía la intervención del ejército y hasta se preparaban atentados.

La gestión de esta crisis ha desvelado divisiones dentro de la amplia y heterogénea coalición que rodea a Lula pues mientras que algunos ministros (Flávio Dino, Justicia) pedían una decidida intervención contra los más de 20 campamentos bolsonaristas, otros (José Múcio, Defensa) optaban por la prudencia: que el tiempo fuera disolviendo, por sí solo, esas concentraciones. Sin embargo, esa moderación fue leída por los grupos más radicales como señal de debilidad lo que le llevó a escenificar su propio “asalto al Capitolio” enterrando la apuesta por la moderación. Al final, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó el mismo domingo la intervención federal en el área de la seguridad del gobierno de la capital y Alexandre de Moraes, ministro del STF, anunció el lunes «el desalojo y la disolución total» en 24 horas de los campamentos bolsonaristas ante instalaciones militares en diferentes ciudades del país. Moraes añadió que los manifestantes deberán ser detenidos por actos terroristas, incluidos los preparatorios, asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al delito.

El gobierno Lula puede salir reforzado al haber finalmente impuesto el principio de autoridad pero no resulta totalmente indemne: hay sectores que han pecado, quizá desde la buena fe, de extrema prudencia (el ministro de Defensa, José Múcio), otros que han coqueteado con el bolsonarismo y algunos partidos que ahora apoyan a Lula pero donde subsisten sectores que despliegan un doble juego (MDB). Ha existido falta de lealtad institucional en el gobierno de Brasilia donde el ahora exsecretario de seguridad pública y exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, y el gobernador, Ibaneis Rocha, han sido compañeros de viaje -o han dejado hacer- al bolsonarismo radical. Además, existen instituciones como la Policía Militar donde la adhesión a la institucionalidad democrática es, en una buena parte, altamente cuestionable. Y finalmente, los servicios de inteligencia no han estado a la altura porque las intenciones de estos grupos y los indicios de lo que pretendían eran una secreto a voces y en la redes (en Telegram por ejemplo). Como señalara Marco Aurélio Mello, exmagistrado del STF: “¿dónde estuvo el Estado, que no previó esto y no tomó las acciones necesarias? Es algo impensable que el STF sea depredado, el Congreso Nacional… Esto es muy malo para la imagen del país. ¿Qué van a pensar los inversores extranjeros? Que es una república bananera”.

Es cierto que el bolsonarismo puede haber dado un paso en falso. Sin duda está más aislado: de los tres principales dirigentes que apoyaron la reelección de Bolsonaro (Arthur Lira -presidente la Cámara de Diputados-, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, y el exministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira) solo este último no condenó los ataques. Sin embargo, el bolsonarismo, con actos como el del domingo, está también generando, construyendo y alimentando su propia mística, proyectándola hacia las elecciones de 2026. Jair Bolsonaro se pasó un año sembrando dudas de la contrastada fiabilidad del sistema electoral brasileño, no reconoció los resultados y se negó a asistir al cambio de mando. Se sumió en un silencio cómplice con respecto a los campamentos -hasta 24- de radicales bolsonaristas que fueron ocupando el espacio público de la capital y solo su soledad política evitó que desencadenara su propio “asalto al Capitolio” con él como presidente entre octubre y diciembre cuando sus aliados le fueron abandonando y no encontró eco a su golpismo en las FFAA.

Como señala Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, “esto fue un desastre para Bolsonaro, creo. Dado su exilio autoimpuesto en Florida y el relativo silencio desde que perdió las elecciones, la carrera para sucederlo como líder del movimiento conservador de Brasil ahora ganará aún más impulso. Así como el 6 de enero aceleró el declive de Trump, ya estamos viendo cómo las figuras de la oposición se distancian del expresidente”.

Sin embargo, desafíos como este buscan mantener vivo el movimiento, tensionar al rival (al gobierno de Lula y a la institucionalidad democrática), dificultando la gobernabilidad para presentarse, de nuevo y al igual que en 2018 y 2022, como única alternativa viable al lulismo y a la izquierda.

Brasil y el fenómeno de las democracias acosadas en América Latina

La democracia mundial está atravesando por un momento de crisis lastrada por las dificultades económicas y el empeoramiento de las expectativas sociales. La institucionalidad democrática afronta un periodo de retroceso por el avance de propuestas autoritarias como ha puesto de manifiesto el IV informe de IDEA (2022) que señala que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive y los regímenes autoritarios aumentan su represión.

Lo ocurrido este fin de semana en Brasil ha sido una crisis enmarcada en una región convulsionada. En escasos cinco meses América Latina, como en 2019, ha vuelto a dar señales de estar en una creciente espiral de crisis de gobernabilidad. Un atentado frustrado (septiembre) contra Cristina Kirchner puso en evidencia la elevada tensión que recorre la sociedad argentina fracturada políticamente por la “grieta” que divide a kirchneristas y antikircheristas. Luego, Bolivia vivió durante más de un mes (octubre-noviembre) una huelga que paralizó el corazón económico del país y que renovó la tensión entre el gobierno central en manos del MAS (donde a su vez existe una pelea descarnada entre dos “compañeros de partido” Evo Morales y el presidente Luis Arce) y el departamento de Santa Cruz, máxima expresión del antievismo. El año 2022 acabó con un intento de golpe de estado en Perú que confirmaba la larga crisis institucional que padece el país andino desde 2016: seis gobiernos en seis años, época marcada por choque de trenes institucional que han hecho extremadamente compleja la gobernabilidad y hallar la estabilidad. La crisis peruana se ha prolongado con protestas contra la nueva mandataria, Dina Boluarte, que causaron 18 muertos este lunes (un día después de la insurrección bolsonarista).

Los países de América Latina, y Brasil no es una excepción, viven una crisis de carácter integral (política-institucional y económico-social) que algunos autores califican como de “policrisis”. No se trata tanto de una transición (una transición implica transitar hacia un lugar) sino más bien de un fin de época que incluye el de la matriz productiva, la agenda país y el de un proyecto nacional compartido. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania (aumento del costo de la vida y de la inflación) no han hecho sino profundizar los problemas sociales y el malestar acumulado en las sociedades latinoamericanas. Un malestar causado por un escuálido crecimiento económico (por debajo del 5% desde 2014, salvo en 2021) que ha cristalizado en el aumento de la pobreza, de la pobreza extrema y de la desigualdad, desmoronando las expectativas de mejora personal e intergeneracional de la ciudadanía. Esa frustración social estuvo detrás de la oleada de protestas que en 2019 barrieron la región.

La crisis de 2019 se cerró en falso en América Latina: los confinamientos constriñeron las posibilidades de que se produjeran nuevas oleadas de protestas y el espejismo económico de 2021 (un fuerte rebote producto de la marcada caída del año anterior) alejó la posibilidad de nuevas crisis institucionales. El malestar se canalizó más bien a través de los distintos procesos electorales (9 en el trienio 2020-22) y el voto de castigo de los oficialismos que se dio en todas las citas ante las urnas.

En 2023, sin embargo, los problemas no solo no se han arreglado (la pobreza, por ejemplo, ha aumentado del 28% a más del 32% de media entre 2019 y 2022) sino que se han exacerbado producto de una situación económica marcada por una alta inflación (ronda, en la mayoría de los países, el 10%) y un muy débil crecimiento económico. La región a regresado a su nuevo normal económico (una baja expansión en 2022 -del 3%- y mucho más pronunciada en 2023 -del 1,7%-) lo cual coloca en apuros a las democracias latinoamericanas para poder canalizar las demandas ciudadanas en un contexto de elevada inflación, menores recursos y un histórico y estrecho espacio fiscal. Todo este contexto ha ido deteriorando durante esta nueva “década perdida” (2014-2023) la ya de por si baja eficiencia de los estados y de las democracias latinoamericanas para lograr mayores estándares en los bienes públicos que ofrece (salud, educación, trasporte y seguridad ciudadana).

Además, ese malestar ciudadano no está siendo canalizado ni por las administraciones públicas ni por unos sistemas partidistas que se encuentran colapsados y lastrados por la desconfianza ciudadana. Esa baja performance de las democracias latinoamericanas es la que se encuentra detrás del actual auge de propuestas populistas, autoritarias e iliberales que se alimentan de la progresiva disminución del apoyo a la democracia en la región que ha caído del 67% al 56%. Ese vacío institucional (de partidos y administraciones) está siendo aprovechado por liderazgos de corte personalista, anti-elite, antipolítica, anti-institucionalidad democrática y antipartidista que con un lenguaje polarizante, de apelación a la violencia física y demagógico aboga por soluciones de tipo autoritario. El bolsonarismo en Brasil es su ejemplo más claro.

El resultado es que, por errores propios y circunstancias ajenas, la situación de la democracia en la región se ha venido deteriorando progresivamente desde su mejor momento (2006-2007) y todo indica que en 2023 va a continuar esa dinámica. Mientras hace 15 años solo Cuba era considerado como un régimen autoritario, actualmente tres países se sumaron como dictaduras: Nicaragua, Venezuela y Haití (este último convertido en estado fallido). Además, existe una alarmante deriva autoritaria en países como El Salvador o crisis de gobernabilidad e institucionales en Perú como quedó en evidencia tras el autogolpe frustrado de Pedro Castillo. Asimismo, hay un progresivo aumento del apoyo a candidaturas y partidos situados en el extremo izquierdo y derecho del espectro político (desde Antauro Humala en Perú a José Antonio Kast en Chile pasando por el bolsonarismo en Brasil) o a mandatarios que eligen la crispación como forma de gobernar (Rodrigo Chaves en Costa Rica o López Obrador en México) y prosperan en contextos de fuerte fragmentación y polarización.

Conclusión: De democracias fatigadas a democracias acosadas

Argentina, Bolivia, Perú y ahora Brasil representan un indicio de por dónde va a caminar la región en el corto plazo: con un contexto económico que provoca que el viento no sople de cola y una situación mundial que no contribuye a alcanzar la certidumbre, las tensiones y contradicciones no van a remitir. Gobiernos débiles -con escaso respaldo ciudadano y poco apoyo político por la polarización y fragmentación crecientes- no tienen tampoco asideros institucionales (las instituciones son frágiles y además carecen de recursos) para reconstruir el pacto social y diseñar un nuevo modelo de desarrollo. Enfrente se encuentra una sociedad crecientemente insatisfecha con un malestar acumulado y en expansión, del que es hijo Bolsonaro, que ya produjo un estallido en 2019 que no fue canalizado. Cuatro años después esa ciudadanía traduce su desafección votando a las oposiciones o a figuras salidas de fuera del sistema e incluso lanzándose en brazos de proyectos claramente iliberales (el de Bolsonaro en 2018 o el de Nayib Bukele en 2019).

Se produzcan donde se produzcan las futuras crisis (la situación de Argentina es extremadamente delicada) lo cierto es que las democracias latinoamericanas han pasado de dar cada vez mayores señales de “fatiga”- como apuntara Manuel Alcántara – a encontrarse acosadas y debilitadas. Una fatiga democrática que en el caso brasileño se tradujo en el final de la bonanza económica, el impeachment a Dilma Rousseff, la detención de Lula por el caso Lava Jato -que evidenciaba el alto grado de penetración de la corrupción en el aparato de poder durante el petismo-lulismo- y que culminó en la llegada al poder de una figura periférica y excéntrica como la de Jair Bolsonaro. Ahora, las señales no son tanto de fatiga, que también, sino de acoso a la institucionalidad democrática que enfrenta múltiples desafíos de tipo institucional (estados ineficientes e instituciones ineficaces) y políticos con la emergencia de alternativas no democráticas que no rehúyen la tentación golpista y que tienen en el malestar y la desafección ciudadanas su caldo de cultivo.

Autores:

Rogelio Núñez Castellano

Doctor en Historia de América Latina por el Instituto Ortega y Gasset (Universidad Complutense de Madrid). Miembro del Instituto de Estudios Latinoamericamos de la Universidad de Alcalá y  professor en la Universidad Francisco de Vitoria

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