CIGODESE

La finalidad de este ensayo es examinar los fundamentos jurídicos para tipificar la guerra de invasión rusa contra Ucrania como el crimen de agresión perpetrado por Putin conforme con el Derecho Penal Internacional, especialmente con el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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Resumen:

El crimen de agresión, sucesor del crimen contra la paz del Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg, constituye el mas grave de los crímenes internacionales. El cometimiento del crimen de agresión representa una amenaza ipso facto contra la paz internacional. El Tribunal de Nüremberg calificó a la guerra de agresión en su sentencia: “Iniciar una guerra de agresión, por lo tanto, no es sólo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo que sólo difiere de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del todo.” El crimen de agresión es así una violación gravísima de la Carta de la ONU y sus principios fundamentales. Tomando el caso de la invasión rusa contra Ucrania examinaremos como aquí se ha configurado el crimen de agresión conforme con la expresión mas actualizada y reciente del Derecho Penal Internacional que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Palabras clave: Agresión contra Ucrania-Corte Penal Internacional-crimen de agresión-uso de la fuerza-legitima defensa-Carta de la ONU.

Abstract:

The crime of aggression, the successor to the crime against peace of the Statute of the International Tribunal of Nuremberg, constitutes the most serious of international crimes. The commission of the crime of aggression represents an ipso facto threat to international peace. The Nuremberg Tribunal called the war of aggression in its judgment: «Starting a war of aggression, therefore, is not just an international crime; it is the supreme international crime that differs only from other war crimes in that it contains in itself the accumulated evil of the whole.» The crime of aggression is thus a serious violation of the UN Charter and its fundamental principles. Taking the case of the Russian invasion against Ukraine we will examine how the crime of aggression has been configured here in accordance with the most up-to-date and recent expression of International Criminal Law which is the Rome Statute of the International Criminal Court.

Keywords:Aggression against Ukraine-International Criminal Court-crime of aggression-use of force-self defense-UN Charter.

Introducción

La reanudación y agravamiento de la invasión rusa contra Ucrania dirigida por Vladimir Putin el 24 de febrero del 2022 ha completado el crimen de agresión (agresión iniciada en el 2014), conforme con el Derecho Internacional, y según se tipifica en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), artículo 8 bis. Esta guerra de agresión ha configurado una de las mayores amenazas a la paz global desde el fin de la Guerra Fría, representa un riesgo de guerra entre Rusia y el bloque occidental, y constituye la guerra mas grande desatada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra de agresión ha sido condenada por la sociedad internacional y por la opinión publica mundial expresada mediante resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La finalidad de este ensayo es examinar los fundamentos jurídicos para tipificar la guerra de invasión rusa contra Ucrania como el crimen de agresión perpetrado por Putin conforme con el Derecho Penal Internacional, especialmente con el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Dentro de este marco, revisaremos algunos antecedentes y hechos relevantes respecto de la guerra de invasión a Ucrania realizada por la Rusia dirigida por Putin, así como el concepto de crimen de agresión del Estatuto de la Corte Penal Internacional se aplica al acto de agresión planificado y ejecutado por Rusia.

1. Antecedentes y la invasión de Ucrania

Ucrania integró la URSS hasta 1991 como un Estado federado, la RSS (Republica Socialista Soviética de) Ucrania. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la RSS Ucrania adquiere independencia como Republica de Ucrania.

En el 2000, Vladimir Putin llega a jefe de Estado (presidente) y jefe de gobierno de Rusia, sucediendo a Boris Yeltsin, manteniéndose en ese puesto hasta ahora (excepto en el periodo 2008-2012 cuando fue formalmente primer ministro, pero que igualmente controlaba el poder ejecutivo). Putin ha creado un sistema autoritario, reformando varias veces la constitución para reelegirse.

Siguiendo semanas de protestas en el marco de las protestas del movimiento euromaidan (21 noviembre 2013-23 febrero 2014),[1] la Revolución de la Dignidad (18-23 de febrero del 2014) culmino el 22 de febrero con la destitución del presidente pro-ruso Victor Yanukovich, siendo sustituido por un gobierno pro-europeista. Desde entonces, Ucrania ha visto un empeoramiento de sus relaciones con Rusia. El nuevo gobierno pro-europeista ha impulsado el estrechamiento de relaciones con la Unión Europea, la OTAN y con Occidente.

Este cambio interno del gobierno ucraniano motivo que Putin decidiera que Rusia invadiera y se anexara Crimea en febrero-marzo del 2014 (anexión proclamada por Rusia el 18 marzo del 2014).[2]

Además, Putin tomo la decisión de apoyar y organizar a los separatistas pro-rusos de Donietsk y Luhansk del Donbass que surgieron al mismo tiempo que la anexión rusa de Crimea. Proclamaron dichos separatistas sus “repúblicas” en Donietsk y Luhansk, respectivamente, el 7 y el 27 de abril del 2014. Rusia decidió defender la independencia de estas dos entidades bajo el sofisma de la defensa del principio de libre determinación de los pueblos, algo que no ha aplicado con Chechenia, por ejemplo. Asó, con las citadas proclamaciones de independencia se inicio la Guerra del Donbass (7 de abril del 2014). Ocho años después, el 21 de febrero del 2022, Rusia reconoció oficialmente a los 2 Estados de facto separatistas.[3]

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se inicio el 26 de febrero del 2014, cuando sus fuerzas militares comenzaron la invasión de Crimea. A juicio de la CPI (Corte Penal Internacional), en esta misma fecha se iniciaría el conflicto armado internacional (entre Rusia y Ucrania) y se aplicaría automáticamente el Derecho de los Conflictos Armados Internacionales hasta hoy.[4] En consecuencia, y desde que Crimea es territorio ocupado, se aplicaría el Derecho de Ocupación Beligerante.

El 18 de marzo del 2014, Rusia proclamo oficialmente la anexión de Crimea, anexión que no ha sido reconocida por las Naciones Unidas, ni por la sociedad internacional en su conjunto.

La Asamblea General de la ONU condenó la anexión rusa de Crimea mediante la Resolución 68/262 Integridad territorial de Ucrania del 27 de marzo del 2014, por la cual se condenaba la separación de Crimea, describía al referéndum que condujo a la anexión de Crimea por parte de Rusia como ilegal, y afirma el compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.[5]

A su vez, y en el marco de la primera guerra ruso-ucraniana (febrero 2014-febrero 2015), Rusia organizó y apoyó a los separatistas de las regiones de Donietsk y Luhansk (que el 7 y 27 de abril del 2014 proclamaron su independencia, respectivamente), iniciando de este modo la Guerra del Donbass (en Ucrania Oriental). Asimismo, Rusia ocupo las dos regiones y finalmente las reconoció como Estados.

Importante es recordar que tres días antes de la invasión rusa de febrero del 2022, el 21 de febrero, Putin en un discurso televisado cuestionó la existencia de Ucrania como Estado y reconoció la independencia de Donietsk y Luhansk.[6] También, había declarado que fue un error la desaparición de la URSS.[7] Esta declaración resulta ser muy peligrosa para el mantenimiento de la paz y representaría una amenaza al continente europeo desde que el amo de Rusia esta decidiendo que Estados tienen derecho a existir y cuales no. Siguiendo esta lógica de Putin, Hitler también podría haber decidido si Rusia tenía derecho a existir o no. Desde el punto de vista jurídico esto es quebrantamiento grave del Derecho Internacional, concretamente la Carta de la ONU (art. 2, pars. 1, 3, 4, y 7). Por añadidura, la ambición de restaurar a la antigua Unión Soviética y de defender su esfera de influencia exclusiva en su “extranjero próximo” significa una amenaza a la soberanía de los Estados vecinos a Rusia, incluyendo a Ucrania.

Después, el 24 de febrero del 2022, Putin ordeno que Rusia, con la complicidad de su vecina Bielorrusia, lanzara una invasión en gran escala contra Ucrania (la invasión mas grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial). Esta guerra de invasión motiva sanciones económicas del bloque occidental y la condena mundial. De esta forma, la guerra ruso-ucraniana se recrudeció cuando Rusia lanzo esta invasión contra Ucrania, con el apoyo de Bielorrusia, desde sus bases en Crimea, Donbass (Ucrania ocupada), y Bielorrusia.

2. El crimen de agresión en el derecho internacional

Como nos afirmó el ilustre jurista Antonio Cassese, la agresión (el acto de agresión o guerra de agresión) de un Estado contra otro Estado en quebrantamiento de tratados internacionales como el Convenio de la Sociedad de las Naciones o el Pacto Briand-Kellogg estaba prohibido en el Derecho Internacional antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que constituía un acto ilícito internacional y así la responsabilidad internacional del Estado.[8]

Mas, la “agresión fue vista por primera vez como un crimen internacional que involucraba la responsabilidad penal individual en el Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 que creaba el TMI [Tribunal Militar Internacional de Nüremberg]”.[9] De esta manera, el crimen de agresión en el Derecho Penal Internacional, que configura la responsabilidad individual, se había tipificado como crimen contra la paz en el proceso ante el tribunal internacional de Nüremberg de 1945 (Estatuto del TMI, art. 6, par. a). Esto fue reafirmado por la Resolución 95-I de la Asamblea General de la ONU del 11 de diciembre de 1946 (“Los Principios de Nüremberg”), así todos los Estados de las Naciones Unidas aprobaron tanto la definición de los crímenes contra la paz y su aplicación por el Tribunal de Nüremberg.

Después de los juicios ante los tribunales de Nüremberg y de Tokio, el crimen contra la paz ya se había establecido en el derecho internacional. En opinión de William Schabas, “Debido a que se había procesado exitosamente en Nüremberg y en Tokio, no puede haber duda que el crimen de agresión forma parte del derecho internacional consuetudinario”.[10]

Después, la definición del crimen de agresión logro convertirse en un crimen objeto de jurisdicción en el Estatuto de la CPI (Corte Penal Internacional), art. 8 bis. Según Claus Kress, “[…] la definición sustantiva del crimen de agresión cubre solo un uso de la fuerza por un Estado que alcanza un alto nivel de intensidad y que es indudablemente ilegal”.[11]

Una definición alcanzada señala que “El crimen de agresión es el crimen internacional par excellence porque, por un lado, implica una necesaria violación de la paz internacional, y, por otro lado, esta intrínsecamente vinculado a un conflicto interestatal”.[12]

Christian Henderson, Profesor Principal de Derecho Internacional de la escuela de derecho de la Universidad de Sussex, señaló: “Aunque la agresión existe posiblemente como crimen bajo el derecho internacional consuetudinario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ahora, después de las enmiendas de Kampala del 2010, dispone que las “personas en una efectiva posición de ejercer el control directo de la acción política o militar de un Estado” pueden afrontar procesamiento en la Corte por el crimen de agresión”.[13]

3. El crimen de agresión de Putin contra Ucrania

El crimen de agresión en el Estatuto de la CPI

En el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), artículo 8 bis, párrafo 1 (artículo insertado en el Estatuto y que lo enmienda en el 2010),[14] se considera que una persona comete crimen de agresión cuando como dirigente de un Estado conduce a dicho Estado a realizar un acto o guerra de agresión:

“1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que […] constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”.[15]

Acerca de la expresión acto de agresión del texto del art. 8 bis, pár. 1, en el siguiente párrafo 2 se proporciona la definición que indica lo que constituye el uso ilegal de la fuerza contra otro Estado o de forma incompatible con la Carta de la ONU. Esta definición reproduce el art. 2, par. 4, de la Carta que establece el principio de prohibición del uso de la fuerza. La definición dada en el art. 8 bis, pár. 2, dice:

“2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.”[16]

La jurisprudencia del caso del Canal de Corfú de la CIJ aclara que la prohibicion del uso de la fuerza de la Carta de la ONU, art. 2, par. 4, es absoluta,[17] y no solo en sentido textual de dicho dispositivo (i.e., solo contra la integridad territorial o la independencia de un Estado).

Una guerra de agresión constituye un acto ilicito internacional y conlleva la responsabilidad internacional del Estado, pues es quebrantamiento de la Carta de la ONU, art. 2, par. 4, que establece el principio de prohibicion del uso de la fuerza. Pero ahora, el quebrantamiento de este principio se criminaliza de conformidad con el Estatuto de la CPI, art. 8 bis, convirtiendose en un crimen de agresión lo que representaría la responsabilidad internacional penal del individuo.

De igual manera, con esta disposición nueva del art. 8 bis se ha conseguido la responsabilidad internacional del individuo, aparte de la ya establecida responsabilidad internacional del Estado, como consecuencia del quebrantamiento del citado art. 2, par. 4 de la Carta, lo que representa la criminalizacion por recurrir al uso ilegal de la fuerza.

Ademas, en este mismo art. 8 bis, párrafo 2, se enumeran los actos o hechos que constituyen acto de agresión (que reproduce la Resolución 3314 Definición de la Agresión de la Asamblea General de la ONU del 14 de diciembre de 1974):

“a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.”[18]

La guerra de agresión contra Ucrania iniciada el 26 de febrero del 2014 y que recrudeció cuando Rusia lanzó una invasión en gran escala el 24 de febrero del 2022, representa ya un crimen de agresión según el Estatuto de la CPI, art. 8 bis, par. 2, inc. a, donde se afirma que es un acto de agresión: “a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado […]”.[19]

Cuando Moscú ocupó Crimea, realizo un referendum pro forma y proclamó la subsiguiente anexión a Rusia (febrero-marzo 2014), ambos actos, la ocupación y la anexión, también se puede decir que constituyen un acto de agresión, pues según el mismo dispositivo del Estatuto, un acto de agresión es: “[…] toda ocupacion militar, […] toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado”.[20]

En aras del respeto del principio de igualdad soberana, es necesario considerar el discurso público de Putin sobre el cuestionamiento de Ucrania como Estado como un acto de agresión. Podria ser considerado un acto de agresión conforme con el Estatuto de la CPI, art. 8 bis, par. 1, que dice que una persona comete crimen de agresión cuando dicha persona “[…] planifica, prepara un acto de agresión […]”. Este discurso constituiría una amenaza contra la paz, lo que equivaldría al crimen de conspiración o complot contra la paz conforme con el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1945, art. 6, pár. a:

“a) Crímenes contra la paz: A saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados;”[21]

El apoyo que Rusia ha otorgado a los rebeldes de Donietsk y Luhansk, en organizarlos y armarlos, e incluso reconocerlos como Estados soberanos es otro acto de agresión contra la soberanía de Ucrania conforme con el Estatuto de la CPI, art. 8 bis, par 2, inc. g. Ello constituiría una violación del principio de no intervención en asuntos internos de los Estados establecido en la Carta ONU, art. 2, par. 7.

Mención aparte merece la responsabilidad del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en cometer crimen de agresión conforme con el art. 8 bis, par. 2, inc. f, cuando ha permitido que el territorio bielorruso sea utilizado por Rusia para lanzar su invasión contra Ucrania.

Uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el caso de la agresión rusa

Rusia ha recurrido al uso ilegal de la fuerza contra Ucrania desde febrero del 2014. Es ilegal pues dicho uso de la fuerza no se ajusta a lo estipulado por la tipología del uso legítimo de la fuerza bajo la Carta de las Naciones Unidas.

El art. 51 de la Carta sobre legítima defensa no convalida las guerras de agresión y solo procede cuando un Estado es atacado militarmente por otro Estado. Dice el art. 51: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabara el derecho inmanente de legítima defensa […] en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas […].”[22] Esta disposicion de la Carta de las Naciones Unidas es respaldada juridicamente por otras normas de Derecho Internacional.

La noción del ataque armado es esclarecida con lo prescrito en la Resolución 3314 Definición de la Agresión de 1974 emitida por la Asamblea General de la ONU que dice ad literam en el anexo, art. 2: “El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituiró prueba prima facie de un acto de agresión […]”. Como sabemos, Ucrania no ha efectuado un ataque armado contra Rusia, en realidad es todo lo contrario, pues desde el 26 de febrero del 2014 Rusia ha atacado e invadido Ucrania.

Bajo el art. 51, la legitima defensa solo procede frente a un ataque armado, y prohibe acción o guerra preventiva. Este concepto se reafirma con la jurisprudencia del caso Nicaragua. En el caso Nicaragua de 1986, la CIJ señaló que la legitima defensa solo es permitida contra un ataque armado. La jurisprudencia de la Corte dice: “[…] las Partes se basan únicamente en el derecho de legítima defensa en el caso de un ataque armado que ya se ha producido, […]”.[23]

Tal como expresa el art. 51, la legitima defensa debe representar la adopción de medidas provisionales “[…] hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales.”[24] Empero, en este caso Rusia no ha adoptado medidas provisionales, sino que ha llevado a cabo una invasión planificada y de conquista de toda Ucrania.

Ademas, la legitima defensa debe estar limitada por el principio de proporcionalidad, limitación ya reconocida por el derecho consuetudinario, y esta implícito con el concepto de legítima defensa. La validez de la respuesta frente a la agresión “depende de la observancia de los criterios de la necesidad y de la proporcionalidad de las medidas tomadas en legítima defensa”.[25]

En razón de los objetivos de la Carta, la legítima defensa del art. 51 debe limitar el uso de la fuerza permisible al principio del mínimo necesario. Si no fuera asi, la legítima defensa permitiría desatar guerras ilimitadas, mundiales, o totales sólo como respuesta

a ataques, choques, o conflictos fronterizos.[26] En consecuencia, la legítima defensa está restringida a la restauración del status quo ante, y los medios empleados en la legítima defensa tienen que ser medios necesarios y proporcionales a la violación o ataque armado que provocó el ejercicio del derecho de la legítima defensa.[27]

En la hipótesis que Ucrania hubiera atacado primero a Rusia, la “legítima defensa” rusa como respuesta ha sido desproporcionada y por supuesto no se basa en lo mínimo necesario, porque los medios utilizados en la legítima defensa rusa no han sido los mínimos medios necesarios, ni proporcionales a la supuesta agresión que motivo la citada legítima defensa, si es que en realidad hubo algun acto de agresión ucraniano contra el gigante ruso.

Esta regla refuerza la posición que una acción, ataque, o guerra preventiva es inadmisible. Esto es debido a que no puede haber un ataque preventivo desde que no será una respuesta proporcional a simples preparativos. En el caso del Canal de Corfú de 1949, la CIJ que los métodos de autoprotección o autoayuda no eran aceptados en el Derecho Internacional moderno.[28] Frente a la cuestión de la validez de la intervención o de la auto-protección, la Corte afirma en el caso del Canal de Corfú:

“La Corte sólo puede considerar al supuesto derecho de intervención como la manifestación de una política de fuerza, que ha dado lugar en el pasado a los abusos más graves y que no puede, cualesquiera que sean los defectos actuales en la organización internacional, encontrar un lugar en el derecho internacional. La intervención es quizás aún menos admisible en la forma particular que adoptaría aquí; porque por la naturaleza de las cosas, estaría reservada a los Estados más poderosos, y podría conducir fácilmente a pervertir la propia administración de justicia internacional.

El Agente del Reino Unido, en su intervención de respuesta, ha clasificado además la «Operación Retail» entre los métodos de autoprotección o autoayuda. La Corte tampoco puede aceptar esta defensa. Entre los Estados independientes, el respeto de la soberanía territorial es un fundamento esencial de las relaciones internacionales.”[29]

Rusia ha desencadenado una guerra de agresión, sin respetar el principio de proporcionalidad, una guerra planificada en gran escala para conquistar toda Ucrania, con ofensivas general rusa en toda la frontera ruso-ucraniana e incluso desde territorio bielorruso. Si esto es una “guerra preventiva” entonces será un uso ilegal de la fuerza.

Mientras, el uso de la fuerza bajo el Consejo de Seguridad (art. 42) tampoco procede desde que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha ordenado ninguna medida coactiva respectiva contra Ucrania.

Lo que tampoco sucede con el uso de la fuerza por Organismos Regionales (art. 53, par. 1) desde que el Consejo de Seguridad no autorizo uso de la fuerza a alguna Organización Regional contra Ucrania. Dice el art. 53, pár. 1: “[…] no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad […]”.[30]

Responsabilidad internacional de Rusia

Con la guerra de invasión de Ucrania, Rusia ha incurrido en responsabilidad internacional del Estado por quebrantamiento de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), art. 2, párrafos 1, 3, 4 y 7 (principios de igualdad soberana de los Estados, solución pacífica de controversias, prohibición del uso de la fuerza, y no intervención).

La invasión podría motivar una demanda de Kiev contra Moscú ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia) por violación de la Carta de la ONU. Esto es debido a que Rusia ha quebrantado los principios establecidos en el art. 2 de la Carta: la soberanía de Ucrania con la agresión, no ha aplicado la solución pacífica de controversias internacionales con Kiev, ha recurrido ilegalmente al uso de la fuerza en la invasión a Ucrania, y ha intervenido ilegalmente en asuntos internos al reconocer a los Estados titere separatistas de Donietsk y Lugansk.

Asimismo, Rusia ha realizado esta guerra de agresión en violación de tratados internacionales que estaba obligada a cumplir, i.e., principio pacta sunt servanda o de buena fe (Carta ONU, art.2, par. 2). Entre los tratados quebrantados por Rusia con su invasión a Ucrania estan:

El Acta Final de Helsinki (1 de agosto de 1975):

La URSS prometía no violar la “integridad territorial” de los demás signatarios (mediante la guerra y el uso de la fuerza).

La Declaración de Alma-Ata (21 de diciembre de 1991):

En la cual Rusia se compromete a reconocer y respetar “la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras existentes” de Ucrania.

El Memorandum de Budapest sobre Garantías de Seguridad (5 de diciembre de 1994):

Según el cual Rusia (junto a EEUU y el Reino Unido) aceptaba “respetar la independencia y soberanía y las fronteras actuales de Ucrania”.

El Tratado de Amistad entre Ucrania y Rusia (31 de mayo de 1997):

Fue un tratado que reconocía la inviolabilidad de las fronteras existentes, y respeto por la integridad territorial y compromiso mutuo de no utilizar su territorio para perjudicar al otro. El tratado previene que una parte invada al otro. El tratado expiro 31 de marzo del 2019 y no se renovo en vista de la agresión rusa de febrero del 2014.

Los dos Acuerdos de Minsk del 2014 y del 2015:

El Protocolo de Minsk del 5 de setiembre del 2014 y el Acuerdo de Minsk II del 12 de febrero del 2015, que son acuerdos de cese al fuego firmados por Rusia y Ucrania relacionados con el conflicto armado internacional iniciado en febrero del 2014.

Empero, Ucrania ya había demandado a Rusia ante la CIJ por violación de la Convención contra el Genocidio de 1948. En dicho caso, la Corte mundial habia emitido una Orden el 16 de marzo del 2022 donde indica dos medidas provisionales exigiendo en la primera medida que: “(1) […] La Federación Rusa suspenda inmediatamente las operaciones militares que inicio el 24 de febrero del 2022 en el territorio de Ucrania […].”[31]

Mientras que en la segunda medida provisional, la Corte Internacional de Justicia exige que:

“(2) […] La Federación Rusa se asegurara que todas las unidades armadas militares o irregulares que pueden estar dirigidas o apoyadas por ella, así como todas las organizaciones y personas que puedan estar sujetas a su control o dirección, no tomaran medidas para continuar las operaciones militares referidas en el punto 1 arriba”.[32]

Acerca de los alegatos rusos

Huelga decir que el argumento ruso de guerra preventiva contra Ucrania (según Putin, Ucrania planeaba agredir a las “republicas” artificiales de Donitesk y Lugansk), no es aceptado por el Derecho Internacional. Esto se debe a que el art. 51 de la Carta de la ONU habla de legitíma defensa frente a un ataque realizado, no ataques supuestos o futuros, mientras que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfú rechaza la validez de las guerras preventivas. En todo caso, los Estados titere del Donbass no son reconocidos y siguen formando parte de Ucrania.

Por otro lado, el alegato de Moscú que su intervención tiene por fin impedir el genocidio cometido por el gobierno de Kiev no es válida desde que el DI rechaza la intervención humanitaria como regla. La Carta de la ONU no la incluye. En todo caso, no existe tal genocidio. Pero en estos casos, Moscú debió haber recurrido al Consejo de Seguridad de la ONU o denunciado a Ucrania por violación de la Convención contra el Genocidio de 1948 ante la Corte Internacional de Justicia.

Otra postura rusa, como justificación para atacar Ucrania, indica que Kiev representa una amenaza a Rusia debido a que Kiev busca integrarse en la OTAN y en la UE (Unión Europea), y esta invasión es una respuesta a la expansión de la OTAN. Ergo, Moscú exige la desmilitarización de Ucrania. Sin embargo, conforme con el DI, la adhesión de un Estado a un tratado o una OI de defensa como la OTAN o de integración económica como la UE no constituye una acto ilícito internacional. En virtud del principio de soberania, Ucrania tiene la libertad de suscribir o adherirse a los tratados internacionales que desee, sin amenaza del uso de la fuerza por cualquier otro Estado como Rusia.

Asimismo, un Estado no puede exigir a otro su desarme bajo amenaza del uso de la fuerza. Si Rusia exige a Ucrania su desmilitarización o desarme, Ucrania también podría exigir lo mismo a Rusia. Si Rusia desea tratar un asunto de seguridad con Ucrania, deberá recurrir al principio de solución pacífica de controversias internacionales.

Rusia afirma que su guerra de invasión procede porque es legítima defensa preventiva. Empero, el art. 51 de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional moderno no convalidan la guerra preventiva, y Moscú no puede alegar legítima defensa pues no ha habido agresión armada ucraniana que es su prerrequisito.

También, Moscú afirma que es legítima defensa colectiva para defender a los “Estados” de Donietsk y de Luhansk. Es evidente que Rusia al reconocerlos como Estados el 21 de febrero del 2022 (mediante tratados de amistad y asistencia) lo hizo con la finalidad de legitimar o de facilitar la invasión a Ucrania el 24 de febrero bajo el pretexto de legitima defensa colectiva. A pesar que la legítima defensa debe respetar el principio de proporcionalidad.

Empero, los Estados creados por los rusos lo son como consecuencia de una guerra de agresión y constituyen territorio ucraniano ocupado por Rusia. Los “Estados” de Donietsk y de Lugansk no son más legitimos como Estados como lo fueron los Estados títere creados por los nazis de Eslovaquia y de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial.

Rusia señaló que debido a que Ucrania cometía genocidio contra los rusos étnicos estaba realizando la intervención humanitaria. Sin embargo, no existe política gubernamental ucraniana de genocidio, ni Rusia ha probado su cometimiento; en todo caso, Moscú no ha presentado su denuncia ante los órganos pricipales de la ONU como el Consejo de Seguridad, la CIJ o la Asamblea General.

La jurisdicción de la CPI en este caso

La CPI fue creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma y, después de recibir las ratificaciones necesarias, entró en vigor en el 2002. Actualmente, tiene 123 Estados partes y 14 Estados solo lo han firmado.

Rusia firmó el Estatuto el 13 de setiembre del 2000, durante los primeros meses del flamante nuevo gobierno de Putin.

El 14 de noviembre del 2016, la CPI publicó un informe sobre su investigación preliminar acerca de la intervención militar rusa en Ucrania que concluyó que: «El derecho de los conflictos armados internacionales seguiría aplicándose después del 18 de marzo de 2014 [fecha de la anexión de Crimea por Rusia] en la medida en que la situación dentro del territorio de Crimea y Sebastopol equivale de hecho a un estado de ocupación en curso.»[33]

Además, la CPI señalo que:

«Información adicional, como los bombardeos reportados por ambos Estados de posiciones militares del otro, y la detención de personal militar ruso por Ucrania, y viceversa, apunta a un compromiso militar directo entre las fuerzas armadas rusas y las fuerzas gubernamentales ucranianas que sugeriría la existencia de un conflicto armado internacional en el contexto de las hostilidades armadas en el este de Ucrania”.[34]

En respuesta, el 30 de noviembre del 2016, el gobierno de Putin, en un comunicación dirigida al secretario general de la CPI, informaba “la intención de la Federación Rusa de no convertirse en parte del Estatuto de Roma”.

Por su parte, Ucrania firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 20 de enero del 2000. Empero, no ratifico el tratado, y no es parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, de conformidad con las dos declaraciones (cumpliendo con lo requerido por el Estatuto de la CPI, artículo 12, párrafo 3), presentadas por el Gobierno de Ucrania el 17 de abril de 2014 y el 8 de septiembre de 2015, la Corte Penal Internacional puede ejercer jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Ucrania a partir del 21 de noviembre de 2013.

Condena internacional de la agresión contra Ucrania

La guerra de agresión rusa contra Ucrania ha recibido la condena mundial expresada inequivocamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al respecto, la resolución 68/262 Integridad territorial de Ucrania de la Asamblea General del 27 de marzo del 2014 afirma: “La Asamblea General […] 1. Afirma su compromiso con la soberanía, independencia política, unidad, e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.[35]

Mientras, en la Resolución ES-11/1 Agresión contra Ucrania del 2 de marzo del 2022 de la Asamblea General de las Naciones Unidas declara que: “Deplora en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en contravención del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta”.[36]

Asimismo, en esta misma Resolución, la Asamblea General ha condenado la complicidad de Bielorrusia en esta invasion afirmando que: “Deplora la participación de Bielorrusia en este uso ilícito de la fuerza contra Ucrania y exhorta al país a que cumpla sus obligaciones internacionales”.[37] Por su participación en el crimen de agresión contra Ucrania, el dictador bielorruso Alexandr Lukashenko (dictador de Bielorrusia desde 1994) ha incurrido también en responsabilidad internacional penal individual.

La guerra de agresión e invasión a gran escala contra Ucrania es la invasión más grande y clara en décadas. Ha tenido condena de la Asamblea General de la ONU, Consejo de Europa y la UE, y casi todos los Estados del mundo.

El crimen de agresión contra Georgia

De igual forma, Georgia podria plantear la misma demanda contra Rusia por el apoyo ruso a los separatistas en las guerras de Abjasia y Osetia del Sur, y por su apoyo a la declaración de independencia en julio de 1992. Después del reinicio de la guerra separatista de Abjasia en el 2006 y de Osetia del Sur en el 2008, Rusia decidió invadir y reconocer como Estados a Abjasia y Osetia del Sur el 26 de agosto del 2008 en la guerra ruso-georgiana del 2008.

Anteriormente, Georgia ya ha demandado a Rusia ante el máximo tribunal mundial por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Rusia también ha agredido a Georgia por la intención de este Estado de integrarse a la Unión Europea y la OTAN.

Conclusiones

El crimen de agresión esta firmemente establecido en el derecho internacional consuetudinario desde el proceso ante el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1945. Mientras, que se ha establecido en el derecho internacional convencional con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 8 bis.

El restablecimiento de la paz global, el fin de la agresión contra Ucrania y el cese de una amenaza de una guerra mundial requiere que Rusia respete los principios establecidos en la Carta de la ONU y en la Declaracion sobre las Relaciones de Amistad entre los Estados proclamados en la Resolucion 2625 del 24 de octubre de 1970 de la Asamblea General de la ONU.

La guerra de agresión e invasión de Rusia contra Ucrania se inició el 26 de febrero del 2014 y prosigue hasta la actualidad. En parte de los territorios ucranianos ocupados, Rusia ha proclamado la anexión de Crimea y creado los Estados titere de Donietsk y Luhansk. Estos son actos que quebrantan el derecho internacional y que la comunidad internacional representada por la Asamblea General de las Naciones Unidas rechaza.

Por la guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha incurrido en responsabilidad internacional del Estado por violación de tratados internacionales. Mientras, por la misma guerra de agresión Vladimir Putin ha incurrido en responsabilidad penal internacional individual por cometer crimenes de agresión sea bajo el derecho internacional consuetudinario o el derecho internacional convencional. Alexandr Lukashenko, dictador de Bielorrusia, también ha incurrido en responsabilidad penal individual por complicidad en la guerra de invasión de Ucrania.

Respecto de los alegatos esgrimidos por el gobierno de Putin, como justificación a la invasión de Ucrania, debemos recordar que estos no tienen ningún fundamento en el derecho internacional. Alguien comento que no se trata de la guerra de Rusia contra el mundo, sino de la guerra de Putin contra el Derecho Internacional.

Anexo:

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU AGRESIÓN CONTRA UCRANIA (2 DE MARZO DEL 2022)

Resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2022

ES-11/1. Agresión contra Ucrania

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia fundamental de la Carta de las Naciones Unidas en la promoción del estado de derecho entre las naciones,

Recordando la obligación que incumbe a todos los Estados, con arreglo al Artículo 2 de la Carta, de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independenci a política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos,

Recordando también la obligación prevista en el Artículo 2, parrafo 2, de la Carta, según la cual todos los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta,

Tomando nota de la resolución 2623 (2022) del Consejo de Seguridad, de 27 de febrero de 2022, en la que el Consejo convocó un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General para examinar la cuestión que figura en el documento S/Agenda/8979,

Recordando la resolución 377 A (V) de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 1950, titulada “Unión pro paz”, y teniendo en cuenta que la falta de unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en su 8979ª sesión ha impedido al Consejo ejercer su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales,

Recordando también su resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, en la que aprobó la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmando los principios que figuran en ella de que el territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza, y que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta,

Recordando además su resolución 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, en la que se define la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta,

Teniendo presente la importancia de mantener y fortalecer la paz internacional basada en la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos y de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo,

Recordando el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, firmada en Helsinki el 1 de agosto de 1975, y el Memorando de Garantías de Seguridad en Relación con la Adhesión de Ucrania al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (Memorando de Budapest), de 5 de diciembre de 1994,

Condenando la declaración hecha por la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022 de una “operación militar especial” en Ucrania,

Reafirmando que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza,

Expresando grave preocupación por los informes de ataques contra instalaciones civiles como residencias, escuelas y hospitales, y por las bajas civiles, en particular las de mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y niños y niñas,

Reconociendo que las operaciones militares de la Federación de Rusia dentro del territorio soberano de Ucrania son de una magnitud que la comunidad internacional no ha visto en Europa desde hace décadas y que se necesita una acción urgente para salvar a esta generación del flagelo de la guerra,

Haciendo suya la declaración del Secretario General de 24 de febrero de 2022 en la que recordó que el uso de la fuerza por parte de un país contra otro es la negación de los principios que todos los países se han comprometido a defender y que la actual ofensiva militar de la Federación de Rusia es contraria a la Carta,

Condenando la decisión de la Federación de Rusia de elevar el nivel de disponibilidad operacional de sus fuerzas nucleares,

Expresando grave preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania y sus alrededores, donde hay un número creciente de desplazados internos y refugiados que necesitan ayuda humanitaria,

Expresando preocupación también por las posibles repercusiones del conflicto en el aumento de la inseguridad alimentaria en todo el mundo, al ser Ucrania y la región una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a las exportaciones de cereales y productos agrícolas, cuando millones de personas se enfrentan a una situación de hambruna, corren un riesgo inmediato de hambruna o experimentan inseguridad alimentaria grave en varias regiones del mundo, así como en la seguridad energética,

Acogiendo con beneplácito los continuos esfuerzos del Secretario General y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otras organizaciones internacionales y regionales por contribuir a la distensión de la situación con respecto a Ucrania, y alentando la continuación del diálogo,

1. Reafirma su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, que se extienden a sus aguas territoriales;

2. Deplora en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, en contravención del Artículo 2 parrafo 4 de la Carta;

3. Exige que la Federación de Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado Miembro;

4. Exige también que la Federación de Rusia retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

5. Deplora la decisión relativa al estatuto de determinadas zonas de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk adoptada por la Federación de Rusia el 21 de febrero de 2022, que constituye una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y es incompatible con los principios de la Carta;

6. Exige que la Federación de Rusia revierta de inmediato y sin condiciones la decisión relativa al estatuto de determinadas zonas de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk;

7. Exhorta a la Federación de Rusia a que respete los principios establecidos en la Carta y en la Declaración sobre las Relaciones de Amistad;

8. Exhorta a las partes a que cumplan los acuerdos de Minsk y lleven a cabo en los marcos internacionales pertinentes, incluidos el formato de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral, una labor constructiva que conduzca a su plena aplicación;

9. Exige a todas las partes que permitan el paso seguro y sin restricciones a destinos fuera de Ucrania y que faciliten el acceso rápido, seguro y sin trabas de la asistencia humanitaria a quienes la necesitan en Ucrania, que protejan a la población civil, incluido el personal humanitario y las personas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los migrantes y los niños y las niñas, y que respeten los derechos humanos;

10. Deplora la participación de Belarús en este uso ilícito de la fuerza contra Ucrania y exhorta al país a que cumpla sus obligaciones internacionales;

11. Condena todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y los abusos de los derechos humanos, y exhorta a todas las partes a que respeten estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I, de 1977, según proceda, y a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, y, a este respecto, exige además que todas las partes garanticen el respeto y la protección de todo el personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a funciones médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como de los hospitales y otras instalaciones sanitarias;

12. Exige que todas las partes cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario de no causar daño a la población civil ni los bienes de carácter civil, absteniéndose de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y respetando y protegiendo al personal humanitario y los envíos utilizados para las operaciones de socorro humanitario;

13. Solicita al Coordinador del Socorro de Emergencia que presente, 30 días después de que se haya aprobado la presente resolución, un informe sobre la situación humanitaria en Ucrania y sobre la respuesta humanitaria;

14. Insta a la inmediata solución pacífica del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos;

15. Acoge con beneplácito los continuos esfuerzos del Secretario General, los Estados Miembros, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otras organizaciones internacionales y regionales por contribuir a la distensión de la situación actual, así como los esfuerzos de las Naciones Unidas, en particular del Coordinador de las Naciones Unidas para la Crisis en Ucrania, y de las organizaciones humanitarias por responder a la crisis humanitaria y de refugiados a que ha dado lugar la agresión cometida por la Federación de Rusia, e insta a que prosigan dichos esfuerzos;

16. Decide suspender temporalmente su undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar a su Presidencia a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.

1ª. sesión plenaria

2 de marzo de 2022

Notas Finales

  1. Estas protestas o movimiento (europeista) euromaidan (“europlaza”, se realizaron en la Plaza de la Independencia, o “Maidan Nezalezhnosti”, de Kiev; “maidan” del ucraniano, plaza) que se realizaron en gran escala y estallaron en respuesta a la decision del presidente Yanukovich de no firmar un acuerdo de asociacion con la UE y un acuerdo de libre comercio con la UE, eligiendo en su lugar vínculos mas estrechos con Rusia y la Zona (Unión) Económica Euroasiatica. El euromaidan, o movimiento de protestas europeistas realizadas en la Plaza de la Independencia de Kiev, significó un profundo viraje en la politica de Ucrania.
  2. La ONU afirmó la posición de la comunidad mundial al reconocer a Crimea como parte de Ucrania y al rechazar el referendum organizado por Rusia mediante la Resolucion 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada Integridad territorial de Ucrania, aprobada el 27 de marzo del 2014.
  3. Algunos Estados han otorgado reconocimiento a ambas entidades: Osetia del Sur el 18 (a Luhansk) y el 27 (a Donietsk) de junio del 2014, Abjasia el 25 de junio del 2022, Siria el 29 de junio del 2022. Recordemos que Abjasia y Osetia del Sur son regimenes de facto o Estados de facto, i.e. Estados no reconocidos.
  4. CPI, Report on Preliminary Examination Activities 2016 (14 de noviembre del 2016), pár. 158, p. 35.
  5. Asamblea General de la ONU, Resolución 68/262 Integridad territorial de Ucrania (27 de marzo del 2014).
  6. BBC News Mundo, “Rusia y Ucrania: el amenazante discurso de Putin en el que puso en duda la soberania del pais vecino”, 21 de febrero del 2022.
  7. Ibid.
  8. Vid., Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 111. En el Pacto Briand-Kellogg de 1928, “La guerra agresiva fue declarada ilegal. Mas, aparece de los trabajos preparatorios que todas las partes se reservaban el derecho de ir a la guerra en autodefensa”. Vid., Augusto Hernández, La Corte Penal Internacional y la definición del crimen de agresión (Lima: Fondo Editorial de la USIL, 2020), p. 140.
  9. Vid., A. Cassese, ibid.
  10. William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p. 148.
  11. Claus Kress, “On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression”, en Pavel Sturma (ed.), The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary (Leiden: Brill-Nijhoff, 2019), p. 62.
  12. Elena Maculan, “El crimen de agresión”, en Alicia Gil Gil y Elena Maculan (dirs.), Derecho Penal Internacional (Madrid: Dykinson, 2019), p. 473.
  13. Christian Henderson, The Use of Force and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), p. 37.
  14. El art. 8 bis fue una enmienda insertada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 mediante la resolución RC/Res. 6, anexo I, del 11 de junio del 2010.
  15. Estatuto de la CPI, art. 8 bis, pár. 1. La cursiva es nuestra.
  16. Estatuto de la CPI, art. 8 bis, par. 2.
  17. Caso del Canal de Corfú, Sentencia del 9 de abril de 1949 (ICJ Reports 1949), pp. 34-35. Asimismo, debese recordar que la Carta, art. 2, par. 4, dice “[…] o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
  18. Transcribe la Resolucion 3314, Anexo, artículo 3 (donde se enumeran los actos que constituyen un acto de agresión).
  19. Estatuto de la CPI, art. 8 bis, par. 2, inc. a.
  20. Ibid.
  21. Estatuto del Tribunal Militar Internacional (de Nüremberg) de 1945, art. 6, pár. a.
  22. Carta de las Naciones Unidas, art. 51. La negrita es nuestra.
  23. Caso Actividades Militares y Paramilitares en contra Nicaragua (Nicaragua vs EEUU), sentencia, ICJ Reports 1986 (Caso Nicaragua), p. 103, par. 194.
  24. Brun-Otto Bryde, “Self-Defense”, en R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 (2000), p. 362.
  25. Caso Nicaragua, ibid.
  26. Brun-Otto Bryde, “Self-Defense”, en R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 (2000), p. 362.
  27. Bryde, op. cit., p. 363.
  28. K.J. Skubiszewski, “Uso de la fuerza. Seguridad Colectiva. Derecho de Guerra y de Neutralidad”, en: Max Sorensen (ed.), Manual de Derecho Internacional Público (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1973), p. 701.
  29. Caso del Canal de Corfú (GB vs Albania), sentencia del 9 de abril de 1949, ICJ Reports 1949, p. 35.
  30. Ibid., art. 53, par. 1. La negrita es nuestra. La cuarta categoria del uso de la fuerza prevista por la Carta, el uso de la fuerza contra los Estados enemigos (Carta de la ONU, art. 53, par. 1), es anacronica, y obviamente no es aplicable.
  31. Caso Alegatos de Genocidio bajo la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio (Ucrania vs. Rusia), Medidas provisionales, Orden del 16 de marzo del 2022, ICJ Reports 2022, p. 19, pár. 86.
  32. Ibid.
  33. CPI, Report on Preliminary Examination Activities 2016 (14 de noviembre del 2016), pár. 158, p. 35.
  34. CPI, Report on Preliminary Examination Activities 2016 (14 de noviembre del 2016), pár. 169, p. 37.
  35. Asamblea General de la ONU, Resolución 68/262 Integridad territorial de Ucrania (27 de marzo del 2014).
  36. Asamblea General de la ONU, Resolución ES-11/1 Agresión contra Ucrania (2 de marzo del 2022).
  37. Ibid.

Agradecimientos del autor

Deseo agradecer el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para mi reciente estancia de investigación postdoctoral dentro de la cual he realizado de este trabajo.

Al fraile dominico Francisco de Vitoria, profesor de la catedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca desde 1526 y padre del Derecho Internacional.

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