Brasil, todavía en búsqueda de una salida definitiva a la crisis económica y política

Otro escenario, de crecimiento más robusto, es posible, aunque no particularmente probable. Requiere avanzar en la adopción de medidas estructurales que estimulen la productividad, como la reforma del sistema tributario o la apertura comercial. Una reforma política que aumente la gobernabilidad y genere mayor estabilidad institucional también estimularía el crecimiento. Permitiría, además, dejar definitivamente atrás la crisis económica y política que todavía afecta el país.

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Hace poco más de una década, tras el estallido de la crisis de Lehman Brothers, que golpeó con fuerza a la economía mundial, Brasil adoptó con éxito una serie de políticas anticíclicas, para reducir el impacto de las turbulencias globales sobre el país. En particular, las autoridades económicas pusieron en marcha en aquel momento una política fiscal más expansiva, a través de recortes impositivos y aceleración del gasto público, que contribuyó a que la caída del PIB en el año 2009 fuera de tan sólo 0,2% y que el crecimiento alcanzara 7,6% el año siguiente, el último del segundo gobierno de Lula da Silva.

La capacidad del país de adoptar políticas que aminorasen el efecto de un choque negativo –algo poco común hasta entonces- fue correctamente alabada y contribuyó a que el país se consolidara como una economía con grado de inversión.

Pero como recortar gastos y aumentar impuestos nunca es una tarea fácil, el tono expansivo de la política fiscal se mantuvo incluso después que la economía se recuperó de la crisis de 2008-09.

El gradual deterioro de los términos de intercambio brasileños desde 2011, el primer año de la administración de Dilma Rousseff, generado por la moderación de la economía china y la corrección a la baja del precio de las materias primas, ayudó al gobierno a autoconvencerse de que era necesario continuar contrarrestando el impacto del entorno global desfavorable y aumentar los estímulos fiscales a empresas y familias, cuando lo recomendable ante un choque que no era temporal era no hacerlo.

El tono expansivo de la política fiscal no evitó que la economía brasileña se desacelerara de forma prácticamente continua desde 2011. Además, provocó un fuerte deterioro de las cuentas del sector público: el superávit fiscal primario, que fue de 3,4% en promedio en los años anteriores a la crisis de Lehman Brothers, se transformó en un déficit de casi de 2% del PIB en 2015; y la deuda bruta saltó desde 52% del PIB en 2010 hasta 66% en tan solo cinco años.

En un contexto marcado por graves escándalos de corrupción, la crisis fiscal alimentó y fue alimentada por las tensiones políticas, creando las condiciones para la pérdida del grado de inversión de la deuda soberana, la destitución por el congreso de la presidenta Dilma Rousseff y para una de las mayores recesiones de la historia brasileña. Así, en 2015 y 2016 el PIB acumuló una caída de prácticamente 7% en moneda local o de casi 30% en dólares.

Aunque la recesión económica haya quedado atrás, el crecimiento ha sido muy bajo, alrededor de 1%, tanto en 2017 como en 2018. De este modo, el PIB se encuentra ahora casi un 5% por debajo del nivel observado en 2014 en reales (un 23% en la comparativa en dólares). Además, la inversión en capital fijo es de aproximadamente un 25% inferior a la de antes de la crisis, mientras la tasa de desempleo es actualmente de cerca de 12%, muy por encima de la tasa de 6,8% de 2014. Por fin, el balance fiscal primario sigue deficitario (-1,7% del PIB)  y la deuda pública sigue creciendo (74% del PIB en 2018).

Por lo tanto, se puede afirmar que la crisis que llevó Brasil a una fuerte recesión en 2015 y 2016 todavía no ha quedado atrás. Y si bien las tensiones políticas no sean ahora mismo tan intensas como hace unos pocos años, siguen elevadas, reflejando la polarización y la ausencia de cambios estructurales en el sistema político.

Para que Brasil sea finalmente capaz de salir de la crisis es fundamental garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Caso contrario, el riesgo de un escenario de mayor inflación y menor crecimiento seguirá pesando negativamente en las decisiones de consumo y principalmente inversión, que son fundamentales para una recuperación económica sostenida.

Frenar el aumento de la deuda requiere hacer un ajuste fiscal permanente de alrededor de 4 puntos porcentuales (p.p.) del PIB o, en otras palabras, transformar los déficits fiscales primarios recientes de cerca de 2% del PIB en superávits de la misma magnitud.

Un ajuste de tal dimensión requiere reformar la seguridad social, principalmente el ineficiente y selectivamente generoso sistema de pensiones, ya que el déficit fiscal primario se debe fundamentalmente al déficit del sistema de de seguridad social: el primero alcanzó 1,8% y el segundo 2,9% del PIB en 2018 (así, en el hipotético caso de equilibrio del presupuesto de la seguridad social, el resultado primario del sector público sería de 1,1% del PIB). Asimismo, el relativamente rápido proceso de envejecimiento de la población brasileña refuerza  la necesidad de ajustar el actual sistema de pensiones.

Así como los gobiernos anteriores de Dilma Rousseff y de Michel Temer, la administración actual de Jair Bolsonaro está empeñada en aprobar una reforma de la seguridad social (pese las distintas ideologías, la realidad y la presión de los mercados se imponen). Esta vez, sin embargo, la probabilidad de éxito es mayor: tras los avances recientes, el congreso posiblemente aprobará la reforma en la segunda mitad de 2019,  aunque con modificaciones y un ahorro fiscal menor que los 2,8% del PIB acumulados en diez años considerados en la propuesta inicial presentada por el gobierno.

La esperada aprobación de la reforma reducirá -sin eliminar- el riesgo fiscal. De esta manera, se podrán adoptar medidas adicionales de estímulo a la actividad, sobre todo de carácter monetario, y la confianza aumentará. El crecimiento se recuperará y convergerá a 2% en los próximos años y el PIB recuperará su nivel de antes de la crisis en 2022, cuando se realizarán las próximas elecciones presidenciales.

Un otro escenario, de crecimiento más robusto, es posible, aunque no particularmente probable. Requiere avanzar en la adopción de medidas estructurales que estimulen la productividad, como la reforma del sistema tributario o la apertura comercial. Una reforma política que aumente la gobernabilidad y genere mayor estabilidad institucional también estimularía el crecimiento. Permitiría, además, dejar definitivamente atrás la crisis económica y política que todavía afecta el país.

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