¿Hacia dónde va el gobierno del presidente Bukele?

septiembre 15, 2022

Diego Lopez Sisniega

Universidad Francisco de Vitoria

CIGODESE

En los últimos meses, la comunidad internacional observa con lógica preocupación la deriva autoritaria adoptada por el gobierno salvadoreño. Recientemente, la portavoz de la oficina de derechos humanos expresaba su preocupación: “5.747 personas han sido detenidas sin una orden de arresto, y algunas han sido supuestamente sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Resumen:

Su acceso al cargo estuvo acompañado, desde el principio, por un deseo de cambio por parte de los salvadoreños después de varias décadas de gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, que toleraron la corrupción y el despilfarro, así como el “amiguismo” político durante sus mandatos. Sin embargo, los resultados, después de poco más de tres años en el poder, no son los esperados en lo relativo al respeto a la división de poderes, los derechos humanos y la libertad de expresión, entre otros indicadores que alertan sobre la alarmante decadencia de la democracia en el país.

Palabras Clave: El Salvador, Nayib Bukele, Democracia, División de Poderes, Libertad de Expresión.

Abstract:

His accession to office was accompanied, from the beginning, by a desire for change on the part of Salvadorans after several decades of governments, both left and right, that tolerated corruption and waste, as well as political cronyism. during their terms. However, the results, after just over three years in power, are not what was expected in terms of respect for the division of powers, human rights and freedom of expression, among other indicators that warn of the alarming decline of democracy in the country.

Keywords: El Salvador, Nayib Bukele, Democracy, Division of Powers, Freedom of Expression.

Análisis:

El presidente Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, convirtiéndose en el 46.º presidente de la República de El Salvador, periodo que finalizará, de acuerdo con la constitución vigente, el 1 de junio de 2024.

Desde sus inicios en política, el gobernante mostró algunos rasgos definitorios de su personalidad como líder: Su desprecio al resto de poderes del estado cuando estos no comparten sus decisiones políticas, la realización de potentes campañas de publicidad personal, así como un claro enfrentamiento con la prensa que se muestra crítica con su gestión.

Es bastante revelador el caso del periódico digital “El Faro”, medio contra el cual el presidente ha emprendido una campaña de desprestigio debido a la publicación informaciones comprometedoras contra su Gobierno. Ejemplo de lo anterior es la opaca contratación por parte del Ministerio de Educación del hijo del viceministro para el desempeño de un puesto para el que no cuenta con la cualificación necesaria^[1]

Después de año y medio de gestión presidencial, se celebraron en El Salvador las elecciones legislativas y municipales, que fueron planteadas, según un análisis realizado por los investigadores del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud y Rogelio Núñez, como “un plebiscito sobre su figura. Bukele mantiene un 90% de popularidad, al encarnar lo nuevo frente a las viejas alternativas y en la más típica tradición populista ha construido la dicotomía pueblo frente a elite/antipueblo.”^[2] Elecciones que el oficialismo gano con claridad en virtud del resultado obtenido: 61 diputados para el partido del gobierno, la mayoría absoluta está cifrada en 56, lo que permitió al presidente remover, sin seguir el proceso legalmente establecido, al fiscal general de la República y a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional quedando demostrado, una vez más, su desdén por la separación de poderes y, por tanto, por la democracia liberal.

El 27 de marzo del presente año, el presidente decidió aumentar su poder en el país centroamericano: La Asamblea Legislativa, en la que cuenta con una sólida mayoría, como se ha señalado antes, aprobó el Estado de Excepción Constitucional en virtud del Art. 29 de la Constitución Salvadoreña. Se buscaba controlar el fenómeno de “Las Maras” pero, a su vez, la aplicación del citado precepto constitucional conlleva un recorte sustancial de las libertades constitucionales de la población, como son la inviolabilidad de las comunicaciones y el respeto al debido proceso entre otras.

No se puede negar el éxito de esta medida en la disminución de la inseguridad ciudadana en El Salvador. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿Hacia dónde va el gobierno del presidente Bukele?

Bajo la justificación de proteger a la ciudadanía de la violencia de las pandillas y amparándose en el régimen de excepción, las fuerzas armadas y policiales someten a residentes de comunidades pobres y personas de la clase trabajadora a un sistemático acoso e intimidación, amenazas, robos, extorsiones y chantajes desde todo punto de vista injustificados.

El Art. 30 de la constitución salvadoreña, establece que “El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto…”^[3] . En este punto parece pertinente plantear el siguiente dilema: Al contar el partido en el gobierno con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, ¿Puede el órgano legislativo plantear cuantas prórrogas desee de este recorte de las libertades constitucionales? ¿Ha terminado Bukele con los contrapoderes democráticos? Parece ser que sí, puesto que el pasado 17 de agosto la Asamblea Legislativa aprobó la quinta prórroga del Estado de Excepción por 30 días más.^[4] Una pregunta más: En la actualidad, ¿El Salvador es una democracia liberal o se encamina a convertirse en una dictadura?

En los últimos meses, la comunidad internacional observa con lógica preocupación la deriva autoritaria adoptada por el gobierno salvadoreño. Recientemente, la portavoz de la oficina de derechos humanos expresaba su preocupación: «5.747 personas han sido detenidas sin una orden de arresto, y algunas han sido supuestamente sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes».^[5]

Conclusión

Se considera imprescindible el cese inmediato de la vulneración de los Derechos Humanos que se está produciendo con el pretexto de la vigencia del Estado de Excepción constitucional. Además, el Gobierno debe liderar la elaboración de un “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” que involucre a todas las fuerzas vivas del país con el objetivo común acabar con la inseguridad ciudadana existente en territorio salvadoreño desde hace más de cuatro décadas. Y como última observación, se debe retornar a la normalidad constitucional, con el consiguiente restablecimiento pleno de las libertades constitucionales amparadas por la constitución de la República de El Salvador, aprobada el 15 de diciembre de 1983.