¿Cubre el presupuesto nacional las nuevas realidades del conflicto interno colombiano y las posibles amenazas globales?

El estado colombiano vive una realidad muy cambiante cada día que transcurre, donde los actores armados han evolucionado hacia las nuevas realidades del nuevo siglo. Una de las causas de esta evolución tiene que ver con las falencias que se cometieron durante el proceso de negociación del acuerdo de paz, así como los incumplimientos llevados a cabo por parte del gobierno anterior.

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Con el cruce de la puerta de los 100 primeros días del gobierno del Presidente Gustavo Petro, se puede analizar si el estado colombino estará a la altura de la tarea titánica que se le avecina para este periodo de gobierno, viendo la necesidad de actualizar unas fuerzas armadas que se encuentra con un armamento anticuado.

Tal es el caso de la Fuerza Aérea Colombiana, que cuenta con unas aeronaves de tercera generación como los Kfir de fabricación israelí o los tucanos y súper tucanos de fabricación brasileña, las cuales son aeronaves turbohélice. También, está el caso del arma de caballería del Ejército Nacional de Colombia, el cual carece de una fuerza acorazada.

Ahora bien es cierto que las aeronaves de fabricación brasileña son más que suficiente para hacer frente a la realidad de apoyo a las labores en contra de las bandas criminales y del crimen organizado, y que la geografía colombiana es complicada para la utilización de acorazado pesado o semipesado y sobre todo de orugas, pero también no es menos cierto que este territorio latino americano cuenta con dos zonas adecuadas para su utilización, como son el caso de los llanos orientales y la zona del caribe Colombiano.

Analizando el presupuesto presentado al congreso nacional colombiano, se puede deducir que gran parte del rubro destinado a las fuerzas armadas se asignará al pago de la masa salarial de sus fuerzas militares en un 84,6%, lo que corresponde a 11,6 billones de pesos o un aproximado de 2.290 millones de euros; mientras que la adquisición del nuevo material de guerra y el mejoramiento de las capacidades disuasorias estatales apenas cuentan con una inversión de $1,7 billones o aproximadamente 335 millones de euros, los cuales están destinados a la adquisición de equipos con la función disuasoria frente a su vecino Venezuela.

Es de resaltar que este rubro se designó mediante el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 4077 del 2022, durante el gobierno del Dr. Iván Duque, situación que se vio reflejada a causa del conflicto ucraniano actual. Es de recordar que el gobierno de Iván Duque era contradictorio al de Nicolás Maduro, siendo éste la mayor amenaza que se tenía hasta ese momento en el ámbito internacional, situación que cambió con el acercamiento ideológico que se tiene en la actualidad entre los dos gobiernos, ejemplo de esto es el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Caracas y Bogotá.

Es de resaltar que cada vez que Colombia hace una inversión I+D en el sector armamentístico, se han generado unas mejoras con respecto a las condiciones industriales colombianas, proporcionando a su vez fuentes de ingresos y puestos de trabajos. Entre los casos de ejemplo están los fusiles Galil Córdova, armas que han sido diseñadas por parte de Indumil, los cuales han sido exportados a Honduras; asimismo está el caso de las patrulleras fluviales, ligeras y pesadas, las cuales han sido exportadas a Brasil.

En conclusión, se puede afirmar que el ejército colombiano requiere de una mayor inversión en la modernización de sus fuerzas militares y el desarrollo de I+D, con el fin de actualizar su capacidad de responder a las bandas criminales, al igual que los posibles agresores internacionales, a pesar de que anualmente se han venido realizando incrementos en el presupuesto de defensa, destinando el pago a su pie de fuerza y no al mejoramiento de su capacidad de producción armamentística y I+D.

Autores:

Wolfgang Meulenbeek Hoyos

Politólogo con experiencia en la responsabilidad social empresarial; formulación, evaluación, puesta en marcha de políticas públicas y proyectos. Egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla

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