Cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado. Diferentes estudios están poniendo de manifiesto que las redes criminales, no se dedican exclusivamente a actividades ilegales económicas, sino además, que para ello, están ejerciendo tareas correspondientes a los estados. En “sus” territorios proporcionan seguridad, imparten justicia y realizan funciones de asistencia social. Ciertamente no todas las redes sociales ejercen gobernanza criminal. Es preciso un contexto determinado que haga posible esta posibilidad, basada fundamentalmente en la complicidad del estado y en el reconocimiento legítimo de estos actores, por parte de la sociedad. Cuando se cuenta con la complicidad y reconocimiento de uno y otro, puede darse la gobernanza criminal. El objetivo último de la misma no tiene connotaciones ni ideológicas, ni políticas, no se persigue un orden político o económico alternativo. La motivación principal sigue siendo económica, pero la gobernanza criminal proporciona la posibilidad de aumentar exponencialmente el poder criminal y la proyección y alcance de los negocios. En otras palabras, el poder local logrado, proporciona la base para lograr una proyección nacional y transnacional.
Bajo el análisis de estos espacios ordenados y gestionados, por el crimen organizado, desde los análisis de gobernanza criminal, es posible conocer la complejidad de este actor no estatal e ilegal que asume tareas propiamente estatales. Esta complejidad define el mismo concepto de gobernanza criminal concentrado en las complicadas interacciones con la sociedad y el estado, para establecer patrones de control, comportamiento y reglas de juego en los espacios que controlan. Todos los autores de esta publicación insisten en esta interrelación como base esencial para que sea posible la gobernanza criminal.
