El nuevo gobierno de Gustavo Petro, que asume este 7 de agosto, ha levantado muchas expectativas y esperanzas en medio de una compleja coyuntura tanto nacional como regional y mundial. El propio Petro ha confesado que está abrumado por el reto de asumir la Presidencia de la República (“ahora muchos y muchas de ustedes estarán asustados y asustadas por entrar a una universidad y yo también estoy asustado por entrar a la Presidencia de la República”). Igualmente, el nuevo mandatario ha situado su mandato como una parteaguas de la historia de Colombia: “Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar”.
Petro no solo ha creado muchas expectativas sino que ha incentivado las que de forma natural han ido surgiendo. La última encuesta semestral ha disparado a Petro al 64% de aprobación, 22 puntos más que en febrero. La clave va a ser canalizar esas expectativas tan elevadas y darles respuesta.
Tres van a ser las principales características de la nueva administración colombiana:
1-. La apuesta por el reformismo
Todo indica que el gobierno Petro va a dar respuesta a las expectativas impulsando una agenda reformista.
De reformas audaces y profundas pero dentro de la institucionalidad y buscando el consenso. Los temores que despertaba Petro (el llamado “castrochavismo”) son cosas del pasado. “Ha demostrado ser una persona mucho menos radical y polarizada que antes. Ha mandado mensajes de unión, ha escuchado a sus antiguos adversarios políticos y he puesto en marcha una agenda social que estaba pendiente”, opina Eugenie Richard, investigadora de la Universidad Externado de Colombia.
De hecho, ha logrado conformar una amplia base parlamentaria mayoritaria al añadir a los votos de su coalición de izquierdas (el Pacto Histórico) fuerzas de centro y hasta de centro derecha: el Liberal, el Conservador y la U. Además, su gabinete mezcla reformismo y moderación: al frente de economía ha colocado a un prestigioso economista como José Antonio Ocampo. También ha dejado en manos de Cecilia López la reforma agraria y ha colocado al conservador Álvaro Leyva como canciller así como a una figura de la intelectualidad progresista (Alejandro Gaviria) en Educación. Como señalara la analista Juanita León, “Gustavo Petro anunció que Alejandro Gaviria será su ministro de Educación. Es una noticia que ayuda a calmar al Establecimiento no tanto por sus extensas credenciales en el tema de educación, como por su trayectoria política en el centro y su conocimiento del sector económico y, particularmente, de salud”.
La reforma estrella va a ser la fiscal convertida en palanca para poder desarrollar el resto.
José Antonio Ocampo ha buscado calmar preocupaciones y ha anunciado que la carga de la reforma fiscal recaerá sobre los mayores ingresos y no sobre las empresas ni los inversionistas extranjeros (impulsará un impuesto al patrimonio). El nuevo gobierno no aumentará los impuestos a las empresas, e incluso podría reducir la tasa del impuesto corporativo hasta en cinco puntos porcentuales si las condiciones lo permiten: “Hay demasiados impuestos sobre las empresas y no sobre las personas físicas, y abordar el tema del IRPF es fundamental si queremos que el sistema sea más progresivo. Si tenemos espacio, nos gustaría reducirlo, pero gradualmente. Si me preguntan, creo que deberíamos volver gradualmente al nivel que teníamos antes, es decir, un 30 por ciento”. Según la OCDE, solo el 5 por ciento de los colombianos paga impuesto sobre la renta y los ingresos del impuesto sobre la renta personal representan solo el 1,2 por ciento del PIB en comparación con un promedio de la OCDE del 8,1 por ciento.
La reforma agraria es la otra de las grandes reformas emblemáticas pro su alcance social.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha anunciado que se impulsará “una reforma agraria sin timidez”. Los dos pilares sobre los que se sustentará será que “primero, no se van a distribuir baldíos. Segundo, se va a distribuir tierra productiva. Esa tierra productiva principalmente está en la ganadería. Ahí está el mapa que hay que manejar y el instrumento es o paga el impuesto que debería pagar por una tierra que le produce o se la vende al Estado”. La idea es también evitar seguir importando el 30% de los alimentos que se consumen en el país; pasar de 140.000 hectáreas a un millón, dedicadas a la producción de maíz bajándole el costo a la carne de cerdo, de pollo, de res, leche y huevos.
El camino no sería la expropiación sino el pago de impuestos o la venta al estado: “En Colombia el sector rural nunca ha pagado impuestos significativos, impuestos de verdad. ¿Cuáles son las opciones de una persona que tiene una cabeza de ganado en unas tierras tremendamente fértiles? O las pone a producir de manera que le den lo suficiente para pagar unos impuestos altos, o se las vende al Estado. Lo que ha dicho el presidente es que vamos a comprar la tierra que siendo productiva no esté siendo utilizada. El catastro multipropósito va a dar los recursos para comprar esas tierras”.
En el terreno político-institucional destaca la reforma política y anticorrupción. Un cambio que pasa por la realización de elecciones con listas cerradas, que el Estado ofrezca financiación completa y la creación de una autoridad electoral independiente.
En el ámbito energético, si bien la idea es dejar la monodependencia de los hidrocarburos (“Tenemos que dejar de depender del petróleo”, ha repetido José Antonio Ocampo) todo apunta a que será un proceso gradual mientras se desarrollan las energías renovables (la eólica y la solar) para proteger el medio ambiente, y diversificar la economía.
Uno de los cambios más complejos de llevar a cabo va a tener como epicentro el Ministerio de Salud.
La ideas es lanzar una reforma estructural que incluya impuestos a las bebidas azucaradas como recaudo principal del sector salud y resolver la orfandad de los pacientes afiliados a las Entidades Promotoras de Salud que han sido intervenidas y que el gobierno calcula en un millón ochocientos mil personas. Transformar las EPS en redes de prestación de servicios, eliminando su labor de intermediación financiera.
La nueva ministra ha garantizado que no pasará ser un sistema íntegramente público: “La propuesta que estamos planteando no implica que salga el sector privado del sistema de salud. Las clínicas en Colombia son mayoritariamente privadas. Esas clínicas tienen que seguir funcionando. Lo que decimos es que de alguna manera también hay que fortalecer a los hospitales públicos, porque estos son los únicos que llegan a Guainía y un ciudadano de allí o de cualquier otra región debe ser atendido dignamente, eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Sabemos las dificultades de lo público, pero si no creyéramos en lo público, no estaríamos dispuestos a asumir un Gobierno”.
2-. Proceso de Paz
Con Petro en la presidencia el proceso de paz va a retomar velocidad de crucero y se va a tratar de extender a otros grupos armados como el ELN. Supone el regreso de las tesis del expresidente Juan Manuel Santos.
En primer lugar, el proceso de paz con las antiguas Farc, a cargo de Danilo Rueda, se va a reactivar para tratar que las disidencias abandonen las armas y que quienes aceptaron la reintegración a la vida civil en 2016-17 vean canalizadas sus demandas. Gustavo Petro ha prometido no solo revivir el proceso de paz sino respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz —tribunal surgido del Acuerdo para la terminación del conflicto— y aplicar las recomendaciones que el pasado 28 de junio presentó la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, que forman parte del Informe Final.
Petro considera necesaria una negociación de paz con la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, un grupo armado que nació en los años sesenta y que arrastra varios intentos fracasados de diálogo. Para empezar este complejo proceso, Petro necesitará la ayuda de la Iglesia. El presidente ha dejado en manos de Cuba la decisión de mantenerse como sede para reiniciar las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, tras la ruptura de los diálogos en la isla bajo el saliente gobierno colombiano.
3-. Liderazgo regional y relaciones con EEUU
En política exterior, los pilares de su actuación del gobierno de Petro pasan por mantener fluidas relaciones con EEUU, restablecer las relaciones con Venezuela y tratar de construir una entente con los ejecutivos de izquierda regional (con el de Boric en Chile, con el de López Obrador en México y con el de Lula, en Brasil, si el expresidente ganara las elecciones).
La reapertura de relaciones con Venezuela y la nueva visión de política antidrogas (promueve la despenalización) podrían chocar con la estrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, Washington mismo ha abierto canales de comunicación con Caracas tras la crisis de suministros petroleros provocada por al invasión a Ucrania y los delegados de Biden que se vieron recientemente con Petro han confirmado que están “comprometidos a trabajar con el nuevo gobierno colombiano”.
Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha manifestado su respaldo al presidente Gustavo Petro por su decisión de buscar una paz “más amplia” mediante el diálogo con otros grupos armados ilegales en el país y de profundizar la implementación del acuerdo de La Habana.
Es cierto, como recuerda Cynthia J. Arnson en Americas Quaterly que hay mucho punto de discrepancia entre Petro y la Casa Blanca (“las posiciones declaradas de Petro proporcionan amplios motivos de preocupación. Ha criticado las políticas antidrogas respaldadas por Estados Unidos, incluidas la extradición y la erradicación forzosa de la coca; el tratado de libre comercio bilateral de los dos países, diciendo que daña la agricultura colombiana; y la producción de petróleo, carbón y otros hidrocarburos, que comprende más del 40% de los ingresos de exportación de Colombia y en la que las empresas estadounidenses están fuertemente invertidas. Petro también ha señalado su intención de volver a comprometerse con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, en lugar de aislarlo, y de iniciar conversaciones de paz con el grupo guerrillero ELN, que el Departamento de Estado calificó como organización terrorista”).
Sin embargo, la administración de Biden ha destacado que son muchas más las “áreas de interés común, incluida la lucha contra el cambio climático, el desarrollo económico, particularmente en áreas rurales, y la expansión de la implementación de la paz de Colombia de 2016.»
