El trienio electoral (2017-2019) y la forja de la América Latina de la próxima década

América Latina se halla inmersa en un trienio electoral (2017, 2018 y 2019) decisivo para los futuros derroteros políticos y económicos de la región en la próxima década.

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América Latina se halla inmersa en un trienio electoral (2017, 2018 y 2019) decisivo para los futuros derroteros políticos y económicos de la región en la próxima década. En estos tres años se han celebrado elecciones presidenciales en Ecuador, Chile y Honduras (2017); Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela (2018); y El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia (2019). En 15 de los 18 países donde existen elecciones democráticas y pluralistas se ha renovado al Jefe del Estado a través de las urnas.   

La América Latina de los años 20 del siglo XXI se va a diseñar e ir tomando forma a lo largo de este próximo trienio (2017-2019). Tras el consenso “neoliberal” de los años 90, el “giro a la izquierda” de la pasada década (giro heterogéneo y diverso que no se dio ni en todos los países ni de forma similar), América Latina estaría entrando en un momento de transición.  Ese rediseño del mapa político latinoamericano coincide y se solapa con la encrucijada económica regional y sus numerosos retos para adaptar sus instituciones y la economía al nuevo mundo en formación, el del cambio tecnológico y la IV revolución digital.

Unas reformas estructurales cuyo objetivo serían convertir en más productivas y competitivas a las economías regionales y con menor nivel de informalidad, más diversificadas, vinculadas a las cadenas internacionales de valor, con una decidida apuesta por introducir valor añadido e innovación a sus exportaciones y con un Estado más eficaz y eficiente cuyas políticas públicas estén centradas en apoyar la inversión en capital humano y físico y respaldar la innovación y a los emprendedores.

Los gobiernos que salgan de las urnas y los parlamentos que se conformen deberán afrontar profundas modificaciones y cambios estructurales en la búsqueda de mayor competitividad y productividad para unas economías atrapadas en una doble espiral de debilidad: económica (por la baja expansión del PIB) y política (gobiernos, en la mayoría de los casos, sin un fuerte sustento social, sin suficiente apoyo legislativo y sin voluntad política para impulsar la agenda reformista).

América Latina: Elecciones, economía y reformas

Las reformas de los años 80 y 90 dieron paso a unas economías latinoamericanas más fuertes, confiables y estables. Sin embargo, el empuje reformista se agotó en la pasada década (adormecido, quizá, por -y en- la bonanza económica) y en la actual coyuntura el riesgo de la región es quedar atrapada en una situación de estancamiento (o escaso crecimiento) crónico que amenace la bonanza y la reducción de la pobreza de los últimos años. 

Las cifras confirman una tendencia presente desde 2013: la mayoría de los países (salvo el prolongado y progresivo colapso de la economía de Venezuela o momentos de recesión profundos, pero acotados en el tiempo, en Brasil, Ecuador o Argentina) no se encuentran sumidos en una crisis económica (ni siquiera en una progresiva ralentización) sino que están atrapados en una dinámica de débil o muy bajo crecimiento. América Latina, desde un punto de vista económico, vive hace un lustro en una inercia económica de la cual aún no ha sido capaz de salir debido a que no se ha llevado a cabo reformas estructurales internas. Entre 2003 y 2013 Latinoamérica  atravesó un periodo de indiscutible bonanza: rápido crecimiento hasta 2008, decrecimiento en 2009 y lenta desaceleración o estancamiento en la actual década. Desde 2012 se han vivido cinco años de lento crecimiento (2012, 2013, 2014, 2017 y 2018) y dos de caídas del PIB (2015 y 2016).

En la presente coyuntura (2017-2019) el principal problema de la región no es que crezca negativamente (lo hace y lo va a seguir haciendo en positivo) ni que disminuya ese crecimiento (aumenta respecto a los años anteriores). El problema pasa por la débil expansión regional, lejana a los índices que posibilitarían una disminución significativa de la pobreza y las desigualdades, para lo cual se requiere, además de políticas públicas eficientes, un crecimiento de en torno al 5% del PIB. La baja expansión va camino de transformarse en una característica estructural. Sin reformas que hagan más competitiva y productiva a la región, es altamente improbable que se produzca la aceleración siempre esperada (más allá de repuntes concretos) lo cual conduce, en el mejor de los casos, a una América Latina perennemente atrapada en un crecimiento insuficiente (levemente superior al 1% y muy lejano del 5% deseable).

En ese punto confluyen las dinámicas político-electoral y económica del trienio. El cambio de ciclo económico por el que atraviesan los países latinoamericanos ha tenido como una de sus principales consecuencias dejar al descubierto las debilidades de la región, que permanecieron escondidas durante la bonanza (2003-2013). El  periodo de auge no fue aprovechado en su totalidad (pese a los avances socioeconómicos) para resolver muchas de las asignaturas pendientes de los países latinoamericanos.

Romper con la tendencia al estancamiento o mediocre crecimiento económico implica poner en marcha reformas estructurales con amplio consenso político para garantizar su sostenibilidad y su prolongación en el tiempo. Reformas que mejoren la competitividad y productividad a través de políticas públicas que favorezcan la inversión en capital físico (infraestructuras y logística) y humano (educación) y la diversificación productiva y de mercados de exportación, a la vez que incentiven la innovación y el emprendimiento para introducir valor añadido a las exportaciones. Reformas y políticas públicas que sean impulsadas, en definitiva, por estados y administraciones más eficaces y eficientes para atender y canalizar las demandas de una ciudadanía y un electorado, conformado por unas clases medias que exigen mejores servicios públicos (en seguridad, transporte, educación y salud) y mayor transparencia en el funcionamiento de la “cosa pública” y compromiso en el combate a la corrupción.

Implementar ese plan reformista requiere de voluntad y fortaleza política. Desde este punto de vista, otro de los problemas que afronta la región es la inexistencia de un consenso sobre qué reformas aplicar y cómo impulsarlas. La creciente polarización política y deslegitimación y fragmentación partidista no contribuye a formar esos grandes consensos en torno al tipo de reformas estructurales necesarias. Ocurre todo lo contrario y, por esa razón, la pugna política en el trienio ha pivotado  entre aquellas fuerzas, partidos, movimientos y liderazgos que propongan el inicio o continuidad de tales transformaciones y aquellos que se opongan a su implementación. El electorado, finalmente, ha debido elegir, en la mayoría de los casos, entre dos opciones: aquellos que estén dispuestos no solo a conservar sino también a proseguir con las reformas hasta ahora impulsadas por gobiernos como el de Enrique Peña Nieto en México, Mauricio Macri en Argentina o Michel Temer en Brasil; o por quienes aspiran no solo a detener ese proceso reformista sino incluso revertirlo. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, el PT y una parte de la izquierda en Brasil o el kirchnerismo en Argentina.

El trienio electoral 2017-2019

La actual coyuntura latinoamericana se está desarrollando condicionada por un creciente malestar ciudadano que tiene su raíz en el bajo crecimiento económico que arrastra la región y en el consiguiente temor a perder el status social alcanzado por parte de determinados sectores sociales. Un malestar que se ve incentivado por el mal funcionamiento de los servicios públicos (altos índices de inseguridad y de corrupción, deficiencias en las áreas de salud, educación y transporte) que ha desembocado en un alto desapego hacia las instituciones, en especial con respecto a los partidos políticos.

Como señala Sergio Berensztein, “la combinación del estancamiento o caída de sus ingresos en relación con los más competitivos, junto con restricciones fiscales que limitaban la capacidad del Estado para garantizar el acceso a bienes públicos de calidad (como salud y educación), creó las condiciones para una reacción antiestablishment. Estos grupos se diferencian de los militantes ideológicamente radicalizados, que se movilizan contra esta clase de eventos de manera muchas veces violenta. Ese resentimiento de los exponentes de la vieja economía tuvo impactos mucho más de la retórica y las sanciones proteccionistas”.[mfn] Sergio Berensztein, “La verdadera agenda internacional pone límites a la cumbre”. La Nación, 30 de noviembre de 2018[/mfn]

Esta coyuntura es la que está marcando los diferentes procesos electorales latinoamericanos del periodo 2017-2019 y que pueden resumirse en un decálogo de características:

1-. Tres temas comunes y transversales (corrupción, inseguridad y deseo de cambio) están centrando las campañas electorales.

Más allá de la heterogeneidad latinoamericana y las características políticas e institucionales que posee cada país, todos los procesos electorales han girado en torno a tres grandes temas que han acaparado, de manera transversal, la atención del electorado y que explican por qué el voto se ha inclinado hacia un lado u otro:

a-. La corrupción no solo ha marcado las agendas de las campañas sino que ha provocado un vuelco electoral en varios países de la región

La corrupción se ha convertido desde 2015 en el gran tema político en Latinoamérica, capaz de movilizar a una parte considerable de la ciudadanía y provocar la caída de gobiernos como el de Otto Pérez Molina en Guatemala (2015), el de Dilma Rousseff en Brasil (2016), el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2018) y poner en serios aprietos al de Michelle Bachelet en Chile, Enrique Peña Nieto en México o Jimmy Morales en Guatemala. La corrupción es un asunto político que ha venido para quedarse y que ha marcado las diferentes dinámicas políticas y electorales de los países de la región (y que, sin duda, lo seguirá haciendo en los próximos años).

Mario Vargas Llosa explica muy bien, en esta larga cita, como:

“La corrupción es hoy en día en América Latina el enemigo mayor de la democracia: la corroe desde adentro, desmoraliza a la ciudadanía y siembra la desconfianza hacia unas instituciones que parecen nada más que la llave mágica que convierte a las fechorías, delitos y prebendas en acciones legítimas. Lo ocurrido en el Brasil en los últimos años ha sido un anuncio de lo que podría ocurrir en todo el continente. La corrupción se había extendido por todos los rincones de la sociedad brasileña, comprometiendo por igual a empresarios, funcionarios, políticos y gente del común, estableciendo una suerte de sociedad paralela, sometida a las peores componendas e inmoralidades, en la que las leyes eran sistemáticamente violadas por doquier, con la complicidad de todos los poderes. Contra ese estado de cosas se levantó el pueblo, encabezado por un grupo de jueces que, al amparo de la ley, comenzaron a investigar y a sancionar, enviando a la cárcel a quienes por su poder económico y político se creían invulnerables. El caso de Odebrecht, una compañía todopoderosa que corrompió por lo menos a una decena de Gobiernos latinoamericanos para conseguir contratos multimillonarios de obras públicas —sin sus famosas “delaciones premiadas” los cuatro exjefes de Estado peruanos estarían libres de polvo y paja—, se convirtió poco menos que en el símbolo de toda aquella podredumbre”.

Y todo este proceso tiene unas consecuencias políticas y sobre todo electorales directas. La victoria de López Obrador en México y la de Bolsonaro en Brasil así como la de Bukele en El Salvador no se entienden sin el efecto de los escándalos de corrupción como detonante del cambio político puesto que la corrupción “es lo que explica el fenómeno Jair Bolsonaro. No que 55 millones de brasileños se hayan vuelto fascistas de la noche a la mañana, sino que una inmensa mayoría de brasileños, hartos de la corrupción que se había tornado el aire que se respiraba en el Brasil, decidieran votar por lo que creían la negación más extrema y radical de aquello que se llamaba “democracia” y era, pura y simplemente, una delitocracia generalizada”.[mfn] Mario Vargas Llosa, “Jueces y presidentes”. El País, 25 de noviembre de 2018 https://elpais.com/elpais/2018/11/23/opinion/1542993623_552881.html[/mfn]

b-. Otro fenómeno transversal a toda la región que ha centrado las campañas electorales y condicionado el voto es el de los altos niveles de inseguridad ciudadana.

Su alta incidencia golpea a las clases medias y populares desatando un sentimiento de desamparo que dirige sus críticas hacia un Estado y unas administraciones que no son  capaces de atajar el incremento de la sensación y los propios hechos de violencia y criminalidad. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo con el 39% de los homicidios y con el triple de la media en cuanto a robos. En Latinoamérica se encuentran 41 de las 50 ciudades más peligrosas del planeta, según un estudio del BID. Con sólo el 9% de la población mundial, la región es la única donde la principal causa externa de muerte es el homicidio y urbes como Caracas, San Pedro Sula, San Salvador y Acapulco son las más violentas del mundo, con tasas de homicidios casi 20 veces mayores que la media mundial, por encima de los 80 por cada 100.000 habitantes.  

Ariel Ávila recuerda que “los datos son alarmantes: en Brasil el homicidio está con una tasa de 30 por 100.000 habitantes, hay ciudades donde el aumento de la violencia ha sido bastante fuerte. En el caso de México, la guerra entre cárteles de narcotraficantes deja una tasa cercana a 24 cada 100.000 habitantes… El otro caso es Venezuela. Allí no hay datos oficiales claros, pero se estima que la tasa de homicidio podría estar cercana a los 75 por 100.000 habitantes. Otro caso complicado es Uruguay, aquella democracia perfecta en la región, que entre 2017 y 2018 presentó un aumento del homicidio cercano al 60%, pasando de una tasa de 8.1 en 2017 a 13% en 2018. Colombia, mostró un comportamiento bastante positivo entre 2012 y hasta 2017, pasando de una tasa de 34 por 100.000 habitantes a 24”.[mfn] Ver  L Jaitman, “Los costes del crimen y la violencia”. BID – ‎2017 y Ariel Ávila, El fantasma de la violencia en América Latina, El País, 6 de noviembre de 2018 https://elpais.com/internacional/2018/11/06/colombia/1541463715_992648.html[/mfn]

El resultado ha sido que propuestas como “la mano dura” de Jair Bolsonaro han encontrado eco dentro de un electorado golpeado por la inseguridad.

c-. El sentido del voto en muchos de los procesos electorales de la región viene marcado por la apuesta del electorado en la renovación política como vía para canalizar las demandas de las nuevas clases medias en materia de seguridad, salud, transportes y educación.

El electorado latinoamericano está acudiendo a las urnas portando una nueva agenda que pasa por pedir la mejora en las políticas públicas: mayor seguridad, compromiso por la transparencia en la lucha contra la corrupción y todo ello enmarcado dentro de una aspiración de renovación política. En esa coyuntura dirige su voto hacia quien está ajeno a la corrupción (Bolsonaro y López Obrador), propone medidas aparentemente eficaces contra la inseguridad (la “mano dura” de Bolsonaro) o quien ha sido ajeno a la clase política tradicional por haber estado en la periferia del sistema (Bolsonaro), ser un recién llegado (Duque y Bukele), nunca haber tenido cargo a escala nacional (López Obrador) e ir encabezando fuerzas políticas nuevas (MORENA y Centro Democrático son partidos nacidos en esta década y el PSL brasileño siempre fue una formación minoritaria).

En el caso de Brasil, la victoria de Bolsonaro se explica por esa triada de razones: sobre todo porque logró canalizar en la segunda vuelta –aún más que en la primera- la desafección hacia los políticos tradicionales (el centroderecha –PSDB y MDB- fue el otro gran damnificado de este proceso electoral). En especial, atrajo el amplio sentimiento de rechazo hacia la mala gestión del PT y Lula da Silva (el antipetismo y el antilulismo) que habían monopolizado el poder desde 2002 a 2016. Además, Bolsonaro (quien no se ha visto salpicado el escándalo Lava Jato) capitalizó el generalizado descontento ciudadano causado por la corrupción de los políticos de los partidos históricos (PT, PSDB y MDB). Finalmente, apoyado en su perfil de exmilitar, levantó, de forma creíble para la mayoría del electorado, la bandera de la “mano dura” contra la inseguridad.

En México, López Obrador también canalizó el enojo de los votantes con respecto a los partidos tradicionales –PRI y PAN- , sintonizó con los sectores más jóvenes (pese a sus 62 años y a que lleva desde los años 80 en política) y suavizó sus perfiles más polémicos, reduciendo sus tendencias demagógicas y populistas. Sin dar demasiados detalles sobre su programa y cómo aplicarlo, centró su discurso en el rechazo a la clase política tradicional (“la mafia del poder”) y en el combate a la corrupción. Su propuesta simple y directa consistía en que acabando con la clase política corrupta es posible solucionar el resto de problemas del país.

En Colombia, el triunfo de Duque resultó muy significativo por encarnar muchas de las características más sobresalientes de la actual coyuntura política regional: en primer lugar, sacó a relucir  la crisis de los partidos tradicionales pues Colombia votó por un partido joven (el uribista Centro Democrático) y castigó a los históricos. En segundo lugar, los colombianos mostraron su rechazo a los modos y maneras clientelares y a la corrupción política (el país votó contra la “mermelada” –el clientelismo- y los caciques). En tercer lugar, la ciudadanía buscó liderazgos nuevos (Iván Duque era un recién llegado a la política). Y en cuarto lugar fueron unas elecciones donde predominó la extrema personalización y la creciente polarización política (se votó en el balotaje a dos opciones situadas en las antípodas, a la derecha y la izquierda del espectro político). 

Este triple fenómeno descrito (corrupción, inseguridad y deseo de cambio) condiciona las elecciones y el resultado de las mismas. El bajo e insuficiente crecimiento económico, la ineficiencia de las administraciones para ofrecer servicios públicos eficientes y la revolución de expectativas frustradas entre las clases medias y populares tiene una incidencia directa sobre el sistema de partidos. De hecho, el actual ciclo electoral (2017-2019) tiene lugar, además, en un momento de deterioro de la confianza hacia la democracia y sus instituciones en la región. La ciudadanía, que demanda eficiencia y transparencia a las administraciones, se ha  vuelto crítica con los liderazgos y los partidos tradicionales, una crítica que ha trasladado a las instituciones democráticas.

El nivel de apoyo a la democracia, según el Informe Latinobarómetro de 2018, ha caído por debajo del 50% (se encuentra en el 48%), el peor nivel desde 2001. El porcentaje de la población insatisfecha con el funcionamiento de la democracia ha subido del 51% en 2009 al 71% lo que lleva a algunos autores como Daniel Zovatto a asegurar que el “bajo nivel de apoyo a la democracia (Brasil con 34% y México con 38%), alto nivel de indiferencia entre democracia y autoritarismo (41% en Brasil y 38% en México) y un bajísimo nivel de satisfacción con la democracia (16% México y 9% Brasil), combinado con un desempeño económico mediocre, alta corrupción y elevada inseguridad es el caldo de cultivo que favorece la llegada de líderes anti-sistema”.[mfn] Daniel Zovatto, “La democracia latinoamericana enfrenta su crisis de la mediana edad”. IDEA Internacional, 11 de noviembre de 2018 https://www.idea.int/es/news-media/news/es/la-democracia-latinoamericana-enfrenta-su-crisis-de-la-mediana-edad [/mfn]

De igual forma, el informe de la séptima encuesta regional del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) señala que el apoyo a la democracia ha sufrido un descenso notable (de casi 12 puntos desde 2012 a 2017) pasando del 69% al 57,8%. Disminución que desvela la mayor insatisfacción con respecto a la democracia, un fuerte descenso en la adhesión a los gobiernos, un bajo nivel de confianza en las elecciones y en las principales instituciones de la democracia representativa, en particular en relación al poder judicial y a los partidos políticos.[mfn] El informe AmericasBarometer 2016/17 muestra, asimismo, el incremento del deterioro que percibe la opinión pública latinoamericana sobre el funcionamiento de sus instituciones democráticas. Además, no deja de subir la percepción de que la corrupción vinculada a la política. El respaldo a la democracia en los países de la región ha disminuido al 57,8% en el último estudio frente al 66,4% del informe de 2014, la cifra más baja desde que la Universidad de Vandebilt comenzó a elaborar en el 2004 este tipo de trabajos. Elizabeth Zechmeister, Directora de LAPOP, subraya que “no pensamos que haya un inminente riesgo de colapso en los países de la región, pero estamos muy preocupados por la descomposición que el público está reportando en sus experiencias diarias y en sus valoraciones. La población es muy pesimista [y se está expresando de una manera muy negativa] sobre la forma en que ellos están viviendo la democracia”. Elizabeth J. Zechmeister, Noam Lupu y Mollie J. Cohen, “Democracia y gobernabilidad en las Américas: principales resultados del Barómetro de las Américas de LAPOP”. Vanderbilt University. 28 de Septiembre de 2017 https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB030es.pdf[/mfn] 

Existe, además, no solo un desgaste de la democracia sino también de quienes la dirigen. Desde que el cambio de tendencia económica se hizo patente en América latina en 2013-2014, los diferentes oficialismos de la región están sufriendo no solo pérdida de apoyo en las encuestas sino derrotas en las urnas. Un desgaste producido por una coyuntura económica que ha empeorado; porque los gobiernos poseen menos recursos por la caída de las exportaciones; y porque las sociedades mayoritariamente clasemedieras exigen un mejor funcionamiento de los servicios públicos y exteriorizan más su descontento.

De entre las múltiples causas (cambio generacional, transformación social y tecnológica, maña coyuntura económica etc.), Daniel Zovatto apunta hacia las falencias del Estado como raíz de la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas:

“¿Cuál es la causa principal de este descontento y frustración con la democracia? La falta de resultados. Los latinoamericanos no están pidiendo más autoritarismo. Menos ideologizados y más pragmáticos, lo que demandan es que sus gobiernos los escuchen, gobiernen con transparencia y den respuesta oportuna y eficaz a sus expectativas y demandas. ¿Existe riesgo de que se produzca un colapso generalizado de la democracia en la región? No en el corto plazo. Pero si la calidad de nuestras democracias continúa deteriorándose sí existe el riesgo de que las actuales tendencias populistas y autoritarias aumenten peligrosamente. En este escenario, una parte cada vez mayor de latinoamericanos estaría dispuesto a sacrificar trozos de democracia a cambio de mejor bienestar económico y mayor seguridad. La nueva caída del apoyo a la democracia y el fuerte aumento de los indiferentes son dos campanazos de alerta que demandan atención y acción. ¿Qué hacer? Poner en marcha una agenda renovada que apunte a recuperar la confianza ciudadana con la política, sus élites e instituciones, ampliar los espacios de participación ciudadana y garantizar una ciudadanía efectiva, todo ello con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y sentar las bases de una democracia de nueva generación, de mayor calidad y, sobre todo, resiliente, es decir con capacidad para afrontar crisis y desafíos complejos, incluidos los cambios disruptivos de la cuarta revolución industrial, sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse”. [mfn] Daniel Zovatto, “La democracia latinoamericana enfrenta su crisis de la mediana edad”. IDEA Internacional, 11 de noviembre de 2018 https://www.idea.int/es/news-media/news/es/la-democracia-latinoamericana-enfrenta-su-crisis-de-la-mediana-edad [/mfn]

2-. Comicios marcados por victorias contundentes en contraste con la tendencia anterior (2015-2017) de triunfos ajustados

La segunda característica de las actuales citas ante las urnas hace referencia a los resultados electorales que se están dando. Desde finales de 2015 y hasta 2017 la mayoría de las elecciones latinoamericanas se estaban decidiendo no solo en segunda vuelta -algo en lo que sigue habiendo continuidad- sino con una mínima diferencia en el balotaje entre los dos candidatos que las disputaban. Sin duda existían excepciones: por ejemplo el caso especial de Nicaragua (un “régimen híbrido”, un autoritarismo competitivo) donde Daniel Ortega fue reelecto en 2016 alcanzando el 72% de los votos mientras que su principal rival conquistó el 15%[mfn] Steven Levitsky Lucan A. Way, “Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”. Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004, p. 159-176 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/24/8%20autoritarismo%20competitivo.pdf[/mfn]; o en la República Dominicana donde el oficialismo (el presidente Danilo Medina) se impuso con una diferencia de 25 puntos sobre el opositor Luis Abinader.

Pero en el resto de comicios de ese periodo la incertidumbre previa se alargó incluso hasta el balotaje: así ocurrió cuando Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli por menos de tres puntos (2015); Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori por menos de uno (2016); Lenín Moreno por poco más de dos puntos sobre Guillermo Lasso y en Honduras, Juan Orlando Hernández aventajó en 1,5 puntos a Salvador Nasralla (ambas en 2017):

País/Año

Resultados

Diferencia

Argentina

2015

Mauricio Macri (51,3%)

Daniel Scioli (48,6%)

2,7%

Perú

2016

Pedro Pablo Kuczynski

(50,12%)

Keiko Fujimori

(49,8)

0,32%

Ecuador

2016

Lenín Moreno

(51,16%)

Guillermo Lasso

(48,84%)

2,3%

Honduras

2017

Juan Orlando Hernández

(42,9%)

Salvador Nasralla

(41,4%)

1,5%

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, los resultados que se han venido dando desde diciembre de 2017 se han saldado con claras victorias en los balotajes (de más de diez puntos) de Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillier en Chile, de Carlos Alvarado con respecto a Fabricio Alvarado en Costa Rica, de Iván Duque sobre Gustavo Petro en Colombia y de Jair Bolsonaro con respecto a Fernando Haddad en Brasil.

De igual manera ocurrió allí donde no hubo segundas vueltas: de forma más destacada en México, país en el que el vencedor, Andrés Manuel López Obrador, aventajó en más de 30 puntos al segundo. La única excepción se dio en Paraguay con la ajustada victoria del colorado Mario Abdo Benítez sobre el liberal Efraín Paredes.[mfn] En Venezuela, las elecciones estuvieron rodeadas de circunstancias atípicas que impidieron que fueran unos comicios realmente competitivos ya que existió un evidente recorte de la capacidad de acción de la oposición: Nicolás Maduro aventajó en más de 40 puntos a su principal rival. [/mfn]

Costa Rica

(21 puntos de diferencia)

Carlos Alvarado 60,5

Fabrizio Alvarado 39,4

Paraguay

(3 puntos de diferencia)

Mario Abdo Benítez 46,4

Efraín Paredes 43,2

Venezuela

46 puntos de diferencia

Nicolás Maduro 67,8

Henri Falcón 20,9

Colombia

12 puntos de diferencia

Iván Duque 54

Gustavo Petro 41,7

México

Más de 30 puntos

Andrés Manuel López Obrador 53,1

Ricardo Anaya 22,2

Brasil

Más de 10 puntos

Jair Bolsonaro 55,1

Fernando Haddad 44,8

El Salvador

Más de 21 puntos

Nayib Bukele 53,1%

Carlos Calleja 31,7%

Fuente: Elaboración propia

Algunos de estos candidatos, en especial Carlos Alvarado, Iván Duque, López Obrador, Bolsonaro y Bukele fueron capaces de encauzar la mayoría de los sufragios apelando un voto del miedo con respecto a un candidato ultraconservador (C. Alvarado en Costa Rica); o de rechazo hacia la clase política tradicional (Iván Duque, AMLO y Bolsonaro). Una reflexión del expresidente Fernando Henrique Cardoso ilustra lo ocurrido en estos comicios: “Cuando existe una polarización como la que hubo en Brasil, el miedo prevalece por encima de todo. La razón pierde el sentido práctico”.[mfn] Entrevista a Fernando Henrique Cardoso: ‘O centro radical’, Revista Veja, 30/11/2018.[/mfn] 

3-. El papel importante y creciente del voto evangélico

Los grupos, iglesias y partidos evangélicos neopentecostales han tenido un gran protagonismo político en la mayoría de los comicios de 2017-2018. Al hilo de su creciente peso en algunas sociedades latinoamericanas (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia o Brasil) y su capacidad de organización y movilización sobre todo en temas valóricos (aborto, matrimonios homosexuales etc.) su peso político se ha incrementado.

Esta situación se hizo patente de forma más marcada y evidente en Costa Rica (aunque los partidos, grupos y fuerzas neopentecostales llevan apareciendo con fuerza en la región desde los años 70 no solo en el ámbito religioso sino también en el social, económico y político). Fabricio Alvarado (él mimo un pastor evangélico) se convirtió en el candidato más votado en primera vuelta de las elecciones costarricenses cuando alcanzó el 39% apoyado en un partido periférico del sistema costarricense, el evangélico Restauración Nacional.

Costa Rica vivió una campaña que fue una montaña rusa electoral: Antonio Álvarez Desanti (PLN) y Juan Diego Castro (PIN) no lograron conservar el liderazgo en las encuestas que mantuvieron en 2017 sobre todo a raíz de cambiar el panorama a partir del 9 de enero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva solicitada por el gobierno de Costa Rica, favorable al matrimonio homosexual. Esto provocó que un candidato minoritario (Fabricio Alvarado) diera un salto de diez puntos hasta situarse líder de las encuestas tras salir en defensa de los valores y la familia tradicional. En un país en el que en torno al 70% rechazaba el matrimonio homosexual, su mensaje cayó sobre un terreno abonado. Este fenómeno, al que se calificó como “shock religioso”, acabó colocándole no solo al frente de las encuestas sino como el más votado en primera vuelta. El predicador y cantante evangélico (F. Alvarado) logró canalizar el voto conservador, tanto católico como cristiano, de rechazo a la “agenda gay” aunque en la segunda vuelta resultó derrotado por Carlos Alvarado quien reunió el voto “progresista” el cual como reacción se reagrupó en torno al candidato del PAC quien hasta diciembre marcaba tan solo un 5-6% de intención de voto.

El protagonismo de los evangélicos tiene amplias raíces históricas y no es un hecho inusual: ya en 2015 triunfó en Guatemala el evangélico Jimmy Morales; en México López Obrador estableció una alianza con los evangélicos del PES lo mismo que en Brasil hizo Jair Bolsonaro y el uribismo en Colombia. Bolsonaro tejió una amplia red de alianzas explícitas (con los evangélicos neopentecostales, respaldando sus propuestas ultraconservadoras en los temas valóricos) e implícitas (con un empresariado brasileño temeroso de una posible radicalización –izquierdización- del  PT). Y en Colombia, Uribe construyó, para respaldar las aspiraciones de su con solo a uribistas, conservadores y evangélicos.

Movilizar el nicho electoral evangélico se ha convertido en objetivo de los candidatos anti-stablishment por las características específicas de este sector que como sostiene Carlos Malamud resultan funcionales a figuras ajenas a las fuerzas políticas tradicionales:

“Los fieles que profesan el culto evangélico son muy disciplinados. La voz de sus pastores es una clara referencia, incluso para votar. Con independencia del perfil de los candidatos, a la hora del sufragio no sólo prima su filiación política sino también la recomendación de los responsables del culto. Se trata de un mecanismo similar al existente hace décadas en los Partidos Comunistas dominados por la idea del centralismo democrático. En base a su auge reciente y a la disciplina a la hora de acudir a las urnas, el voto evangélico se ha convertido en un bien deseado por casi todos los candidatos al margen de su identidad política o ideológica. De este fenómeno saben un poco tanto en Colombia, Brasil y México, y en los otros países latinoamericanos donde se votará próximamente. No hay que olvidar que en 2019 habrá elecciones en Guatemala, El Salvador, Panamá, Argentina, Uruguay y Bolivia y será entonces el momento de evaluar el comportamiento del voto evangélico en todos estos países”.[mfn] Carlos Malamud, La expansión política de las iglesias evangélicas en América Latina. Real Instituto Elcano. ARI 127/2018 – 26/11/2018 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari127-2018-malamud-expansion-politica-iglesias-evangelicas-america-latina[/mfn]

4-. Crisis del sistema de partidos y formación de coaliciones heterogéneas como alternativa a los partidos hegemónicos

Las elecciones que han ido teniendo lugar desde 2017 han evidenciado la crisis por la que atraviesan los partidos y sistemas de partidos en América Latina.

Las fuerzas políticas porque siguen siendo la institución con menor credibilidad en la región. Y los sistemas de partidos porque las históricas fuerzas que lo conformaban han sido derrotadas o han perdido presencia. Esta crisis de los partidos, que es de carácter universal y que se da en todas las democracias, también tiene lugar en América Latina aunque cabe destacar que, más allá de la crisis por la que atraviesan, los partidos siguen siendo la única plataforma para acceder al poder. Los políticos nuevos, algunos outsiders y otros simplemente periféricos al sistema se apoyan en este tipo de formaciones para conquistar el poder.

En México una fuerza emergente como Morena ha desplazado a las tres agrupaciones que daban forma al sistema de partidos desde los años 90 (PRI, PAN y PRD). Por primera vez desde 1988 un partido que no es el PRI o el PAN llega a la presidencia y es mayoritario en el legislativo lo cual no acontecía desde 1997. La coalición encabezada por Morena domina ambas cámaras con la ayuda de sus aliados: 314 de 500 en Diputados y 70 de 128 senadores.

En Brasil Bolsonaro (un diputado de lo que en este país se conoce como “bajo clero”, es decir, ajeno a los diputados con peso en el Congreso y periférico al sistema) escogió un partido minoritario (el PSL) por el cual ir como candidato. La debilidad de esta agrupación acabó siendo su principal virtud porque el haber estado al margen del poder y la corrupción durante las últimas décadas le dio legitimidad para canalizar el voto de rechazo a las dos grandes fuerzas en las que se apoyó la democracia brasileña desde 1994, el PT y el PSDB, ambas golpeadas por el escándalo “Lava Jato”.

El Partido Social Liberal (PSL), de Jair Bolsonaro, dio un salto al pasar del solitario diputado que poseía en 2014 hasta los 52 escaños conseguidos. Sin embargo, los grandes perdederos de los comicios brasileños fueron el propio PT (en el poder entre 2002 y 2016) y los partidos de centroderecha (PSDB y MDB).

El PT de Lula, que tuvo en Haddad a su candidato presidencial, consiguió mantenerse como la primera fuerza de la Cámara de Diputados con 56 asientos, aunque perdió doce con respecto a las elecciones de 2014. Otra de las siglas tradicionales en la Cámara Baja, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en el poder entre 1994 y 2002, quedó en cuarto lugar en las presidenciales y perdió casi la mitad de sus diputados al pasar de  54 de 2014 a 29.

En Colombia, el duelo final se dio entre dos grandes coaliciones ajenas tanto a los partidos tradicionales (Partido Liberal y Conservador, en crisis desde 2002) como a las fuerzas protagonistas durante los gobiernos de Uribe y Santos (Cambio Radical o Partido de la U). El balotaje midió a Iván Duque del uribista Centro Democrático (si bien apoyado por los conservadores y evangélicos) y Gustavo Petro al frente de una amplia plataforma de fuerzas de centroizquierda e izquierda.

En Costa Rica el balotaje poseyó unas características inéditas. El histórico sistema bipartidista (Partido Liberación Nacional vs Partido Unificación Social Cristiana) que vertebró la democrática costarricense, en crisis desde 2014, llegó a su final. Los dos candidatos que se enfrentaron (Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional –PRN- y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana -PAC) fueron los más votados en la primera vuelta  (24,9% para el primero y 21,6% para el segundo) precisamente por representar una ruptura con el pasado (F. Alvarado) o por encarnar alternativas novedosas e imagen de juventud (C. Alvarado).  Las dos principales fuerzas históricas (Partido Liberación Nacional –PLN- y Partido Unificación Social Cristiana) quedaron fuera de la segunda vuelta a la que accedieron un partido marginal hasta entonces (Restauración Nacional) y el oficialismo (PAC), partido nacido a comienzos de siglo de una división dentro del PLN. De esta manera, las fuerzas tradicionales volvieron a evidenciar que no son capaces de articular y encauzar la desafección social que se experimenta en Costa Rica y que se extiende por toda la región.

En El Salvador, Nayib Bukele lideró una coalición heterogénea (GANA-Nuevas Ideas) entre escindidos de los partidos tradicionales (Arena y el FMLN) a los que consiguió apartar del poder y romper con 30 años de predomino de Arena (1989-2009) y el FMLN (2009-2019).

Mayor estabilidad del sistema de partidos existió en Honduras donde venció un partido tradicional (el Nacional) frente a una coalición opositora emergente; y en Chile que volvió a vivir una alternancia entre las dos coaliciones históricas que llevan sucediéndose en el poder desde 2010 y articulando el sistema desde 1989. Si bien cabe reseñar que ocurrieron novedades en el panorama político-electoral: surgió con potencia una coalición de izquierda, el Frente Amplio, que reunió más del 20% del electorado en primera vuelta y emergió una alternativa de derecha ajena al centroderecha piñerista: José Antonio Kast alcanzó el 7,9% de los votos. De forma similar, en Paraguay el hegemónico y tradicional Partido Colorado se impuso a su histórico adversario, el centroderechista PLRA, que fue en alianza con el izquierdista Frente Guasú.

Esta formación de heterogéneas y “antinatura” coaliciones políticas es otra de las características del nuevo contexto. La crisis partidaria, de la polaridad tradicional derecha-izquierda, permite que nazcan alianzas a la contra, a las que solo les une el rechazo a un mismo adversario y en las que no existen vínculos ideológico más allá de un común rechazo. Así en Argentina el antikirchnerismo dio como resultado Cambiemos que reunía a socialdemócratas de la UCR con el centroderechista del PRO, el partido de Macri.  En Paraguay el centroderecha –PLRA- acudió unido con el izquierdista Frente Guasú contra el coloradismo y en México el antipriismo y anti-Lopezobradorismo dio como resultado Por México al Frente (PRD-PAN-MC) mientras que López Obrador, líder de una fuerza de izquierdas, alcanzaba a formar una coalición con un partido evangélico. En Honduras los seguidores de Salvador Nasralla se coaligaban con Libre del expresidente Manuel Zelaya para formar la Alianza Opositora contra la Dictadura para tratar de evitar la reelección de Hernández.

5-. Del populismo sin futuro al futuro de los populismos

Esta crisis de los históricos sistemas de partidos está permitiendo la aparición de liderazgos caudillistas de tintes demagógicos que abren la puerta hacia nuevos populismos.[mfn] Michael Read, La sombra de la vuelta al populismos. El país, 15 de abril de 2018[/mfn]

La emergencia de la figura de Donald Trump se transformó en 2016 en un fenómeno político portador de una estrategia electoral exitosa. Ese estilo de liderazgo ha acabado encontrado eco y caldo de cultivo en otras partes del mundo como América Latina, región que atraviesa un contexto de débil expansión económica y malestar social, fenómenos que ayudan a la proliferación de tales planteamientos demagógicos.

Se trata de una época de fuerte desgaste para gobiernos que acumulan largos años en el poder y que, con menores ingresos fiscales (por la disminución del precio de las materias primas), tienen escaso margen de maniobra para desplegar políticas sociales. Ello profundiza el malestar y la desafección de las emergentes clases medias que soportan altos niveles de inseguridad ciudadana, malas infraestructuras y graves deficiencias educativas, en seguridad y sanitarias.      

Esa desafección y malestar social no están siendo encauzados por las viejas fuerzas políticas sino por liderazgos demagógicos “al estilo Trump”. Se trata de figuras ajenas a los partidos tradicionales: el hondureño Salvador Nasralla en 2017 o el guatemalteco Jimmy Morales en 2015; que lideran movimientos personalistas como el brasileño Jair Bolsonaro o el mexicano Andrés Manuel López Obrador, expriista y experredista, que creó a su imagen y semejanza su actual partido, Morena. En ocasiones provienen de un entorno mediático, como el propio Trump: Jimmy Morales era actor de comedia en la televisión guatemalteca y Salvador Nasralla, presentador de programas deportivos y Fabricio Alvarado pastor evangélico y cantante.[mfn] Esther Solano Gallego, Brasil bajo Bolsonaro: desafíos inmediatos. Real Instituto Elcano. ARI 118/2018 – 5/11/2018[/mfn]

Portan un mensaje polarizador y demagógico de fuerte crítica al sistema político y de partidos: López Obrador calificaba como “mafia del poder” a todos sus rivales. Muchas de las propuestas de estos líderes son de corte autoritario: el chileno José Antonio Kast, reivindicaba abiertamente el legado de Augusto Pinochet y Bolsonaro ensalzaba al régimen militar.

Tienen como principal –y a veces único- argumento el combate a la corrupción y a la clase política tradicional, convertida en chivo expiatorio. Morales alcanzó la presidencia en Guatemala con un solo mensaje “ni corrupto, ni ladrón”. Nasralla desembarcó en la política hondureña en 2013 creando el Partido Anti Corrupción y López Obrador aseguraba que no hacen falta reformas estructurales porque sin corrupción se acabarán el resto de problemas de México.

Se trata de líderes oportunistas, habitualmente sin partido y cuadros políticos sólidos (a diferencia de Trump que fue sostenido por un partido histórico como el Republicano) que suelen apoyarse en fuerzas marginales del espectro político: Morales fue candidato del minúsculo FCN, Bolsonaro encabezaba al insignificante PSL –ahora segunda fuerza en el legislativo- y el candidato más votado en la primera vuelta en Costa Rica, Fabricio Alvarado, lo hacía al frente de un partido, Restauración Nacional, que en 2014 tan solo contaba con un diputado.

Explotan el resentimiento social y frustración de expectativas, logrando canalizar la amplia y creciente desafección social hacia los políticos. Ofrecen explicaciones maniqueas a conflictos complejos y su discurso, poco sofisticado para llegar mejor a todos los sectores sociales, es un compendio de propuestas simplificadoras. Son, como Trump, políticamente incorrectos (hasta soeces en algunos casos) porque se atreven a verbalizar lo que una parte de la población piensa pero que hasta ahora ningún político decía abiertamente.

Estos “candidatos a la Trump” son la nueva forma que adopta el discurso demagógico en América Latina y abre una nueva senda hacia posibles experiencias populistas en la región cuando algunos analistas aseguraban que el populismo debido a la crisis del “socialismo del siglo XXI” estaba en decadencia.

6-. Voto de castigo a los oficialismos

La crisis de los sistemas de partidos tradicionales y la emergencia de nuevos liderazgos que encauzan el malestar social y el rechazo hacia la elite política tradicional han creado un ambiente político propicio para que se extienda el voto de castigo a los oficialismos. En este escenario de rechazo hacia la clase política, insatisfacción por el funcionamiento del Estado y miedo por las consecuencias de la endeble marcha de la economía, el ejercicio del voto se ha convertido en un “voto de castigo” hacia los oficialismos y en una apuesta por una alternancia ajena a las fuerzas tradicionales.[mfn] Rogelio Núñez, El voto de castigo se extiende por América Latina, Infolatam marzo de 2017[/mfn]

Desde que el cambio de tendencia económica se hizo patente en América latina en 2013-2014, los diferentes oficialismos de la región lo están pagando en las urnas.  En 2015 dos elecciones resultaron muy emblemáticas como ejemplo de castigo para los oficialismos: en Argentina, el kirchnerismo, tras 12 años en el poder, fue desalojado de la Casa Rosada. Otro golpe a un oficialismo ocurrió en Venezuela también en 2015. En diciembre la oposición antichavista, reunida en torno a la Mesa de Unidad Democrática, lograba ganar por primera vez unas elecciones al chavismo desde 1998 y ser mayoría en el legislativo. En 2016 se produjeron nuevas derrotas de los oficialismos con dos excepciones: el triunfo de Danilo Medina en República Dominicana y el previsible de Daniel Ortega en Nicaragua. Por el contrario, Evo Morales vio como su apuesta continuista era rechazada en un referendum en febrero y el gobierno Santos era derrotado en Colombia en el plebiscito sobre los acuerdos de paz.   

Esa alternancia y voto de castigos a los oficialismos no tuvo lugar en Ecuador en 2017 ni se produjo en Costa Rica donde triunfó el PAC en el poder, ni Paraguay en 2018 donde venció el Partido Colorado. Tampoco tuvo lugar en Honduras donde lo hizo el oficialista Partido Nacional ni en Venezuela donde de forma fraudulenta renovó mandato el chavismo. En Chile hubo alternancia, a un gobierno de la vieja Concertación (ahora Nueva Mayoría) le sucedió uno de la Alianza; pero en realidad se trata de una alternancia dentro de una continuidad que se lleva produciendo desde 2010 entre dos grandes coaliciones que han sido poder u oposición desde 1989. 

Donde sí ocurrió esa alternancia fue en Colombia (donde por primera vez en la historia ganó las elecciones el uribismo), en México donde un partido nacido en 2015 (Morena) desbancó al PRI y al PAN que se han sucedido en el poder desde 2000 y en Brasil donde los partidos dominantes desde 1995 (PT y PSDB) fueron superados por un partido periférico como el PSL. 

En la mayoría de los ejemplos –salvo México- se trató de derrotas de las diferentes izquierdas en el poder ya que como apunta el analista Steven Levitsky “el retroceso de la izquierda tiene dos causas principales. El primero es el desgaste natural después de haber gobernado por tres o cuatro periodos presidenciales… Después de tres periodos, los gobiernos pierden los reflejos políticos; se distancian de la gente, y muchas veces, crece la corrupción. Aun cuando no son muy corruptos (como en el caso de la Concertación en Chile), la gente se cansa. Tarde o temprano, el desgaste afecta a todos los gobiernos. Doce años (Argentina) o 13 años (Brasil) en el poder es mucho. Nada es permanente en la democracia. Nadie gobierna para siempre”.

Además del desgaste, existen otros factores estructurales vinculados al nuevo contexto regional e internacional en materia económica.

“El segundo factor que debilita a la izquierda latinoamericana es el fin del boom de las materias primas. El tremendo éxito electoral de la izquierda en Brasil (reelecto en 2006 y 2010), Chile (reelecto en 2006), Venezuela (reelecto en 2006 y 2012), Argentina (reelecto en 2007 y 2011), Bolivia (re-electo en 2009 y 2014), Ecuador, (re-electo en 2009 y 2013), y Uruguay (re-electo en 2009 y 2014) fue facilitado por el boom económico que empezó en el 2002. El boom se acaba, y algunas economías han caído en recesión. Las crisis económicas –serias en Brasil y Argentina, infernal en Venezuela–generan descontento. Y los electores descontentos no suelen reelegir a sus gobiernos”, concluye el politólogo.[mfn] Steven Levitsky, “El fin del giro a la izquierda”. El Confidencial7 de abril de 2015 https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/21384/iquest-el-fin-del-giro-a-la-izquierdan[/mfn]

En las tres elecciones de 2019 celebradas hasta mediados de año se prolongó el voto de castigo a los partidos en el poder y vencieron los partidos no oficialistas (Laurentino Cortizo del PRD en Panamá, Nayib Bukele en El Salvador y Sandra Torres/Alejandro Giammattei en Guatemala).

En resumen, el electorado, en la mayoría de las ocasiones, vota más contra los gobiernos que a favor de determinadas opciones.  Es decir, al acercarse a las urnas la ciudadanía ejerce un “voto de castigo”: castiga la gestión de los gobiernos y no respalda  a los candidatos del oficialismos y premia a los opositores.

Desde 2017, cuando se inició el actual periodo electoral (15 elecciones entre 2017 y 2019), ha habido triunfos oficialistas –los menos, en 4 de las 10 elecciones- pero ello se ha dado en países con gobiernos de corte autoritario (Venezuela y Honduras) o en países que han vivido circunstancias muy especiales (Costa Rica y Paraguay).

Por el contrario, la mayoría han sido victorias opositoras. Eso es lo que ha ocurrido en 6 de los 10 países en los que ha habido cita ante las urnas: Chile, Brasil, Colombia, México, El Salvador y, finalmente, en Panamá.

De hecho, los últimos cinco comicios se han saldado con triunfos opositores. Los candidatos oficiales recibieron duros castigos (en El Salvador, el FMLN  fue el tercero más votado y en México el PRI en el poder quedó a treinta puntos del vencedor) o no lograron acceder a la segunda vuelta (Colombia).

País

Año

Triunfo opositor

Chile

2017

Sebastián Piñera

Colombia

2018

Iván Duque

México

2018

A.M. López Obrador

Brasil

2018

Jair Bolsonaro

El Salvador

2019

Nayib Bukele

Panamá

2019

Nito Cortizo

Guatemala

2019

Sandra Torres o Alejandro Giammattei

Fuente: Elaboración propia

7-. Tendencia o Cambio de coyuntura política: ¿hacia un giro al centroderecha?

Las afirmaciones de que América Latina está girando hacia la derecha o que el sistema de alianzas bolivarianas se encuentra en decadencia guardan un fondo de verdad pero deben quedar en cuarentena a la espera de lo que ocurra en las elecciones de 2019. La región está cambiando, sin duda, pero el alcance de esos cambios es lo que está por comprobarse. Como acertadamente señala Óscar Bottinelli, “lo que importa, en cada país de la región, de Sudamérica: habrá cambios o habrá permanencias en función de la realidad y los procesos propios de cada país, y en función de su propia historia, su propio sistema político y su propio comportamiento social”.

Es cierto que desde 2015 se están produciendo victorias del centroderecha en los diferentes comicios (Mauricio Macri en 2015 en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski en Perú en 2016, Sebastián Piñera en Chile en 2017, Juan Orlando Hernández en Honduras en 2017 y en 2018 el Partido Colorado en Paraguay, Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil). Se da en todas las subregiones: en Sudamérica (Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Paraguay son los casos más paradigmáticos), y en Centroamérica (ha ocurrido en Honduras y con la victoria del centroderechista Arena en las legislativas de El Salvador).

También es cierto que las izquierdas han perdido relevancia regional tras el fin del kirchnerismo en Argentina, la caída de Dilma Rousseff en Brasil (2016), el alejamiento de Lenín Moreno de Rafael Correa en Ecuador desde 2017 o la derrota de Nueva Mayoría en Chile.

Sin embargo, cabe señalar que son triunfos que conviven con victorias de la izquierda (el sandinismo en Nicaragua en 2016, el correísmo en Ecuador en 2017, el PAC de Carlos Alvarado en Costa Rica en 2018 y, sobre todo, el triunfo de López Obrador en México). Una izquierda que como hace una década a su vez es muy plural: “socialdemócrata” en unos casos (Costa Rica y Panamá) o más alejada de posiciones centristas en sus planteamientos (López Obrador).

La región es heterogénea y, si bien la derecha avanza en los países más importantes de la región (Argentina, Brasil, Colombia y Chile), se trata, a su vez de una derecha muy diversa: centrista en unos casos (Macri, Piñera e incluso Duque) y más escorada a la derecha en el caso de Bolsonaro.

8-. Elecciones y Economía: La agenda reformista

La agenda económica, pese a su importancia para reforzar la vinculación de la región a la IV Revolución Industrial, ha tenido una importancia secundaria en las campañas electorales y no ha aparecido en la parte medular en los mensajes de los candidatos. Las elecciones han estado protagonizadas por otros temas: la corrupción, la inseguridad y los deseos de renovación y cambio que finalmente han determinado, de una forma u otra, quién conseguía la victoria en las urnas. La preocupación por la situación económica ha existido (a causa del bajo crecimiento que arrastra la región) pero el debate sobre cuáles deben ser las reformas estructurales a acometer para que los países de la región no queden excluidos del proceso de transformación económica internacional han estado en un segundo plano, en el mejor de los casos. Como ha señalado Fernando Henrique Cardoso para el caso brasileño, “quien simbolizó seguridad, orden y combate a la corrupción ganó. No hubo discusión económica”.[mfn] Entrevista a Fernando Henrique Cardoso: ‘O centro radical’, Revista Veja, 30/11/2018.[/mfn]

Sin embargo, donde América Latina se juega su futuro es en ese ámbito de las reformas económicas de carácter estructural. El contexto económico en el que se dan todos estos comicios es el de una débil expansión, por debajo del 3%, insuficiente para absorber las demandas sociales y cubrir las expectativas de amplios sectores emergentes.[mfn] Rogelio Núñez, América Latina frente a un trienio electoral decisivo (2017-2019). Real Instituto Elcano . ARI 94/2017 – 22/11/2017; FMI, “Perspectivas de la Economía Mundial, Actualización de las Proyecciones, Julio de 2017: La recuperación se está afianzando”. Abril, 2017 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017[/mfn] En palabras del economista jefe del FMI para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, la economía de la región «reanuda la marcha, pero a baja velocidad».[mfn] FMI, “Actualización de las Perspectivas de la economía mundial”, enero de 2018 http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018[/mfn]

Como vienen apuntando reiteradamente la CEPAL, el BID, el Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo, el único camino de América latina para romper con esta tendencia hacia el estancamiento y salir de las cifras mediocres de crecimiento pasa por aplicar reformas estructurales que cuenten con suficiente consenso político para garantizar su prolongación y sustentación en el tiempo. Reformas que mejoren la competitividad y productividad latinoamericanas a través de unas políticas públicas que favorezcan la inversión en capital físico y humano así como la diversificación productiva y de mercados de exportación a la vez que incentiven la innovación y el emprendimiento para introducir valor añadido a las ventas en el exterior y vincular la región a las principales cadenas de valor internacional.[mfn] Germán Ríos, “Los retos para la transformación productiva de América Latina”. Economía y Desarrollo vol. 156  no. 1  La Habana ene.-jun.  2016 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842016000100004[/mfn]

Competitividad y productividad son dos de los talones de Aquiles de la economía regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Monitor de Comercio Exterior 2017, destacaba que en el último lustro, el valor total de los productos exportados por América latina se contrajo un 11% y que solo México mejoró en un 30%. Latinoamérica en su conjunto sufre «un rezago de competitividad generalizado, con la única excepción de los productos primarios agropecuarios».[mfn] Giordano, Paolo; Ramos, Alejandro; Michalczewsky, Kathia; Ramos, Bárbara; “Monitor de Comercio e Integración 2017: Más allá de la recuperación: La competencia por los mercados en la era digital” BID, Washington, 2017. https://publications.iadb.org/handle/11319/8642#sthash.aLngMP3N.dpuf[/mfn]

Lo que se antoja ineludible, aunque no haya ocupado espacio en las campañas ni definido la victoria o derrotas en las urnas, es que tras el maratón electoral de 2017-2019 los nuevos gobiernos de la región afrontarán el gran reto de poner en marcha una nueva oleada de reformas que, como en los años 80 y 90, sitúen a la región en vías de su modernización al hilo de las transformaciones vinculadas a la IV Revolución Industrial. Unos lo harán desde posturas contrarias a las reformas acometidas en gestiones precedentes (López Obrador en México) mientras que otros aspiran a acelerar los cambios de corte liberal (Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Duque en Colombia y Piñera en Chile).

9-. Las reformas bloqueadas (2015- )

Existe, por lo tanto, un consenso general en la academia y en los expertos en torno a que los países latinoamericanos necesitan llevar a cabo profundas reformas estructurales para adaptarse a la IV Revolución Industrial y modernizar sus economías e instituciones para crecer de forma más estable y a mayor velocidad a fin de absorber las demandas sociales de las clases medias y reducir la pobreza y la desigualdad.[mfn] Rogelio Núñez, La parálisis reformista en América Latina. Esglobal. 18 de julio de 2017[/mfn]

Pero, ¿hasta qué punto y cómo están los diferentes países impulsando esta agenda de reformas integrales y estructurales?

Como era de prever el trienio electoral 2017-2019 se ha convertido en un periodo en el que se han reducido las posibilidades de que los países latinoamericanos llevaran a cabo reformas estructurales que permitan a la región superar los obstáculos para convertir sus economías en más competitivas y productivas vinculándolas con la región con la IV Revolución Industrial. Las urnas y las dinámicas propias de los procesos electorales se han transformado en un obstáculo para introducir esos cambios profundos por el alto costo político que conllevan para los gobiernos.   Existen muchas situaciones diferentes en cada país latinoamericano pero todas se resumen en algún tipo de parálisis reformista:

a-. Bien por la existencia de gobiernos que están de salida o en al recta final de mandato (Uruguay, Guatemala, El Salvador y Panamá) o ejecutivos que acaban de asumir (México y Brasil)

b-. Bien porque se encuentran en plena precampaña (Argentina y Bolivia),

c-. Inmersos en un colapso económico-social (Venezuela) o político (Nicaragua).

d-. O carecen de respaldo suficiente en el legislativo lo cual está ralentizando la puesta en marcha de las reformas: Costa Rica, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

Más allá de esa parálisis reformista existen países que han avanzado más que otros.  De hecho, junto con Argentina el país que más ha avanzado por la senda de las reformas estructurales es Ecuador. Igualmente, Costa Rica y Colombia han dado los primeros pasos con sendas reformas fiscales en 2018 y en Brasil el nuevo gobierno ha propuesto una vital reforma del sistema de pensiones mientras que Chile vive un 2019 clave para dar salida al proyecto de cambio que promueve el gobierno Piñera. Las elecciones en Panamá, Uruguay, Bolivia y Guatemala provocan que no se pueda hablar de la posibilidad de implantar reformas estructurales en estos países al menos hasta 2020.

En los próximos años, la ausencia de consensos entre los principales actores políticos y de mayorías sólidas que acompañen las propuestas de los gobiernos se alzan como los principales obstáculos a la hora de acometer ese tipo de reformas. Los gobiernos están en minoría en las cámaras, la oposición se encuentra muy dividida y fragmentada y existe una fuerte polarización sobre qué reformas acometer y qué sentido deben tener. 

Estos tres factores acaban complicando la puesta en marcha de las reformas porque el margen de acción de un gobierno minoritario, en el legislativo, es menor, porque es más difícil pactar con una oposición fragmentada y porque se hace muy difícil encontrar el mínimo común denominador para impulsar reformas consensuadas.

10-. Incertidumbre electoral y política para 2019

En el segundo semestre de 2019 finaliza el gran maratón electoral que comenzara allá por 2017 y que ha supuesto que 15 países latinoamericanos han celebrado elecciones presidenciales y uno más (Cuba) ha asistido a un relevo en la jefatura del Estado.

Además, esta segunda mitad del año se va a convertir en un test para medir la fortaleza o debilidad de las diferentes izquierdas latinoamericanas en pleno “giro a la derecha”. Va ser una prueba tanto para las fuerzas de centroizquierda (en Guatemala y Uruguay) como las que se han situado más en la  izquierda (el kirchnerismo en Argentina y Evo Morales en Bolivia).

Ese test va a tener lugar porque hay elecciones presidenciales en cuatro países, un centroamericano y tres sudamericanos:

Elecciones en América Latina en el segundo semestre de 2019

Fecha

Guatemala

16 de junio de 2019

Bolivia

20 de octubre de 2019

Uruguay

27 de octubre de 2019

Argentina

27 de octubre de 2019

Fuente: Elaboración propia


Todo indica que las izquierdas tienen, en esta ocasión, mayores dificultades para mantener  (Bolivia y Uruguay) o recuperar (Guatemala y Argentina) su hegemonía pero en ningún caso se puede dar por perdido su predominio (Uruguay y Bolivia) ni descartar que, tras años alejados, regresen al poder.

En Bolivia está en juego la permanencia de Evo Morales tras 13 años de predominio; en Uruguay, 15 años de gobiernos del Frente Amplio corren el peligro de finalizar; el kirchnerismo en Argentina aspira a regresar a la Casa Rosada y en Guatemala Sandra Torres lucha porque su partido, la UNE, vuelva a ganar la presidencia como en 2007.

A escala regional las diferentes izquierdas han venido sufriendo derrotas desde 2015 y en especial desde 2017 aunque también han cosechado triunfos electorales trascendentales (en 2018 López Obrador en México) o significativos (el PAC en Costa Rica en 2018 y el PRD en Panamá en 2019) que en cierto modo ponen en cuestión la idea generalizada de “giro a la derecha”. 

En realidad más que hablar de “un giro a la derecha” predomina en la región el “voto de castigo” a los oficialismos. Y dado que entre 2003 y 2013 la mayoría de los gobiernos eran de centroizquierda o izquierda es lógico que sean estas fuerzas las más castigadas por el cambio de coyuntura.

Un cambio de coyuntura económica (la desaceleración que vive la región desde 2013) y  política que explica las derrotas de la izquierda en Argentina y Venezuela (2015), del centroizquierda en Chile (2017) y Brasil (2018), del “giro a la derecha” en la Colombia de Juan Manuel Santos al uribista Iván Duque o la derrota de la izquierda en El Salvador (2019).

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