El gobierno de Pedro Castillo como presidente de Perú (2021-22) ha representado más de un año perdido en la historia de este país y ha sido un desastre de principio a fin. Castillo solo fue un hábil candidato a presidente que se aprovechó de las debilidades ajenas. Sacó partido de la endeblez de un centro devaluado y dividido (Julio Guzmán y George Forsyth), de una derecha fragmentada (Rafael López Aliaga y Daniel Urresti), de una izquierda desnortada (Verónika Mendoza y Yonhy Lescano) y, en segunda vuelta, canalizó el heterogéneo y huérfano voto antifujimorista.
Castillo, un gobierno del desgobierno
Después fue la nada como gobernante: incapaz de dotar de estabilidad, rumbo y gobernabilidad al Perú. Sin un plan ni una agenda más allá de sobrevivir en el palacio presidencial y aprovecharse de la corrupción generalizada de la clase política peruana.
Pedro Castillo ha sido la constatación de que, en muchas ocasiones, votar al mal menor cristaliza en un mal mayor. Por huir del peligro del fujimorismo el país respaldó a un hombre apoyado por un partido marxista-leninista y mariateguista, sin experiencia, sin capacidad y sin las habilidades políticas y administrativas suficientes para garantizar la gobernabilidad. En solo 16 meses en el cargo, Castillo ha tenido cinco gabinetes y más de 70 ministros.
Y su pirueta final ha venido a dar la razón a Karl Marx cuando refiriéndose a otro autogolpista (Luis Napoleón Bonaparte en 1851) afirmaba que la historia se repite y la segunda vez en forma de comedia. Y eso ha sido el intento de autogolpe de Pedro Castillo, una farsa. Un golpe de estado con las mismas características que han marcado a su gobierno: escasa preparación y constante improvisación.
Perú y su crisis estructural
Pedro Castillo no es sino la punta del iceberg de los problemas estructurales del Perú.
Un país que carece de un sistema de partidos capaz no solo de canalizar las demandas ciudadanas, sino de sostener una clase política que vaya más allá de sus intereses particulares y mire por el interés colectivo.
El deficiente modelo institucional ha conducido al país a un choque de trenes entre instituciones, entre un Congreso cooptado por una élite política corrupta y un presidente incapaz de dar estabilidad al país y rodeado de sospechas de corrupción. La debilidad de los gobiernos que se han sucedido desde 2016 se debe a problemas de liderazgo (en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Pedro Castillo, sobre todo) pero también de un sistema basado en partidos que representan intereses sectoriales o personales que no dotan de respaldo a los gobiernos, sino que los someten a chantaje. Un sistema hiperfragmentado y donde la polarización y crispación política (fujimorismo vs. antifujimorismo y derecha vs. izquierda) convierten en ingobernable al país. El fujimorismo mayoritario en el Congreso socavó a Kuczynski hasta conseguir su caída.
Tiene razón Carlos Menéndez cuando subraya que hay un problema político profundo y estructural en Perú donde “las identidades negativas (el anti) … generan un problema de representación política. Si los peruanos (como los ciudadanos en otras partes del continente) siguen votando en contra de alguien (y no a favor de un candidato), el vínculo electoral de “representación” que construyen termina el día de la derrota en las urnas del político o partido rechazado. Pero luego de eso, no se generan ni compromisos ni incentivos para continuar apoyando al beneficiario temporal del apoyo. Kuczynski, Vizcarra y Castillo tuvieron el respaldo electoral del antifujimorismo, pero el antifujimorismo les abandonó rápidamente”.
Toda esta situación no es gratuita y tiene consecuencias más allá de la política. La idea, tantas veces sostenida, de que en Perú la economía y la política pueden ir por vías diferentes es una teoría que ya nadie comparte y que no se sostiene en la realidad.
La debilidad perenne de los gobiernos de Perú ha provocado que desde los 90 no se impulsen reformas, lo cual ha acabado lastrando a una economía que es menos competitiva, menos productiva y basada en la informalidad. El BBVA apunta en un informe reciente que “el bajo crecimiento es resultado de la debilidad de la inversión, políticas públicas de baja calidad y del rápido deterioro institucional. Para revertir esta situación se requiere recobrar la confianza del sector privado y de medidas que permitan impulsar la productividad”.
Como dijo recientemente la OEA cuando visitó el país para tratar de mediar en la pugna Castillo-Congreso y como ha subrayado la nueva presidenta (Dina Boluarte) el país necesita a corto plazo una tregua política que ponga fin a un sexenio de ingobernabilidad y polarización como base desde la que construir el diálogo. Nada garantiza que Perú alcance la estabilidad, pero la condición sine qua non y previa se halla en esa tregua y ese diálogo.
