Pedro Castillo: El inevitable final de una crisis política que terminó en un intento de Golpe de Estado en el Perú

diciembre 11, 2022

El pasado 7 de diciembre, Lima fue testigo de una serie de hechos de donde se pasó de un intento de vacancia presidencial, sin los aparentes apoyos políticos necesarios para consumarlo; a un insólito intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, que solo duró pocas horas antes de encontrar su inevitable desenlace que roza en lo surrealista.

¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Cómo un presidente con serias posibilidades de resistir un intento de vacancia decide pegarse un tiro en el pie de manera tan penosa?

Si algo ha caracterizado a la presidencia de Pedro Castillo es la inestabilidad de sus decisiones, que no solo carecen de apoyos políticos, sino que, en algunos de los casos, rayan en lo incomprensible. Este signo tan característico quedo en evidencia frente a los más de 80 ministros que nombró, varios gabinetes, tres intentos de vacancia y casi una decena de causas fiscales por corrupción y tráfico de influencias.

La descripción de los hechos se va desarrollando en función de diferentes hitos a lo largo de su presidencia, cuestionado desde el principio por acusaciones de fraude electoral y con un Congreso de la República profundamente fragmentado, Castillo no fue capaz de armar un equipo de gobierno que transmitiera confianza al país y mucho menos a las fuerzas políticas.

Un repaso por sus algunas de sus decisiones hace un recuento de los fallos que fueron perfilando una imagen de improvisador y con poca preparación en el cargo. Su gobierno inició con el nombramiento de Guido Bellido como Primer Ministro, a pesar de la investigación que llevaba la fiscalía por “apología al terrorismo” relacionado con Sendero Luminoso^[1], al poco tiempo nombró retomó las relaciones diplomáticas con Venezuela y al nuevo embajador que nombró para la misión en Caracas, la justicia peruana dictó una prohibición de salida del país por un presunto delito de blanqueo de capitales^[2], no podemos olvidar el episodio donde a su secretario privado Bruno Pacheco, en una diligencia de la fiscalía anticorrupción sobre presunto tráfico de influencias le encontraron en una bañera de su oficina en del palacio presidencial 20.000$ en efectivo^[3]. Incluso, su hija putativa, fue encarcelada por la fiscalía por colusión agravada y lavado de activos en organización criminal^[4].

Todo esto, sin haber mencionado las investigaciones de la fiscalía en contra del expresidente por diferentes delitos, pareció constituir el clima perfecto para promover una vacancia presidencial por incapacidad moral, sin embargo, esa decisión recaía en un Congreso de la República que no tenía los suficientes votos para vacarle. Es preciso destacar, que la Constitución Política del Perú solo define algunos escenarios donde se puede levantar la inmunidad al presidente^[5] y hasta ahora Castillo no se encontraba en alguno de ellos.

La presión política y judicial encontraba un freno en el Congreso, que se mostraba incapaz de resolver la crisis que inevitablemente debía tener un desenlace político; estos congresistas no pueden ponerse la camiseta de héroes de la democracia porque lo que terminó pasando, los empujo a una vacancia que estaba servida.

Un día antes del pleno, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, acusó directamente al mandatario de ordenar el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez ^[6] y se sumó la renuncia del Comandante General del Ejército de Tierra del Perú^[7].

Llegamos al 7 de diciembre con un clima totalmente enrarecido, ya convocado el pleno para discutir un tercer intento de vacancia, todo parecía indicar que en la oposición se quedaban cortos, varias estimaciones dictaban que solo disponían de 74 votos de los 87 necesarios, era indispensable que los votos de la izquierda peruana empujaran la vacancia, pero las preferencias lucían bastante claras antes de la alocución presidencial.

Pedro Castillo convoca a una cadena presidencial cerca de las diez de la mañana y anuncia la disolución del Congreso de la República, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, convocar a unas nuevas elecciones para un Congreso Constituyente, intervención del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el sistema de justicia peruano, además de la implantación de un toque de queda.

La cadena del desastre se había consumado, un presidente con pocos apoyos políticos y una difícil relación con la institucionalidad peruana generación una reacción en cadena en contra de la decisión; una cascada de renuncias de sus ministros y de su abogado defensor frente a la vacancia fueron las primeras señales, mientras el Congreso de la República adelantaba la sesión para vacarle, el causal era bastante claro y la vacancia estaba en el aire, al poco tiempo el comando conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas publicaba un comunicado donde dejaban muy claro que no apoyarían el golpe de Estado^[8] dejando a Castillo solo.

El presidente buscó asilo en la Embajada de México, pero fue interceptado por unidades de la Policía Nacional del Perú por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional^[9]. El intento de golpe de Estado duró solo tres horas y el Congreso procedió con la vacancia consiguiendo 101 votos, incluso con algunos votos de la bancada de Perú Libre (Partido oficialista), nombrando a Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú.

La decisión de Castillo sigue siendo un misterio, teniendo en cuenta que horas antes del anuncio su equipo de abogados preparaba su defensa ante el intento de vacancia, no queda muy claro que pudo pasar en el entorno del presidente para que fuera capaz de tomar una decisión de esas características.

En conclusión, las instituciones peruanas han funcionado, se ha mantenido el orden constitucional, pero la incapacidad de darle una salida política a tiempo a una situación que ya era insostenible tuvo como resultado un intento de quebrantamiento del ordenamiento jurídico peruano. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, Tribunales y otros poderes del Estado todo se resume a la anatomía de un instante político, eso nos recuerda que la estabilidad de las instituciones democráticas sigue dependiendo de la capacidad de algunos actores que no pueden dejar de lado sus propias aspiraciones antes de tomar decisiones basadas en la fortaleza institucional.

Perú nos ha recordado que la democracia se mantiene y se mantendrá firme sobre la base de la valentía y la conciencia democrática, este episodio pasará al recuerdo como un periodo marcado por una cadena de malas decisiones que terminaron llevando al poder a unos actores que no son capaces de responder a las expectativas y exigencias del reto que se les pone al frente.