Soluciones Peruanas para problemas Peruanos

Si se toma en consideración los acontecimientos del último mes, del último lustro e incluso del último siglo, podríamos concluir que Perú es ingobernable, y es que la historia contemporánea ha demostrado que el sistema presidencialista peruano.

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Si se toma en consideración los acontecimientos del último mes, del último lustro e incluso del último siglo, podríamos concluir que Perú es ingobernable, y es que la historia contemporánea ha demostrado que el sistema presidencialista peruano, tal y como está planteado en la Constitución, solo funciona cuando el Presidente de la República ha ganado también las elecciones parlamentarias, pero el sistema implosiona cuando la mayoría parlamentaria se opone al Presidente de la República, lo cual pone en jaque la estabilidad del país. 

Por supuesto que en una democracia el problema no radica en una inherente dosis de conflictividad entre los poderes del Estado; no obstante, el verdadero problema para la gobernabilidad adviene cuando el Parlamento y el Ejecutivo quiebran relaciones, y recurren en demasía a sus prerrogativas constitucionales. No son pocos los precedentes que demuestran que nuestra forma de gobierno presenta falencias. En los años sesenta por ejemplo el Parlamento aprista-odriísta erosionó la presidencia de Fernando Belaunde hasta que se produjo un golpe de Estado. En los noventa, cuando a pesar de haber ganado la elección presidencial, Alberto Fujimori solo controlaba a un quinto del Poder Legislativo, se produjo el conocido autogolpe de Estado de 1992. En ambos casos, el fallido sistema presidencialista, disfuncional cuando el Legislativo se divorcia del Ejecutivo, generó la ruptura del orden democrático. Habiéndonos aproximado mucho a una situación similar cuando en 2018 se intentó vacar al Presidente de la República.

Esta volatilidad institucional no solo frena las inversiones y aumenta los indicadores de riesgo país, sino que desconcentra la atención de las autoridades que debería estar dirigida hacia grandes obras y reformas que erradiquen por ejemplo la desigualdad social o que desarrollen vías de penetración hacia lugares alejados de la costa. Así, en la premura por encontrar soluciones a la crisis por la cual atraviesa nuestro sistema constitucional algunos imaginan formas de gobierno parlamentaristas de tipo europeo, o se piensa en virar hacia el presidencialismo de tipo estadounidense. Sin embargo, vale recordar que estas formas de gobierno surgen de procesos históricos diferentes al nuestro, aunque casi todo el sistema jurídico peruano sea fruto de la importación. En ese sentido, el error tal vez consista en pensar que las fórmulas que funcionan en una latitud lejana sean comprendidas por la sociedad peruana o se adapten a nuestra idiosincrasia. 

Es allí donde aparece la importancia de la investigación nacional en ciencias jurídicas o políticas, de manera que, ad portas del hito nacional del 2021 el Perú logre crear un sistema acorde a su propio contexto social. No obstante a falta de una desarrollada investigación jurídica en el Perú, el sistema constitucional se ha tornado tan disfuncional que todos saben que existen graves falencias, pero no existen ejes doctrinales consolidados para construir soluciones peruanas para los problemas institucionales por los que atraviesa el Perú desde hace ya varias décadas.

Frente a la carencia de la doctrina jurídica, y apresurados por la premura del contexto histórico actual, la población escucha propuestas que no son fruto del estudio, sino solo de la percepción o del sentimiento, creándose a veces peligrosas corrientes de opinión que se apartan de los principios elementales de la democracia o del estado de Derecho. En el mejor de los casos, con toda buena voluntad de encontrar soluciones mejor diseñadas se ha convocado a intelectuales que efectivamente hacen surgir interesantes ideas pero todo ello es vano sin brindarles el tiempo suficiente para establecer el debate doctrinario correspondiente que valide las ideas expuestas por medio de un necesario test de falsiabilidad.

En una sociedad organizada, el motor de las ideas aplicables al Estado recae en las universidades, que en materia jurídica deben renunciar al espejismo de la investigación que consiste en compilar o describir lo que ya es bien sabido por todos, sino que más bien se debe abocar en diagnosticar, demostrar y crear escenarios de solución que tomen en cuenta la historia y la realidad nacional. Ello toma tiempo y es inútil apresurar dichos procesos. Vale por ello preguntarse si la convocatoria a una urgente reforma política o incluso a una Asamblea Constituyente no debe precederse de un llamado a las universidades para fomentar la investigación, o de una solicitud hacia Concytec para que se apoye al desarrollo ciencias sociales en las cuales se cimientan las respuestas estructurales a graves problemas nacionales.

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