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Colombia, desde hace ya varios años, asumió el enfoque multidimensional para plantear su política de defensa y seguridad nacional, mientras que el nuevo gobierno del presidente electo, de acuerdo con su planteamiento, buscará pasar a un enfoque de seguridad humana donde la seguridad ciudadana es la que más atención ha acaparado.

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Capitán de fragata (RA) Carlos Antonio Pinedo Herrera [1]
Ana Milena Molina[2]

Colombia no ha sido ajena a la nueva ola de gobiernos progresistas que se viene consolidando en América Latina. Es así como en las pasadas elecciones presidenciales, llevadas a cabo el 19 de junio, con el triunfo del llamado Pacto Histórico liderado por Gustavo Francisco Petro Urrego, la izquierda logra acceder a la presidencia después de 200 años de vida republicana y una alternancia entre el partido liberal y conservador.

Este triunfo, para varios sectores sociales del país, es también producto del proceso de paz del 2016, que ha permitido acabar con el fantasma de una insurgencia armada o de una izquierda socialista cuya única forma de acceder al poder sería mediante las armas. Un supuesto que se ha instrumentalizado en cada campaña electoral.  A lo anterior, se debe añadir el creciente descontento en algunos sectores sociales que han visto la profundización de la pobreza, desigualdad, corrupción y los efectos de la pandemia del Covid 19, tanto a nivel económico como en el sistema de salud. Todo ello ha abonado el camino para la llegada de la izquierda colombiana al poder.

Ahora bien, en cuanto a la política de seguridad y defensa del nuevo gobierno lo más importante a resaltar es la transformación planteada. Colombia, desde hace ya varios años, asumió el enfoque multidimensional para plantear su política de defensa y seguridad nacional, mientras que el nuevo gobierno del presidente electo, de acuerdo con su planteamiento, buscará pasar a un enfoque de seguridad humana donde la seguridad ciudadana es la que más atención ha acaparado en los documentos que se conocen con énfasis en la “desmilitarización de la vida nacional”. Lo anterior asumiendo de lleno un escenario de construcción de paz luego de la terminación de un conflicto. En cuanto a cómo se desarrollarán las alianzas estratégicas existentes en términos de cooperación con Estados Unidos y la OTAN, no se esperarían cambios radicales. Sin embargo, es necesario dar tiempo al nuevo gobierno para que profundice sus líneas al respecto.

Así las cosas, la futura política de seguridad basada en un enfoque de seguridad humana prevé, como uno de sus ejes principales, la necesaria reestructuración de la policía nacional, para rescatar su naturaleza civil. Es importante tener en cuenta que en Colombia la policía nacional es una institución de carácter civil pero cuyo estatuto podría considerarse como militar. Actualmente su dirección general está adscrita al Ministerio de Defensa y diversos estatutos y reglamentos obedecen al régimen militar como, por ejemplo, que sus funcionarios están bajo la jurisdicción de la justicia penal militar. La propuesta del nuevo gobierno buscaría su transferencia al Ministerio del Interior o de Justicia.  Inclusive hay quienes consideran la creación de un Ministerio de seguridad ciudadana. Esto, según el nuevo gobierno, permitiría de mejor manera “garantizar la convivencia y seguridad humana, no cumpliría funciones exclusivas de las Fuerzas Militares ni prestaría servicios de escolta o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales”.

Este esquema de seguridad orientado hacia la seguridad humana favorecerá la implementación  de los diferentes tópicos del acuerdo de paz del 2016, ya que en la política general de gobierno se observa un especial énfasis en el desarrollo de las comunidades supliendo no sólo problemas de seguridad ciudadana, sino abordando las raíces históricas del conflicto armado en Colombia que se centran en problemas no resueltos  como  el cumplimiento de la reforma rural integral, la distribución de tierras, la ejecución  transparente de los recursos financieros para el posconflicto,  entre otros.   En la misma línea, para lograr la denomina paz estable y duradera, el nuevo gobierno deberá trabajar en un acercamiento con la denominada guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y lograr el desmantelamiento de reductos de las antiguas FARC, que, en alianza con otros grupos armados ilegales, siguen teniendo presencia en los territorios más apartados de la geografía nacional. 

En cuanto a las fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), el programa de gobierno de Gustavo Petro plantea una cúpula militar pro paz, que deberá abordar temas como el desmonte del servicio militar obligatorio que, en un país fuera de conflicto interno o externo, no se considera necesario; la profundización en la formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario; la revisión de la política de ascensos y administración de los recursos y funcionamiento interno más eficiente y transparente .  También es importante considerar los lineamientos que se darán en términos de seguridad ambiental y la participación de la Fuerza Pública en tareas de protección del Medio Ambiente. Sobre todo, teniendo en cuenta que fenómenos como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies son delitos ambientales que se han venido recrudeciendo y son producto, en muchas ocasiones, de las acciones delictivas de estructuras criminales presentes en el territorio nacional.

En cuanto a las relaciones bilaterales futuras de Colombia con los Estados Unidos, es importante recordar que recientemente se celebraron 200 años de relaciones diplomáticas y, aunque es la primera vez que un líder de izquierda llega al poder en Colombia, la expectativa sobre lo que será su gobierno y sus relaciones exteriores es aún imprecisa. La relación estratégica que se ha consolidado entre estos dos actores supera, en términos generales, una política coyuntural de gobierno. Eso ya ha acontecido en otros casos donde están en juego las relaciones de seguridad compartida con Estados Unidos. El ejemplo más claro es el de Andrés Manuel López Obrador, en México donde, si bien no se comparten temas ideológicos, los asuntos de seguridad compartidos se mantienen dentro de una dinámica que podría decirse tradicional.  De la misma manera, con el resto de América Latina, la agenda estará definida por lograr acciones conjuntas hacia una aceleración de la transición energética y la lucha contra las estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Por último, las relaciones con la Unión Europea estarán enmarcadas bajo la premisa de seguir contando con cooperación internacional para la consolidación de la implementación de los acuerdos de paz de 2016 cuyos pilares (paz, justicia social y justicia ambiental) son las bases del programa de gobierno electo.

Nota: Los conceptos y las opiniones expresadas por los autores en este documento en ningún momento representan la posición institucional de la Universidad Militar Nueva Granada: por el contrario, se hacen a título personal en un contexto académico.


[1] Profesor y director del programa de relaciones internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: Carlos.Pinedo@unímilitar.edu.co.

[2] Profesora e investigadora del programa de relaciones internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granda. Correo: Ana.molina@unimilitar.edu.co

Autores:

Ana Milena Molina

Docente de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia. Profesional en relaciones internacionales. Su formación le ha permitido desarrollar actividades que enfatizan en el estudio, comparación y análisis de temas fundamentales de la política nacional

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Carlos Pinedo

Capitán de Fragata (RA). Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Profesional en Ciencias Navales, Especialista en Seguridad y Defensa Nacional, Magíster en Relaciones y Negocios Internacionales. Actualmente, se desempeña como director del programa

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