La permanente inestabilidad política que atraviesa el Perú se inicia en el año 2016, cuando la candidata del partido político Fuerza Popular pierde las elecciones presidenciales por un estrecho margen de votos y acusa de fraude a los organismos electorales. A partir de ese entonces se han producido hechos recurrentes que han generado que en el periodo de seis años, el Perú haya sido gobernado por cinco presidentes y que actualmente la oposición continúe empleando diferentes recursos para lograr la vacancia o inhabilitación del presidente de la república y de alguna manera, este artículo trata de explicar las causas de esta caótica situación.
Para este propósito, es necesario adoptar como punto de partida la concepción patrimonialista del poder, que se entiende como la condición del ejercicio del poder que le hace suponer, de manera natural, a quienes lo detentan, que los bienes, servicios y personas asignadas a su cargo, son de su exclusiva propiedad, y, por lo tanto, pueden darle el uso que mayores beneficios les pueda proporcionar. En consecuencia, el funcionario o persona corrupta considera que es correcto lo que hace y que además es parte connatural de su quehacer diario.
Sin embargo, esta concepción no es exclusiva de los funcionarios públicos, sino que se extiende en diversos sectores de la sociedad, con lo cual se genera una cultura de patrimonialismo y de corrupción, en la que están implicadas las autoridades, políticos, funcionarios, servidores públicos y del sector privado, empresarios y que gran parte de la sociedad tolera por considerarlo “inevitable”.
Con esta cultura predominante en la sociedad, las personas ven a la política como una forma para enriquecerse, asumiendo que los presupuestos públicos les pertenecen a las autoridades y funcionarios de turno, teniendo como referencia a conocidos políticos que hoy son millonarios o a personajes más cercanos como los alcaldes de gobiernos locales que al término de su gestión terminan siendo los nuevos ricos del pueblo.
Es en este entorno de deformación de la legalidad, que se genera una competencia desmedida para ocupar cargos por elección popular, concursos o designaciones, donde los méritos profesionales son lo que menos importa. Si a esto le agregamos que existen grupos de poder político y económico, que creen que son los únicos que tienen las condiciones y, por lo tanto, el derecho para gobernar el país, cuando no sucede esto, se genera esta inestabilidad política, marcada por la lucha permanente por colocar en el sillón presidencial a una persona que cuente con el aval de estos grupos de poder, desconociendo la voluntad popular. Este es uno de los motivos que explica la grave crisis política que vive actualmente el país.
Para tratar de entender como piensan “los dueños del poder” analicemos la secuencia de hechos de los últimos años:
- Pedro Pablo Kuczynski (PPK) gana las elecciones presidenciales en el año 2016 por un estrecho margen de votos y la candidata Keiko Fujimori acusa a los organismos electorales de fraude.
- Aprovechando la amplia mayoría fujimorista en el congreso intentó vacar a PPK y finalmente lo obligó a renunciar.
- Asumió la presidencia Martín Vizcarra y aprovechando el mayoritario apoyo de la población cerró el congreso de la república, sin embargo, el nuevo congreso terminó vacándolo bajo el pretexto de incapacidad moral permanente.
- El presidente del congreso vacador, Manuel Merino asumió la presidencia de la república, pero increíblemente, la minoría del congreso se las ingenió para obligarlo a renunciar y colocar en la presidencia del gobierno a Francisco Sagasti.
- Algún cálculo político falló y fue elegido como presidente de la república Pedro Castillo por una mínima diferencia de votos.
- Nuevamente, la recurrente candidata perdedora Keiko Fujimori acusó de fraude a los organismos electorales y obstaculizó, hasta el límite, el proceso de transferencia de la presidencia de la república.
Tomando como referencia los últimos procesos electorales, una vez conocidos los inesperados resultados, se inicia una serie de manifestaciones y marchas organizadas por los grupos de poder y lideradas por acabados políticos, que siguen creyendo que son líderes de opinión, quienes desconocían los resultados emitidos por las instituciones electorales, llegando incluso a recurrir a organismos internacionales, sin lograr convocar a un significativo porcentaje de la población ni calar en el sentir de la ciudadanía, porque realmente no la representan y como se trata de explicar desde la visión del patrimonialismo, es una lucha con el afán de recuperar el poder que ellos creen que les pertenece.
Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, el Congreso de la República se dedicó a interpelar y censurar ministros con motivos justificados en muchos casos, y buscar la cantidad de votos necesarios para lograr la vacancia del presidente de la república. Sin embargo, pese a dos intentos, no ha logrado hasta la fecha su objetivo principal.
Ante estos intentos desesperados, aparece la figura de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, que después de 29 años de vigencia de la Constitución Política, descubre que al presidente de la república en funciones no se le puede acusar, pero si se le puede investigar, ante el aplauso de la élite del poder y una parte importante de la ciudadanía, y presenta al Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por organización criminal, tráfico de influencias y colusión; los cuales no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, como motivos de acusación durante su periodo presidencial.
Un hecho adicional a los mencionados, pero que ayuda a entender el problema, son los resultados de las últimas elecciones municipales en la ciudad de Lima, donde el ganador por muy estrecho margen, como en el caso de PPK y Pedro Castillo, es uno de los líderes de la oposición y uno de los perdedores de las elecciones presidenciales de 2021. Sorprendentemente, en este caso, con tanta similitud en los resultados con los casos anteriores, nadie acusa de fraude a los organismos electorales y los medios de comunicación poco más y festejan los resultados. ¿Esto es democracia? ¿Cuándo gana las elecciones alguien del grupo de poder todo está bien? ¿Se está aplicando doble criterio político y legal dependiendo de la proximidad del candidato a la élite del poder?
Finalmente, la grave situación de inestabilidad y permanente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se explica, según el enfoque patrimonialista, como una encarnizada lucha entre ambos Poderes del Estado, porque ambos se sienten con el pleno derecho a gobernar y emplear los presupuestos públicos para sus propios fines. Unos porque el pueblo los ha elegido para gobernar por cinco años y los otros porque consideran que solo ellos tienen la capacidad y el privilegio de ejercer el poder y no aceptan que “un corrupto e incapaz” les haya privado de esa exclusividad.
En esta encrucijada, ¿La Fiscal de la Nación está actuando de acuerdo al orden constitucional o es un instrumento más de los grupos de poder?
Veamos que dice ahora la OEA, a la que ha recurrido el Presidente Castillo…
