“Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”
Martín Niemöller (1882 -1984)
La extensión de la operación fue realmente impactante, 62 países solicitaron o recibieron solicitudes de información de la fiscalía brasilera; en Latinoamérica, salvo Nicaragua, todos los países colaboraron con dicho país con relación a algún proyecto que se haya ejecutado por alguna compañía comprendida en el escándalo en su territorio [1]. De todos ellos, resalta largamente el caso de Perú, cuyo Ministerio Público realizó 274 de los 653 pedidos de información que se cursaron.
Sin embargo, 7 años después el caso comenzó a desmoronarse en Brasil, cuando en febrero de 2021, se decidió desactivar el equipo especial encargado de las investigaciones; a lo que siguió, un mes después, la anulación de todas las condenas de Lula da Silva, circunstancia que, a la postre, le permitió postular y ganar la presidencia de Brasil.
En el Perú, el otro gran núcleo de la investigación de Lava Jato, el escenario no se revela diferente; tras los primeros destapes en 2017, en donde se comprendió en la investigación a 5 expresidentes (3 de ellos sufrieron prisiones preventivas mientras se realizaba la investigación, 1 con comparecencia restringida y 1 de ellos se suicidó el día que iba a ser detenido) 2 alcaldes de Lima y la mayoría de los gobernadores regionales, las condenas a la fecha son limitadas y comprenden a funcionarios de tercer nivel, las acusaciones a los “peces gordos” no avanzan y, a inicios de noviembre de 2022, la justicia brasileña suspendió la ejecución del convenio de colaboración con el Perú, lo que pone en riesgo el fututo de todas las investigaciones. A ello debe añadirse que antes de fin de año la Corte Suprema de la República del Perú debe resolver un recurso judicial que puede anular la mayoría de las investigaciones realizadas.
El fin no justifica los medios
¿Qué falló en Lava Jato? Las razones se pueden encontrar en una discusión tan antigua como el derecho mismo, ¿ el fin que se persigue justifica la utilización de cualquier medio para lograrlo? Ciertamente no. En el caso de Brasil se descubrió que el juez a cargo del caso no había actuado con imparcialidad, siendo más un operador del Lawfare[2] ejecutado, antes que un operador del derecho.
En el Perú, el uso indiscriminado de prisiones preventivas, todas revocadas por la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional; el desarrollo de investigaciones en donde se debe demostrar la inocencia antes de que se acredite la culpabilidad de los investigados, contraviniendo la garantía constitucional de la presunción de inocencia; y un clima político extremadamente polarizado, han llevado a que se cuestione la efectividad de las investigaciones, en donde todos los comprendidos denuncian la utilización del aparato judicial como un arma más de la lucha política.
El daño que esta situación puede producir al sistema de justicia latinoamericano es crítico, gran parte del respaldo ciudadano y popularidad de los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones del caso Lava Jato se sustentó en el anhelo de la ciudadanía de ver finalmente a personajes “ricos y poderosos” ser sancionados por corrupción en una región en donde la impunidad suele ser la regla. Si dichas investigaciones naufragan en acusaciones débiles o si las condenas son anuladas por violaciones a los derechos elementales del debido proceso, la sensación de impunidad de la corrupción será reforzada.
Al día siguiente
Si bien la suerte del caso Lava Jato parece echada, resulta importante sacar lecciones e implementar correctivos. En primer lugar, resulta indispensable reforzar los mecanismos de funcionamiento de la democracia de los países de la región. Gran parte de los actos de corrupción se dio a través de financiamiento de campañas políticas, utilizando los vacíos en la ley. Mejorar los mecanismos de transparencia de la información en el financiamiento de partidos políticos, sin prohibir la participación de capitales privados, permitirá a los electores conocer los respaldos o intereses de los grupos de interés que promueven candidaturas.
La implementación de políticas de integridad pública como mecanismos de lucha contra la corrupción, apartándose de un enfoque represor, permite mejores resultados sin comprometer los niveles de eficiencia en la gestión pública. La implementación de sistemas de control excesivos encarece considerablemente el costo del proceso; además, genera incentivos para cometer ilícitos, debido a que reduce la decisión moral del funcionario público a un análisis beneficios ilícito vs. probabilidad de ser detectado, conforme lo demuestra la evidencia experimental de la OECD. Mejorar los niveles de ética e integridad de los funcionarios públicos permitirá blindar a la administración pública frente a casos similares.
Finalmente, resulta importante reforzar el sistema de justicia a fin de asegurar su aplicación imparcial y efectiva; un sistema de justicia débil, poco capacitado y politizado es la mayor amenaza para la democracia en la región, ya que genera descontento y rechazo, y alimentan la narrativa de los verdaderos culpables quienes se reclaman perseguidos políticos, lo que retroalimenta el desprestigio del sistema.
- Fuente https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/efeitos-no-exterior ↑
- Termino derivado de Warfare (guerra) definido como el uso de la procedimientos legales para intimidar o bloquear a un oponente https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lawfare ↑
